PROYECTO DEL DIPUTADO PROVINCIAL MARCUCCI A PROPÓSITO DEL CIERRE DE CAUSAS DE CORRUPCIÓN

El año pasado, el jefe del Ministerio Público ordenó a los fiscales provinciales que impulsaran las causas penales para evitar la extinción de la acción, seis meses después de que entrara en vigencia una reforma del Código Penal que modificó el régimen de prescripciones en la Argentina.

El pedido de Marcucci ante la Legislatura santafesina se basa en la responsabilidad que podría caberle a Bof por el cierre de expedientes tristemente célebres, por ejemplo el que tenía como imputado al ex vicegobernador Vanrell o el cohecho de Fibraca. Actualmente los presidentes de las Cámaras Penales de Santa Fe, Rosario y Rafaela investigan por orden de la Corte si se cometieron irregularidades en la tramitación de esos sumarios, precisamente a partir de un dictamen del procurador de principios de este año.

“Según la ley orgánica de tribunales el procurador general es la cabeza del Ministerio Público, teniendo a su cargo la definición de las líneas de conducción internas y el debido control sobre las mismas, es decir la fijación de prioridades y la organización de la política de trabajo”, explicó el legislador en un comunicado. “Entre sus atribuciones se encuentran realizar el seguimiento de las distintas causas evitando su prescripción, proponer sanciones disciplinarias contra magistrados y personal del Poder Judicial y disponerlas respecto de los integrantes del Ministerio Público, además de ordenar la actuación de dos o más fiscales de igual jerarquía en un mismo proceso cuando la importancia o complejidad del asunto así lo justifique”, agregó Marcucci.

“Lo que intentamos saber”, continuó, “es si desde la Procuración General se podría haber realizado un seguimiento y control más intenso sobre causas tales como IBM-Banco de Santa Fe, Vanrell, Fibraca, (el ex arzobispo Edgardo) Storni, (el ex vicegobernador Carlos Aurelio) Martínez y Caja de Jubilaciones, y sobre los funcionarios judiciales intervinientes”. El interés de Marcucci radica, según expresa en el proyecto ingresado a la Cámara hace pocos días, en “la trascendencia institucional de estas causas para la provincia, no sólo en términos económicos sino también por lo que representan en orden a fijar un importante precedente jurisprudencial en materia de lucha contra la corrupción y control de la gestión pública”.

Por último, el diputado aclaró que no pretende “forzar un fallo que incrimine a los funcionarios involucrados sin guardar las garantías debidas al proceso dentro de un estado de derecho”, pero advirtió que eso no implica abandonar la exigencia de eficiencia.

En el fuero federal, el procurador Esteban Righi emitió una circular a poco del retorno de la feria de verano de 2005 ordenando a sus fiscales que impulsen las causas para evitar la prescripción. Bof lo hizo después de la feria de invierno, es decir hace exactamente un año. En ese momento fuentes judiciales lo describieron como “un instructivo que procura mantener la acción penal”. La reforma del artículo 67 del Código había sido aprobada por el Congreso nacional en diciembre de 2004.