PROYECTO PARA AYUDAR A EMPRESAS AFECTADAS POR LAS INUNDACIONES EN SANTA FE

Un proyecto de ley propone incluir a las empresas afectadas por la inundación provocada por el río Salado -en abril y mayo de 2003- en los beneficios otorgados por el gobierno santafesino a los particulares. La iniciativa fue propiciada por la diputada provincial del radicalismo Daniela Qüesta.

El proyectado texto legal, que será debatido por las cámaras legislativas durante el próximo período ordinario de sesiones, que se inaugurará el 1º de mayo próximo, contempla “un régimen de reparación destinado a atender los menoscabos sufridos por los diferentes sectores productivos afectados de manera directa por estar asentados en forma total o parcial en zonas inundadas como consecuencia del desborde del río Salado”.

La legisladora de la UCR fundamenta su idea en la vigencia de la ley nacional 25.812 -complementaria de la 25.735-, que oportunamente creara el Fondo de Emergencia. Dicha norma pone en marcha un mecanismo que el gobierno santafesino debe usar para acordar con la Nación, sobre la base de las estimaciones que la provincia realice, para saber cuál es el monto que necesita para poder cubrir con beneficios directos los distintos sectores afectados por la emergencia hídrica, entre las cuales se enumeran “las actividades industriales, comerciales, agropecuarias y de servicio afectadas de manera total o parcial”.

“El que menor ayuda ha recibido”
Según la diputada Qüesta, en las distintas medidas implementadas por el gobierno recién asumido “paradójicamente el sector de quien depende la generación de empleo y de riquezas -elementos fundamentales para pensar en una verdadera reconstrucción como se necesita y se declama- es el que menor ayuda hasta el momento ha recibido por parte del Estado”.

El mecanismo de reparación en el proyecto de ley contempla un “proceso de verificación de daños denunciados” mediante el cual “el gobierno provincial, a través del Ministerio de la Producción, acreditará el monto del daño certificado y determinará la reparación que corresponda”.

Además la idea detalla en cuanto a la estimación del monto a reconocer como reparación a cada empresa afectada que “será determinada en función de las pérdidas de activo fijo y/o bienes de cambio, incluyendo tanto los bienes inmuebles como muebles utilizados en la actividad productiva o comercial de que se trate y los gastos ocasionados tanto en su reposición como en su reparación, sea esta en forma total o parcial”.

Por otra parte, dice que la aceptación de la reparación reconocida por esta ley importará para el beneficiario la renuncia a cualquier eventual pretensión por indemnización de daños y perjuicios derivados de las inundaciones contra el Estado, y en su caso el desistimiento de los reclamos o acciones indemnizatorias deducidos con anterioridad por los mismos conceptos reconocidos. “Las empresas afectadas por la inundación del Salado, sólo han tenido hasta aquí parciales ayudas y con cuentagotas, que no han pasado de un anticipo minúsculo y de engorrosos trámites administrativos y burocráticos que pueden entenderse en la necesidad de dar transparencia al procedimiento, pero que chocan con la realidad de la emergencia que precisamente buscan reparar”, asevera en los fundamentos el proyecto de la diputada Qüesta.