PUENTES DEL LITORAL NEGOCIA SU DEUDA CON EL GOBIERNO

En 2003 el Estado le tiró un millonario salvavidas a la constructora del puente. Sin ese préstamo la obra no se hubiera terminado.

Quién hubiera imaginado que el 13 de febrero de 2004, algunos de los empresarios “nacionales” que se reunieron con Néstor Kirchner en la Casa Rosada para expresarle su apoyo en la negociación con los bonistas luego usarían la misma fórmula y argumento (quita de la deuda) para hacerlo con el propio Estado. Entre los presentes se encontraba Benito Roggio, cuya empresa junto a Impregilo, Hochtief, Sideco Americana y Techint integran Puentes del Litoral, el holding que se encargó de la construcción y la administración del puente Rosario-Victoria a partir de 1997, le pediría al propio gobierno nacional una quita del 30 por ciento de la deuda –según fuentes allegadas a la negociación– que contrajo con el Estado, cuando le tiró un salvavidas en febrero de 2003 con un préstamo de 41 millones de pesos –que dio el entonces presidente Eduardo Duhalde por decreto– para que se inaugurara finalmente el puente en mayo de ese año, unos días antes de que el bonaerense se alejara para siempre de la Rosada.

Desde Puentes del Litoral confirmaron ayer a El Ciudadano que la empresa inició el camino para renegociar la deuda, y que el 16 de mayo pasado se firmó una carta de intención en la Unidad Renegociadora de Contratos de Servicios Públicos (Unirem) en el que se prevé un plazo de un año para cerrar un acuerdo final.

El gerente de relaciones públicas de Puentes del Litoral, Sergio Chamnonaz, aclaró que en la negociación quedó excluido un posible incremento del peaje de la conexión vial Rosario-Victoria. Lo que estará en juego en las discusiones es la reducción de la tasa de interés que la empresa le paga al Estado por ese préstamo de 2003, que –según fuentes de la compañía– ya tuvo una quita del 30 al 25 por ciento anual. En realidad, según admiten desde Puentes del Litoral, la deuda nunca se pagó, sólo se amortizaron los intereses con parte de la recaudación del peaje. Es decir, Puentes del Litoral no achicó el pasivo, en momentos en que el tránsito aumentó un 25 por ciento, luego de la apertura del casino en Victoria. “La recaudación sólo nos alcanza para pagar los sueldos”, argumentan. Según datos oficiales, la facturación anual estimada en 2005, el tránsito de 6.700 vehículos por mes, implicó una recaudación de 6,4 millones de dólares sin IVA.

El senador nacional Rubén Giustiniani aseguró que desde el gobierno nunca le contestaron los pedidos de informes que presentó en el Congreso en los que reclamaba un detalle del pasivo entre la empresa y el Estado. “No se sabe si la empresa pagó algo de la deuda”, apuntó el legislador socialista. “La empresa no se encontraba en condiciones financieras de recibir un préstamo, con indicadores de nivel de endeudamiento de 99,99 por ciento”, señaló el legislador.

En febrero de 2003, cuando el clamor popular fomentado por los medios de comunicación exigía una pronta inauguración del puente, el gobierno de Duhalde le otorgó por decreto el préstamo por intermedio de un fondo de fiduciario del Sistema Vial Integrado (Sisvial), que fue creado durante la segunda gestión de Domingo Felipe Cavallo en tiempos en que Fernando De la Rúa era jefe de Estado.

En ese momento, el puente Rosario-Victoria –cuyo costo total estaba previsto en 377,6 millones de dólares– estaba terminado en un 92 por ciento. La obra quedó paralizada y la empresa pidió un salvataje amparándose en que no podía acceder a créditos internacionales por la situación económica del país, tras el default y la devaluación. Asimismo, la firma holandesa que construyó los terraplenes de 62 kilómetros, equivalentes al 84 por ciento del puente, presentó un pedido de quiebra –que fue confirmado el 20 de marzo pasado– contra la compañía porque dicen que sólo recibió el 50 por ciento del valor de la obra. Boskalis sostiene que queda a su favor un saldo de 36 millones de dólares, además de otros 3 millones en concepto de intereses.

En un informe elaborado por la Auditoría General de la Nación (AGN) entre noviembre del 2003 y mayo del 2004 se señala que la empresa “incumplió” el contrato y se detectaron gran cantidad de irregularidades.

“En ese momento se detectaron 35 situaciones irregulares, de incumplimiento contractual por parte de la empresa concesionaria, de flexibilización de las normas contractuales por parte del organismo de control y de inviabilidad futura de la concesión”, recordó Giustiniani.