QUEDÓ LIBRE EL MILITAR IMPUTADO DE HABER ATENTADO CONTRA TONIOLLI

El agente de Inteligencia del Ejército arrestado el martes como sospechoso de ser uno de los desconocidos que atacó al militante de Hijos Eduardo Toniolli recuperó ayer la libertad. Horas antes había rechazado los cargos y asegurado que no tiene nada que ver con el episodio. Igual quedó imputado de amenazas coactivas y daño. A las 18.30 emprendió el regreso al Batallón 121, luego de que la Justicia autorizara la excarcelación que tramitó su abogado.

El sargento Fernando Conrado Carabajal fue conducido ante el juez de Instrucción Osvaldo Barbero, el mismo que ordenó su detención y le imputó el ataque contra el cibercafé de Toniolli, ubicado en Mitre al 1100, el 6 de noviembre pasado.

Esa madrugada alguien arrojó la carcaza de una granada contra la vidriera del local. El estampido fue escuchado por el encargado de una playa de estacionamiento que está en la misma cuadra, quien salió a la vereda y vio a un hombre con una mochila corriendo hacia la esquina. Luego se subió a una moto conducida por otro hombre y ambos desaparecieron de la escena.

El testigo tomó la patente de la moto y esa fue la punta de una pesquisa que finalmente terminó con la detención de Carabajal. Fuentes de la investigación afirmaron a La Capital que describió con “bastante precisión” al conductor y que su relato parece lo suficientemente verosímil como para justificar las sospechas.

En un cono de sombras
En su larga declaración, Carabajal habría admitido que la moto -una Yamaha Virago 535- es suya, aunque negó ser quien arrojó la granada. El sargento suministró al juez toda clase de explicaciones, pero nada se sabe respecto a qué dijo sobre la presencia de su rodado en el escenario del ataque contra el hijo del ex militante montonero Eduardo Toniolli, desaparecido en 1976 después de haber pasado por la Quinta de Funes y otros centros clandestinos de detención que funcionaron bajo el mando operativo del II Cuerpo de Ejército.

El militante de Hijos fue víctima de varios ataques intimidatorios desde que el juez federal Omar Digerónimo reabrió la investigación sobre la desaparición de su padre, tras la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida.

Antes de ordenar la libertad de Carabajal, Barbero estudió el pedido de excarcelación realizado por los abogados del militar. Es que las amenazas coactivas y el daño son delitos que permiten esa posibilidad.

Eran las 7 de la mañana del martes cuando un alto jefe de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) reunió a un reducido grupo de cinco oficiales en las oficinas ubicadas en la zona oeste de Rosario. Todos vestían de civil y no sabían para qué los habían convocado.

Lo único que les adelantó el oficial superior es que iban a ejecutar un allanamiento. Cinco minutos después la comitiva viajaba hacia el centro de la ciudad para cumplir con la orden que había impartido en secreto por el juez. Iban en dos camionetas Blazer sin identificación policial, rumbo a la sede del II Cuerpo de Ejército.

Recién entonces los swat de la policía provincial entendieron por qué nadie les había anticipado nada acerca del operativo que estaban protagonizando.

Casi cuatro horas después, las 4×4 plateadas regresaron a Rouillón y Pasco con un otro pasajero a bordo. Era Carabajal, quien se había convertido en sospechoso de la manera menos pensada: la moto que vio el testigo en el ataque contra Toniolli del 6 de noviembre está registrada a su nombre.

Lo novedoso del caso es que las pistas que condujeron a Carabajal no fueron investigadas por la policía sino por el propio juez y sus colaboradores. Ellos recibieron la declaración del empleado de una playa de estacionamiento y, a partir de los datos que aportó ese testigo, llegaron hasta el militar.

Lo primero que hicieron fue buscar la moto cuya patente es 230-CCB. Así descubrieron que estaba registrada en Salta. Los ayudantes de Barbero llamaron a la policía de aquella provincia y se encontraron con el primer obstáculo: la respuesta fue que no conocían a Carabajal. Pero el juez no se cruzó de brazos, siguió investigando y, un par de semanas después, supo que el hombre al que buscaba vive en Rosario.

Pies de plomo
El descubrimiento de que el sospechoso es un militar obligó a los investigadores a avanzar con pies de plomo. Recién cuando estuvo seguro de que el propietario de la moto que buscaba trabaja en el Destacamento de Inteligencia del Batallón 121, el juez llamó a las TOE y dio las instrucciones sobre cómo debía realizarse el allanamiento y la detención.

La llegada de los policías al Comando del II Cuerpo causó una verdadera conmoción. Nadie quería autorizar nada sin órdenes superiores. Los teléfonos se recalentaron y las llamadas incluyeron desde el jefe del II Cuerpo, general Roberto Brinzoni, hasta el ministro de Defensa, José Pampuro. Finalmente llegó el okey y Carabajal marchó detenido.

El sospechoso tiene 30 años, es salteño y trabaja como agente de inteligencia del Ejército. Es el encargado de Ambiente Geográfico, una oficina que monitorea lugares de potenciales catástrofes -como las zonas inundables- donde la fuerza podría verse obligada a intervenir. El martes, cuando fueron a buscarlo, estaba de guardia. Su moto permanecía guardada en el mismo batallón.