QUEJA FORMAL A LA CASA GRIS

El gobierno municipal presentará un recurso administrativo ante la provincia –formalmente, es el paso previo a una instancia judicial– para que se modifique el actual sistema de coparticipación de los fondos federales a municipios y comunas. Lo que hasta ahora eran quejas públicas de parte del intendente, su gabinete y legisladores de la oposición, quedará plasmado en un expediente que se sumará al que ya entregó la Municipalidad de Esperanza. La intendencia tomó esa decisión como parte de la estrategia para conseguir mayores recursos económicos que le permitan financiar el aumento salarial a los empleados públicos que ayer cumplieron su segunda jornada de un paro de 48 horas. En tanto, para salir del paso, entre lunes y martes el Palacio de los Leones presentará una propuesta de recomposición de sueldos en base a ingresos propios.
Si bien el intendente Miguel Lifschitz dijo ayer en un programa de televisión que el modo más racional para solucionar la disputa por los fondos coparticipables es a través de la concertación institucional (ver aparte), en el gobierno de la ciudad se está terminando de redactar un reclamo formal que ingresará por vía administrativa. Así lo confirmó ayer el secretario de Gobierno, Juan Carlos Zabalza, quien puntualizó que se trata de “una de las dos vías sobre las que trabaja el gabinete” para obtener más fondos que le permitan aumentar los salarios.
Los intendentes y presidentes comunales exigen que el gobierno derogue un decreto firmado por Carlos Reutemann en 2002 que impuso un techo al reparto de los fondos federales que llegan a Santa Fe. Actualmente se reparte hasta 800 millones pero todo lo que llega por encima de esa cifra queda para el Estado provincial. Para este año se calcula que desde Buenos Aires llegarán 1.320 millones de pesos. Santa Fe, según Lifschitz, es la única que aplica este criterio de reparto que implica que “la provincia se queda con dinero de los municipios”.
Entre lunes y martes el Ejecutivo elevará una propuesta formal al Sindicato de Empleados Municipales de aumento salarial. “Queremos aclarar que la oferta va ser muy por debajo de lo que plantea el gremio, pero deben entender que esto es un esfuerzo en base a recursos propios”, se atajó Zabalza ayer ante la consulta de El Ciudadano.
La decisión política que tomó el intendente Lifschitz fue comprometer los recursos que ingresarán por la quinta cuota de la patente –la que autorizó el gobierno provincial a pedido de municipios y comunas y que para los contribuyentes implica un 25 por ciento sobre el monto que pagaron el año pasado– para mejorar los salarios públicos. La oferta se hará en base a la proyección que haga la Secretaría de Hacienda de lo que aportará el aumento del impuesto a la patente automotor y “algún ajuste interno que haremos”, según la explicación de Zabalza.
Del otro lado, Néstor Ferraza, secretario general de los municipales, optó por la cautela: “Primero vamos a escuchar y después analizaremos la propuesta”, dijo.
Los empleados municipales reclaman un aumento salarial de 250 pesos de los cuales 80 se concedieron el año pasado. De ahí que la cifra en discusión hoy es de 170 pesos. Aún así el Ejecutivo insiste en que no cuenta con recursos para un incremento de ese tipo a pesar de que nunca dejó de reconocer la necesidad de recomponer los salarios.
Además del aumento de sueldos, los municipales están embarcados en otra pelea que no está del todo desligada: a través de la Federación de Trabajadores Municipales de Santa Fe (Festram) exigen la convocatoria de parte del gobierno provincial a negociaciones paritarias, las cuales no se producen desde 1991.
Ferraza confirmó que el próximo miércoles los municipales de toda la provincia se movilizarán hasta la Casa Gris, en la capital, “porque desde hace trece años no se discuten paritarias. Primero con la excusa de la convertibilidad y después por la ley de emergencia”. El sindicalista explicó que en ese ámbito no sólo se quiere discutir la recomposición salarial sino los recursos coparticipables para los municipios, las condiciones de trabajo y porcentaje de la masa salarial en el presupuesto oficial, entre otros temas.

“Respuestas serias y responsables”

El intendente Miguel Lifschitz dijo ayer que espera del gobierno provincial “no ataques, sino respuestas serias y responsables”; y sostuvo que ante el reclamo de que se le den a Rosario los recursos que le corresponden de la coparticipación “hasta ahora no hay una respuesta fundamentada a la demanda que estamos planteando”.
“Hemos pedido reuniones con el ministro y no hemos sido recibidos. Ni siquiera he podido hablar telefónicamente con él. Sé que tampoco lo hace con otros intendentes, sino pensaría que es una cuestión política”, se quejó Lifschitz.
Rosario y el grueso de los intendentes y presidentes comunales reclaman a la provincia que elimine el techo impuesto en 2002 para el reparto de los fondos que llegan desde la Nación. Ese techo es de 800 millones cuando este año se proyecta que llegarán 1.320 millones, con lo cual hay más de 500 millones que no coparticipan a municipios y comunas. “Es mucho dinero. Con lo que le corresponde a esta ciudad podríamos solucionar la construcción de las cloacas en sólo dos o tres años”, especuló el intendente. Como solución a la disputa por los recursos el intendente propuso “poner los números sobre la mesa y encontrar soluciones acordadas”.