QUERELLANTES EN LA CAUSA POR CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD FUERON RECIBIDOS POR LORENZETTI

Los querellantes en la causa por Terrorismo de Estado de la ciudad de Santa Fe mantuvieron en la mañana de ayer un encuentro con el Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Ricardo Lorenzetti, a quien le entregaron un documento en el que solicitan que se aceleren las causas de violación de los derechos humanos.

Cabe destacar que el Magistrado se encontraba en la ciudad para asistir a una Conferencia Nacional de jueces que se realizó en el Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral.

Uno de los querellantes en varias causas, el Dr. Jorge Daniel Pedraza, indicó ayer que “el documento menciona y hace notar que falta más celeridad en las causas por violación de los derechos humanos y aún no se imputó a nadie siendo que en la ciudad y alrededores ya se llevan contabilizados más de 70 homicidios por terrorismo de estado en los años ’70”.

Además, agregó que varios de estos asesinatos “fueron comprobados por el equipo forense”.

Por otra parte, manifestó que en el escrito se hace referencia a “todos los problemas de amenazas que ocurren desde hace un año, como por ejemplo la colocación de un féretro” frente a las puertas de la emisora LT10 – Radio Universidad Nacional del Litoral a fines de marzo que no ha sido aclarada”.

El documento entregado en el día de ayer es el siguiente:

QUERELLANTES Y DENUNCIANTES EN CAUSAS DE TERRORISMO
DE ESTADO DE LA CIUDAD DE SANTA FE EXIGEN:

– MAYOR CELERIDAD EN LOS PROCESOS

– SE IMPUTE POR HOMICIDIO A TODOS LOS RESPONSABLES

1.- En la ciudad de Santa Fe y alrededores (Santo Tomé, Esperanza, Rafaela, etc.) se llevan contabilizados más de sesenta y cinco asesinatos de ciudadanos cometidos por el Terrorismo de Estado en la década del setenta, en el marco del plan de exterminio y genocidio que sufrió nuestro país, habiéndose determinado por los testimonios obrantes en la CONADEP, en el Archivo Nacional de la Memoria, y por los restos examinados por el Equipo Argentino de Antropología Forense, que las víctimas presentaban los tiros de gracia propios de las ejecuciones.

2.- En esta ciudad existen abiertas varias causas en las que se avanza muy lentamente, con sólo ocho procesados y detenidos, la mayoría de ellos con prisión domiciliaria, y sin que al día de hoy 24.03.2006 exista algún indagado o procesado por homicidio. En verdad la Justicia Federal de nuestra ciudad se encuentra amenazada, con querellantes y denunciantes hostigados de diversas formas, desde la amenaza de muerte hasta seguimientos denunciados judicialmente.

3.- Fue de público conocimiento y hasta motivó la intervención del Ministro del Interior el hecho ocurrido el domingo 20 de marzo de 2005 a las 22 hs. en una zona céntrica muy transitada (en la puerta de LT10 Radio Universidad Nacional del Litoral), cuando un grupo no identificado que bajó de una camioneta dejó en la vereda un féretro que contenía restos óseos de un niño con una leyenda amenazante hacia el Juez Federal Nro. 1 Dr. Reinaldo Rodríguez, quien días previos había citado a indagatoria para el 05 de abril de 2005 a tres de los principales responsables de las violaciones a los derechos humanos en esta región: Los Coroneles Juan Orlando Rolón y Domingo Manuel Marcellini, junto al Comisario Carlos Osmar Rebechi (fallecido).

4.- Para esa fecha también hubieron hechos intimidatorios con amenaza de difamación contra algún miembro de la Justicia Federal desde un portal vinculado a la represión ilegal y fue denunciado también por parte del sindicato que nuclea al personal de la Justicia Federal que en horas de la noche del 19 de febrero de 2005 fue violado el domicilio del Secretario Penal de dicho Juzgado por personas que revisaron todo y se llevaron apenas algún que otro objeto.

5.- Que asimismo sufrieron amenazas de muerte y seguimientos miembros de la familia de los querellantes Daniel Oscar García y su esposa Alba Alicia Sánchez, como así la denunciante Amalia Ricotti, en ambos casos por sus denuncias de secuestros y torturas ocurridas hacia el año 1978 y con imputados comunes. A raíz de esto les fue colocada custodia policial en sus respectivos domicilios.

6.- Que a pesar de haber transcurrido más de un año de estos hechos ninguno ha sido esclarecido por la autoridad correspondiente, ocurriendo en los últimos meses nuevos seguimientos y provocaciones que fueron de público conocimiento.

7.- Que la causa 311/02 donde existen ocho procesados sufre continuas dilaciones especialmente cuando la Cámara de Apelaciones de Rosario debe resolver un sinnúmero de recursos interpuestos por los detenidos, lo cual es funcional a las estrategias para demorar la iniciación del juicio oral.

8.- Que nos llama poderosamente la atención que aún no hayan sido indagados quienes fueron estuvieron al frente del Distrito Militar Santa Fe, los ex Jefes de Area 212, Coronel José María González (1975 a noviembre de 1976) y Coronel Juan Orlando Rolón (Inteligencia del Segundo Cuerpo hasta noviembre de 1976 y luego en Area 212). Mayor extrañeza aún causa la no imputación de los delitos cometidos en la masacre de la familia Cortassa, tanto en la supresión de identidad de María Carolina Guallane-Paula Cortassa como en el homicidio de sus padres biológicos Enrique Cortassa y Blanca Zapata; como así en la masacre de los conscriptos desaparecidos en la ciudad de Santa Fe Francisco Domingo Lera, Roberto Daniel Suárez y Edgardo Luis Ferreyra.

9.- Que desde 2002, fecha de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final por parte del Juez Dr. Reinaldo Rodríguez, lo que oportunamente destacamos por tratarse del tercer fallo en tal sentido a nivel nacional, y obrando en autos el listado completo del Destacamento de Inteligencia 122 aportado por el Ejército a pedido de la parte querellante, no entendemos por qué no se indaga a sus integrantes, varios de los cuales ya han sido mencionados como responsables por varias de las víctimas que han declarado como testigos, como ser los casos de los coroneles Julio César “Potín” Dominguez y Héctor Melitón “Nolo” Martínez.

10.- Que no entendemos por qué habiéndose denunciado por parte de dos querellantes una casaquinta de Villa California donde funcionó un centro clandestino de detención durante la dictadura y habiéndosela reconocido externamente en una constatación judicial hace más de un año, aún hoy no se haya ordenado producir la pruebas ofrecidas especialmente las testimoniales de inquilinos que vivieron posteriormente en ella, para acreditar la descripción de la misma previo a las modificaciones edilicias sufridas con posterioridad.

11.- Que asimismo la testigo Amalia Ricotti, denunciante desde 1985 junto a su ex esposo José Alberto Tur, por haber sido víctima de secuestro, torturas y seguimientos por parte de grupos de tareas en 1978, habiendo hace varios meses individualizado con nombre y apellido a uno de sus captores y torturadores como el tal “Quique”, brazo derecho del Mono Gaziano, ambos de la UOCRA, no se procede a la inmediata detención del citado ni a producir las pruebas ofrecidas.

12.- Que tampoco se entiende cómo habiendo formulado la denuncia su familia en 1985 y ya declarado varios testigos de cargo acerca de las torturas y desaparición forzada de las que fue víctima Alicia Adela López de Rodríguez que fue sacada por última vez de la comisaría cuarta por “la patota” a fines de 1976 conducida por el SubOficial Mayor del Ejército Nicolás Correa, no se imputa a éste, al Jefe del Area 212 en dicho momento, al Jefe del DI 122 Cnel. Domingo Manuel Marcellini y al por entonces titular de la Comisaría Cuarta Mario José Facino.

13.- Que a tantas demoras y omisiones no le encontramos otra explicación que no sean las amenazas y atentados descriptos, como así también la existencia de funcionarios reciclados en democracia en nuestra Provincia y que siguen ocupando altos cargos a pesar de haber revistado, en algún caso, en el año 1982, en el Batallón 601 de la ciudad de Buenos Aires, donde funcionó la Central Nacional de Inteligencia del Ejército durante el Proceso, o de otros represores que se ascendieron en la Policía o se acomodaron en cargos públicos, tanto ellos como a sus familiares en estos 22 años de democracia, lo que da la idea de la existencia de “compartimentos estancos” en el Estado y gobierno provincial, donde un sector cumple correctamente su función para preservar la Memoria, la Verdad y la Justicia, pero otros dejan actuar a aquellos que presionan para que en estas causas la Justicia no llegue con “el cuchillo hasta el hueso”.

Santa Fe, 24 de marzo de 2006.

Firmado:

María Carolina GUALLANE – Ernesto Ramón SUÁREZ – Ana María CAVADINI Vda. de MARINI – Raúl CHIARTANO – Stella Maris VALLEJOS – Carlos RAVIOLO – Anatilde BUGNA – Vilma Pompeya GOMEZ Vda. de VUISTAZ – Marta Susana BERRA Vda. de OVIEDO – Daniel Oscar GARCÍA – Alba SANCHEZ – Luis Francisco LARPÍN – Jorge Alberto DESTEFANI – Silvia Susana SUPPO – René COUTAZ – Daniel Eduardo ALVAREZ – Jorge Daniel PEDRAZA