QUERÍAN UN PARQUE Y AHORA EN ESE LUGAR LES CONSTRUIRÁN UNA ALCAIDÍA

“No somos el basurero de la ciudad”, bramó Juan Rivero. “Ningún vecino del barrio quiere la cárcel acá”, agregó Juan Regache con seguridad, como si conociera el pensamiento de todos y cada uno de los habitantes de la zona suroeste de Rosario. “Esta es la única inversión importante que nos regaló el gobierno en 20 años de democracia”, se lamentó Gustavo Orrego. Los tres tienen inserción social en el barrio y son impulsores de una mejor calidad de vida para el suroeste de la ciudad y, a la vez, fervientes detractores de la instalación de una alcaidía en el predio provincial ubicado detrás de la Jefatura de Policía de la Unidad Regional II (Ovidio Lagos 5250).

“Se está gastando un dineral en esta cárcel que va a impactar negativamente en el barrio”, se quejó Regache. Es que si bien ya se abrió la licitación para comenzar con la construcción, el predio elegido está definido por el Código Urbano como espacio público. Un fin recreativo que los vecinos exigen que se respete, pero que no fue tenido en cuenta por el ex intendente Hermes Binner durante el 2000. En ese momento y a través de una carta de intención que se incluyó en el decreto Nº1.845, Binner ya había firmado un compromiso con la provincia en favor de la construcción de la alcaidía.

En efecto, se lee en el artículo tercero de la carta: “La fracción del terreno encerrada entre las calles Crespo, Francia, Julio Marc y Olegario Andrade será dispuesta por la provincia para desarrollar el proceso y ejecución de la alcaidía, a cuyo fin el intendente municipal se compromete a gestionar ante el Honorable Concejo Deliberante la normativa correspondiente”.

Conocer la existencia de la nota del ex intendente les cayó ayer como un balde de agua fría a los 20 vecinos y representantes de la Pastoral Carcelaria que se reunieron, por espacio de dos horas, con los concejales que integran la comisión de Seguridad que preside Daniela León.

. Precisamente se planea construir la cárcel en el área posterior, actualmente cercada por un paredón de ladrillos donde funcionan las caballerizas de la Unidad Regional II.

También la dictadura militar
Paradójicamente, ese sitio ya fue utilizado para alojar detenidos, aunque se trató de las víctimas de la represión ilegal durante la última dictadura militar. Rivero todavía recuerda los inenarrables momentos de reclusión que le tocaron vivir ahí. “La alcaidía viene a deprimir todo este medio”, se lamentó.

“Nosotros no somos el basurero de la ciudad”, remarcó al recordar que la aceitera Molinos Río de la Plata (Uriburu y Francia) los tiene a maltraer por la contaminación ambiental y hasta hay una idea en danza que pugna por ubicar también allí un relleno sanitario. A su entender, nadie pensó jamás proyectar obras que puedan mejorar la calidad de vida de la gente. “En 20 años de democracia, esta parte de la ciudad evidenció desocupados, cierre de fábricas, la desaparición de Acíndar; y la obra más importante que nos deja este gobierno es una alcaidía de cinco millones, no una escuela, un polideportivo, cloacas o un centro cultural”, agregó Orrego. “Somos una comunidad que necesita revertir esta situación; si quieren cárceles que las hagan donde corresponde”, añadió luego.

Para él, levantar el penal demuestra “impunidad” por parte del gobierno. “Hacen lo que quieren sin consultar a los que vivimos acá; es como si mañana nos despertamos y aparece una licitación para hacer una alcaidía en el parque Urquiza o frente a la cancha de Newell’s”.

“¿Para qué nos convocan a las reuniones de Presupuesto Participativo si después se cocinan por detrás otras cosas?”, se preguntó Regache, quien remarcó que el sudoeste se caracterizó por reclamar siempre espacios verdes. Por parte de la Pastoral Carcelaria (que depende del Arzobispado y atiende los reclamos de unos 25 centros de detención de la diócesis que abarca a Rosario, Villa Constitución, Cañada de Gómez y Casilda), la hermana Carmen sentó su posición sobre el tema: “Construir una alcaidía es una urgencia, ya que la condición de los presos en las comisarías es insostenible. Pero no vemos bien que se construya en un predio destinado como espacio verde, en todo caso que se haga dentro de la Jefatura. El reclamo de los vecinos es justo”.

Otra de las sorpresas que se expresaron ayer durante la reunión en el Palacio Vasallo tuvo que ver con la licitación de la obra. Vecinos y concejales aseguraron haberse desayunado con el tema a través de los medios. “El subsecretario de Seguridad de la provincia (Alejandro Rossi) estuvo en el Concejo hace 20 días y no dijo absolutamente nada de lo que estaban organizando”, dijo el concejal del ARI, Nire Roldán.

Al término del encuentro se decidió invitar al ministro de Gobierno de Santa Fe, Roberto Rosúa, a una jornada pública a realizarse a la brevedad, para que informe sobre esta licitación pública y el lugar en el que piensan levantar el resto de las alcaidías. También se resolvió convocar para esa ocasión a los legisladores provinciales para interesarlos en la problemática, y efectuar un pedido de informes al Ejecutivo Municipal para saber si existe algún convenio o acuerdo con la provincia en ese sentido.