QUIEREN BAJAR LA PUNIBILIDAD A 14 AÑOS

En un intento por tomar la iniciativa en materia de seguridad, el Senado comenzará a discutir la reducción de 16 a 14 años de la edad de imputabilidad de los menores, uno de los debates más polémicos que divide a políticos y especialistas por igual.

La ofensiva incluirá también el establecimiento del sistema de juicio por jurado popular, uno de los institutos incluidos en la Constitución Nacional desde el nacimiento mismo de la organización institucional del país, en 1853, y que nunca fue reglamentado.

Pero, sin duda, el tema más conflictivo será la reducción a 14 años de la edad a partir de la cual los menores serán responsables de sus delitos ante la Justicia, que comenzará a discutirse mañana en la Comisión de Asuntos Penales de la Cámara alta.

Por el momento, el debate girará en torno de un proyecto presentado por el senador Miguel Angel Pichetto (Río Negro), titular del bloque justicialista.

Dar respuesta a los reclamos

“Llegó el momento de dar el debate de la reducción a 14 años de la edad de imputabilidad. Hoy, más que nunca, el Senado tiene que poner en marcha esta discusión ante los reclamos de la sociedad por más seguridad”, expresó Pichetto.

La jugada del peronismo causa resquemores, sobre todo entre los sectores garantistas de la propia bancada oficialista y de otros bloques.

Pero la decisión política parece estar tomada, sobre todo porque se espera que el Poder Ejecutivo envíe a la Cámara alta una iniciativa sobre el tema.

Se trata de un texto redactado por la comisión de juristas que integró el flamante ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanian, y que sería incluido en el paquete de leyes que conformarán el plan integral de combate al delito que presentará en las próximas horas la administración de Néstor Kirchner.

Actualmente, la ley 22.278 establece un sistema mixto que contempla una imputabilidad plena a partir de los 18 años y otra parcial, a partir de los 16 años, en el que conviven el sistema de patronato con el cumplimiento efectivo de la condena cuando se trate de delitos con penas superiores a los dos años de prisión o reclusión.

La intención del justicialismo y del gobierno nacional es correr hacia abajo las edades y establecer la imputabilidad plena a partir de los 16 años y la parcial, desde los 14.

Sin embargo, la cuestión no es sencilla, ya que para concretar el cambio no sólo habrá que modificar el régimen penal para menores (ley 22.278), como establece el proyecto de Pichetto, sino que se requiere una profunda reforma que incluya la adecuación del Código Procesal Penal al nuevo sistema con el objetivo de garantizar a los imputados los mismos derechos que tienen los adultos, según alertan los sectores más garantistas.

Citan como ejemplo el hecho de que en la actualidad el sistema penal argentino no contempla la posibilidad de que los menores de 16 años tengan abogado defensor.

Esto es así porque el sistema argentino otorga a los jueces de menores la potestad de velar por la recuperación del joven acusado de un delito.

Precisamente, la iniciativa elaborada por la “comisión Arslanian” apunta a una reforma integral del régimen penal de menores y sería la base a partir de la cual un tema tan conflictivo como la reducción de la edad de imputabilidad alcanzaría el necesario consenso parlamentario para conseguir su sanción.

Esta postura impulsarían senadores como los peronistas Jorge Yoma (La Rioja) y Marita Perceval (Mendoza), y la frentista Vilma Ibarra (Capital).

Una vieja deuda

Menos traumático se anticipa el debate sobre la instauración del sistema de juicio por jurado, establecido por la Constitución Nacional de 1853 y aún en vigencia, que el justicialismo impulsará a partir de esta semana en la Cámara alta.

Por lo pronto, la idea fue aceptada por el Poder Ejecutivo que el viernes último anunció que sumará su plan de seguridad integral la temática. El PJ había anticipado su intención de avanzar con la reforma el día anterior.

La base de la discusión será un proyecto del senador Yoma, que impulsa el sistema anglosajón: un jurado integrado exclusivamente por ciudadanos legos en derecho, que deberán fallar acerca de la culpabilidad o la inocencia del acusado; quedaría la imposición de la condena a cargo del juez.

El régimen se aplicaría a delitos que tengan una pena privativa de la libertad con un máximo en la escala penal de seis o más años.

La iniciativa comenzará a discutirse pasado mañana y el jueves próximo, en un seminario que se celebrará en el Senado y del que participarán reconocidos juristas argentinos y extranjeros.

“NO VA A CAMBIAR LA RELACIÓN DEL MENOR CON EL DELITO”

La Directora Provincial del Menor en Conflicto con la Ley Penal, Raquel Sandoz, sostuvo que “no va a cambiar en nada la relación de los menores con el delito. No hay ninguna diferencia, en que tenga 14, 15 ó 16 años. La ley de fondo, establece que hasta los 18 años son menores, y deben ser tratados como menores”.

Sandoz agregó que en los últimos tres años, anualmente la cantidad de menores que delinquen en Santa Fe, pasó de un 10 a un 13 por ciento, y el promedio de edad bajó de los 18 años, a los 16 años.