QUIEREN ELEVAR A 15 AÑOS LA EDAD MÍNIMA PARA LOS CONTRATOS LABORALES

El Senado de la Nación prevé tratar antes de fin de año un proyecto de ley para elevar la edad mínima de contratación laboral de adolescentes, que pasaría de los 14 a los 15 años, según se informó hoy durante el Primer Foro Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil.

El anuncio fue hecho por el senador Gerardo Morales (UCR-Jujuy), quien añadió que también se impulsará el tratamiento de una iniciativa sobre responsabilidad social de las empresas, para que la producción de bienes y servicios se realice sin trabajo infantil.

“La Convención de los Derechos del Niño es clara y establece el derecho de todos los niños, niñas y adolescentes a estar protegidos contra la explotación económica y el desempeño de cualquier trabajo que entorpezca su educación, salud y desarrollo”, dijo Morales.

En tanto, la senadora Silvia Gallego (PJ-La Pampa), titular de la Comisión de Población y Desarrollo Humano, recordó que el trabajo infantil afecta en la Argentina a 1,5 millón de niños.

“El niño que reemplaza la escuela por el trabajo entra en un círculo vicioso de menor calificación que lo condena a la pobreza”, señaló.

La Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara alta evalúa proyectos de los senadores Marcelo Guinle (PJ-Chubut), Luis Falco (UCR-Río Negro) y Marita Perceval (UCR-Mendoza) para prohibir en “cualquiera de sus formas” el trabajo de todo niño menor de 15 años.

La reforma impulsada a la Ley de Contrato de trabajo busca adecuar la actual normativa laboral a la Convención Internacional Sobre los Derechos del Niño (CDIN) -incorporada a la Constitución Nacional en 1994- y diferentes convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificados por nuestro país.

También apunta a armonizar la legislación laboral con la Ley Federal de Educación, que establece que el ciclo de enseñanza obligatoria alcanza hasta los 15 años.

En cuanto a la responsabilidad privada, un proyecto de la senadora Miriam Curletti (UCR-Chaco) establece que las empresas coloquen en los bienes de su producción y en la promoción de sus servicios una etiqueta que diga “STI” (sin trabajo infantil).

El proyecto señala en sus fundamentos que “el trabajo infantil perjudica la salud, la seguridad y la socialización de los niños, niñas y adolescentes, ya que merma el desarrollo de la niñez, perpetúa la pobreza, degradando las reservas de capital humano necesarias para el desarrollo económico y social”.