QUIEREN QUE EL ESTADO REVEA LA FORMA EN QUE APREMIA A LOS DEUDORES DE LA VIEJA DIPOS

La vieja Dirección Provincial de Obras Sanitarias (Dipos), que prestó el servicio de agua potable y cloacas hasta 1994 –cuando la Legislatura provincial aprobó la privatización de la empresa–, volvió a ser noticia. La semana pasada ingresó un pedido de informes en la Cámara de Diputados, en el que se pide que el Estado santafesino revise la forma en que reclama el pago de las deudas que todavía mantienen algunos ciudadanos particulares y empresas con la vieja prestadora.

Para tal fin, cuando se privatizó el servicio, el gobierno dispuso la creación del Ente Residual de la Dipos. Este organismo es el encargado de presentar las demandas del Estado contra los deudores de la Dipos.

Pero el último 14 de junio ocurrió un hecho que puede torcer el rumbo: un Juzgado rosarino hizo lugar a la petición de un ciudadano que se sintió “apremiado” por la Fiscalía santafesina. La Justicia le dio la razón a este ciudadano al argumentar que la provincia no puede apremiar a un usuario de la vieja Dipos porque el prestador es otro y porque la deuda está prescripta.

Con todo este material, el diputado radical Hugo Marcucci presentó la semana pasada un pedido de informes para que el Ejecutivo dé precisiones sobre las deudas que quedaron sin cobrar por parte de la Dipos residual. Ese monto, se estima, sería de unos 40 millones de pesos.

Marcucci habló de una “gran incapacidad del Estado para realizar estos cobros” y adelantó que el fallo del Juzgado rosarino podría obligar a la Fiscalía pública a rever la forma en que se apremia a los deudores de la vieja Dipos.