QUIEREN QUE HAMMERLY, JOAQUIN Y KERZ, VAYAN A LA LEGISLATURA A EXPLICAR LA PROPUESTA A AGUAS

El diputado planteó en su proyecto consultar a los funcionarios sobre diversos puntos referidos a la concesión. Entre ellos: en qué consiste el ofrecimiento de readecuación contractual que el gobierno provincial manifestó acercar a la empresa Aguas Provinciales para continuar con la prestación del servicio en el área concesionada; en qué se ha basado el estudio de costos realizado por el En.Re.S.S. que arroja como resultado la necesidad de que se aumenten los ingresos de la empresa en el orden de un 25%; si el incremento de los ingresos de la concesionaria en un 25% se entiende necesario para cubrir la prestación del servicio o en su cálculo también se encuentra prevista la realización de obras ya comprometidas y el mantenimiento de otras necesarias al servicio; cuál es la posición del gobierno frente a ese incremento y de qué modo la empresa obtendría el mismo.

Lamberto agregó que “luego de diez años de concesión del servicio de agua potable y saneamiento hídrico a la empresa Aguas Provinciales de Santa Fe S.A., y a pesar de sus incumplimientos contractuales y sus reiterados anuncios de retirarse del servicio dentro de escasos días, nos vemos sorprendidos nuevamente por las intempestivas declaraciones del gobierno provincial acerca de la posible continuación de esta empresa en la prestación del mismo.”

Además el legislador agregó que “no obstante el paso del tiempo y faltando solamente horas para que se cumpla el plazo que anunciara Aguas Provinciales de Santa Fe S.A. para su retiro definitivo de la prestación del servicio, nos encontramos que en nuestra Provincia no solamente no se ha encontrado en la práctica una forma de garantizar su prestación sin solución de continuidad, sino que se nos sorprende con declaraciones de funcionarios provinciales anunciando una “readecuación del contrato” celebrado con la concesionaria Aguas Provinciales de Santa Fe S.A., los mismos funcionarios que poco tiempo atrás manifestaban conocer de los incumplimientos obligacionales de esta empresa y de la falta de ejecución de obras, aún en los períodos post renegociación.

El proyecto también contempla que se consulte a los funcionarios provinciales si el incremento de los ingresos de Aguas Provinciales será trasladado a los usuarios a través del aumento de tarifas; si legalmente corresponde encuadrar una readecuación del contrato de concesión con Aguas Provinciales en el marco de la Ley de Emergencia Nacional a la cual la provincia adhirió a través de la Ley 12.036. En su caso, explicitar las razones teniendo en cuenta el historial de la concesión del servicio desde el año 1995 hasta la fecha; en qué situación fáctica y legal quedarían las obras comprometidas por la empresa para el 2º año post renegociación y siguientes; si en la readecuación del contrato se le permitiría a Aguas Provinciales de Santa Fe modificar el plan de obras comprometidas.

Lamberto también agregó que “a través del Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Vivienda, en declaraciones periodísticas se dio a conocer que luego de un estudio de costos realizado por el En.Re.S.S. se ha determinado que la empresa concesionaria, para su funcionamiento, requiere de un incremento de sus ingresos de alrededor del 25%, propiciando posibilitarle ese aumento sin determinar el modo, si a través de incremento tarifario, otorgamiento de subsidios o reducción impositiva.”

También se ha expresado que en esa readecuación contractual la empresa solamente debería desarrollar algunas obras, ya que otras de infraestructura y de expansión serían realizadas directamente por la Provincia a través del Ministerio de Asuntos Hídricos. Se desconoce con qué recursos contará la Provincia para ello ni cuál será la intervención y responsabilidad de la concesionaria en esta obras.

El legislador socialista finalizó diciendo que “esta inesperada situación, controvertida y contradictoria, pone nuevamente en riesgo la prestación del servicio público del agua, los derechos de los usuarios y hasta la salud de la población en el área concesionada, ya que no se han subsanado las deficiencias anteriores, no se prevé un plan de adecuado abastecimiento a corto plazo y se mantendría en la concesión a la misma empresa incumplidora premiándola con mejores beneficios y condiciones.”