Rafaela: Estudian alternativas para instalar una cárcel en la zona

Un terreno a 4 km de Bella Italia, en zona rural, y otros dos predios en Nueva Lehmann están en carpeta. El fiscal regional Carlos Arietti además brindó un anticipo del Informe Anual de Gestión que presentará el mes que viene.

 

Como ya es habitual una vez al año desde el inicio del nuevo sistema procesal penal en la provincia de Santa Fe, mañana jueves, el fiscal general del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Julio De Olazábal, brindará su “Informe anual de Gestión” ante las Cámaras Legislativas provinciales.

 

En nuestra Circunscripción Judicial Nº 5 Rafaela, el fiscal regional del MPA, Carlos Arietti, hará lo mismo en audiencia pública, en lugar y fecha a determinar a fines de septiembre, donde brindará su “Informe anual de Gestión”.

 

En ese marco, La Opinión conversó en exclusiva con el Fiscal Regional, quien nos brindó una entrevista donde adelantó algunos de los grandes pasos dados y estadísticas que confirman un buen desempeño de esta nueva dependencia en el ámbito judicial penal santafesino en el último año. Esto es un adelanto de lo que será presentado públicamente a fines de septiembre.

 

La cárcel

 

La construcción de la controvertida cárcel, aún pendiente en este Nodo Región 2 Rafaela, fue uno de los temas de conversación, ya que Rafaela es el único nodo provincial que no cuenta con cárcel. El nuevo sistema penal, mucho más rápido que el anterior, genera presos con condenas preventivas o efectivas mensualmente, y la Alcaidía de la Jefatura de la UR V está colapsada: con una capacidad para 45 a 50 internos, alberga normalmente cerca de 70 reclusos.

 

Así, el fiscal Carlos Arietti insistió en “trasladar la cárcel”: “Rafaela -dijo- ya tiene una cárcel, es la Alcaidía de Jefatura. Está ubicada en el centro de la ciudad, al cuidado de policías y que a veces aloja a más de 70 internos. Ya no da abasto. Un debate serio sobre el tema tiene que partir de esa realidad. Creo que la opción más sensata sería trasladar la cárcel de Rafaela, preferentemente fuera de la zona urbana, no demasiado alejada del principal asiento judicial, ampliando su capacidad y que esté al cuidado de agentes del Servicio Penitenciario. Así se libera a los policías que actualmente tienen que cuidar presos, para que hagan su tarea específica”, expuso sin rodeos.

 

Así, La Opinión dialogó al respecto –finalizada la reunión anterior– con Pedro Morini, coordinador de Seguridad del nodo Rafaela, quien nos comentó el grado de avance de este tema, y más precisamente que están en la etapa de proceso de averiguación de terrenos, con algunos ya vistos: uno a 4 km de Bella Italia, propiedad de la Provincia; y dos en Nueva Lehmann, que son de una empresa privada y estarían disponibles para ser adquiridos.

 

“El ministro Raúl Lamberto –decía Morini ayer– me encargó buscar predios, debido a que la situación en las alcaidías es insostenible. Así que estamos en proceso de averiguación de terrenos aunque todavía no se tomó ninguna decisión en cuanto a un llamado a licitación para su compra aún. Y se debe tener en cuenta que también habrá un cambio de gobierno en diciembre”, explicó.

 

“Actualmente –siguió Morini– hay entre 100 y 120 presos en el Nodo. Alrededor de 70 en la alcaidía de Rafaela, unos 23 en la alcaidía de San Cristóbal, unos 12 en la alcaidía de Tostado y la misma cantidad en la de Sastre. Entonces tenemos que arrancar con una cárcel que tenga la capacidad mínima de 150 personas, porque la proyección del nuevo sistema penal, de más presos, es alta para el año próximo”, señaló.

 

En conclusión los terrenos que, por ahora, ya tienen el visto bueno local para su eventual uso son: uno en zona rural a 4 km de Bella Italia. Actualmente en este predio de 5 Has., propiedad de la Provincia y a unos 14 km de Rafaela hay un depósito de autos de descarte policial y a requerimiento de los juzgados.

 

Los otros dos terrenos que se podrían adquirir están en Nueva Lehmann, al noroeste de Rafaela. Son dos lotes propiedad de una empresa privada, y están disponibles. “Lo importante es que dispongan de electricidad, y en lo posible accesos pavimentados”, cerró Morini.

 

Adelanto del informe de gestión

 

En cuanto al tema que dio origen a esta nota, un balance del nuevo sistema de justicia penal en Rafaela a un año y medio de su funcionamiento, el fiscal regional Carlos Arietti, nos dio su visión de la actividad de la dependencia que dirige.

 

-El 10 de febrero del año pasado comenzó a regir el nuevo Código Procesal Penal en la Provincia. A 18 meses aproximadamente de dicha fecha, ¿qué balance hace de su funcionamiento en Rafaela?

-Para responder la pregunta, es necesario dimensionar la magnitud del cambio. No se trata de la mera modificación de un Código Procesal. Al cambio normativo se suma la instauración de un sistema de investigación y juzgamiento de los delitos, totalmente distinto al que estuvo vigente durante más de un siglo. Es un cambio de valores y principios, con jueces; fiscales y defensores trabajando en audiencias públicas, expuestos al escrutinio de la gente. Con una forma de comunicarnos, diferente: la oralidad. Con nuevas instituciones que recién dan sus primeros pasos y deben organizar nuevos procesos de trabajo, respecto de los que no hay antecedentes. En ese contexto, el balance en estos 18 meses es positivo.

 

-¿En qué apoya esa conclusión?

-Hay varios argumentos, pero vamos a los números solamente. Las estadísticas que manejamos en el Distrito Judicial Nº 5 (comprende a grandes rasgos, el Dpto. Castellanos), señalan -tomando un período representativo que va de junio de 2013 a junio de 2014- que 207 hechos delictivos recibieron condena a través de 87 sentencias. De las condenas, 46 fueron a pena condicional –el 53 %– y 41 a pena efectiva –el 47 %–. 59 autores recibieron su primera condena y a otros 13 se los declaró reincidentes. A eso hay que sumar las soluciones no punitivas. Se dictaron 27 suspensiones de juicio a prueba -la llamada “probation”- y hubo 145 conflictos penales solucionados a través de una mediación exitosa. (N.del R.: la reincidencia no permite la libertad condicional, accesible al cumplirse los dos tercios de la pena efectiva).

Por otro lado, siempre que un fiscal ha desestimado un caso, se ha notificado a la víctima explicándole de manera sencilla el motivo legal de la decisión del fiscal, y se le hizo saber que tenía derecho a plantear su disconformidad ante el Fiscal Regional. Menos del 1 % de esas desestimaciones o archivos han sido protestados por la víctima.

 

-En este aspecto, ¿cuáles son las diferencias que existen con el sistema anterior?

-En cuanto a la cantidad de hechos que recibieron condena o probation, los números de 2012 y 2013 del anterior sistema son similares. Pero cuando se analiza en detalle, se ve que en el nuevo sistema aumentaron el número de condenas de cumplimiento efectivo, la cantidad de reincidencias y los montos de las penas. Pero también aumentó la cantidad de suspensiones de juicio a prueba. (N. del R.: la suspensión de juicio a prueba o probation significa que con esta medida se suspende todo el proceso).

Es decir, hoy hay un tratamiento diferenciado claro: los delitos más graves son más severamente penados y los delitos más leves son tratados con soluciones alternativas. Aclaro que en todas las probation, se somete al probado a determinadas condiciones: trabajos comunitarios, reparación económica a la víctima, donación a instituciones de bien público, etc. Esta herramienta no era muy utilizada en el sistema anterior.

 

Otra diferencia está en que antes se resolvían 1,3 hechos por sentencia en promedio; mientras que ahora se resuelven un promedio de 2,4 hechos por condena.

 

En cuanto a los recursos humanos, entre jueces, fiscales, defensores y secretarios de primera instancia, el anterior sistema funcionaba en Rafaela con 14 agentes, y el nuevo está funcionando con 11.

 

En el caso de la Fiscalía, los resultados se alcanzaron con la mitad de la dotación de fiscales: solo cuatro de los ocho previstos. Cabe señalar que la situación de personal de los Tribunales y la Defensa también es difícil, con varias vacantes. (N. del R.: los Dres. Gustavo Bumaguin y Favia Burella asumirían –con viento a favor– como fiscales adjuntos antes de fin de año, con lo que la Unidad Fiscal Rafaela contará para 2016 con 6 fiscales. Su pliego está para ser aprobado en la Legislatura. Hay otro pliego, correspondiente a la Dra. Angela Capitanio –sería la 7ª fiscal– que la Corte tiene que autorizar su traspaso a la UF Rafaela. Y el último cargo quedó vacante y se deberá llamar a un nuevo concurso).

Por eso reitero que, desde lo cuantitativo, se está funcionando de manera satisfactoria, más aún si pensamos que los órganos judiciales del anterior sistema tenían en Rafaela una productividad muy alta, lo que puso al nuevo sistema frente a una vara de comparación bastante exigente.

 

 

 

Fuente: La Opinión