RAQUEL SANDOZ: "TODOS LOS MENORES DE NUESTROS INSTITUTOS CONSUMEN ALGO"

“De cada cuatro hechos de sangre que se cometen en la provincia, tres son protagonizados o tienen partícipes que son menores”, reveló esta semana a El Litoral la jefa de la Policía, Leyla Perazzo. Y apenas unas horas más tarde, el ministro de Gobierno, Roberto Rosúa, terminó de agudizar el diagnóstico: “La mayor parte de los chicos que delinquen se encuentran bajo los efectos de las drogas o de psicofármacos”.

La tendencia se cumple a rajatablas y en términos absolutos. “Los menores que tenemos en nuestros institutos, todos, consumen algo”. Así lo aseveró la directora del Menor en Conflicto con la Ley Penal, Raquel Sandoz. “En su abandono, en la situación en que se encuentran, tienen una necesidad espantosa de consumir algo, aunque sea alcohol”, repitió alarmada.

La funcionaria reconoció que es “muy difícil” controlar el fenómeno, incluso en los institutos “cerrados” de internación. “Nos cuestan mucho trabajo las visitas y las requisas”. Y el tema se complica más aún en los “hogares de día” o abiertos, donde los menores “hacen alguna negociación con la gente que está afuera” para lograr ese “algo” que necesitan consumir. “Los controles son muy difíciles -confesó-, más teniendo en cuenta que tratamos a los menores con personal civil, tal como lo indican la ley y los tratados internacionales”.

Los empleados de esta repartición tienen “una sola arma: la palabra, que puede construir o destruir; es lo único que ellos tienen para enfrentarse a chicos que a veces son muy bravos”, sostuvo.

DÉFICIT EN LAS RESPUESTAS

La realidad es sombría, y las estructuras para generar respuestas no están a la altura de las circunstancias.

“Nosotros no contamos con un lugar específico para tener internados a menores severamente adictos, lo cual implicaría una tarea conjunta entre las áreas de Educación y Salud”, reconoció la funcionaria.

“Lo único que tenemos desde la provincia son programas ambulatorios que necesitan de la voluntad del menor para hacerlo. Pero cuando estamos frente a un menor ya con causas penales y adicto, no podemos pedirle la voluntad; tenemos que internarlo. Y no podemos, carecemos de estos institutos especializados para menores penales que ya estén en un nivel grave de adicción”. Raquel Sandoz admitió que es “una falencia” del sistema, y se permitió dudar sobre el origen del problema. “Es como la cuestión del huevo y la gallina: ¿delinquen y después se drogan y así llegan a la adicción; o se hacen adictos y por esos efectos cometen delitos?”.

La funcionaria recordó el polémico y, finalmente, fracasado proyecto que pretendía usar parte de la Colonia de Oliveros para alojar presos adultos o menores adictos. “Por cuestiones que no vienen al caso, no se concretó. Pero necesitamos un lugar como ése o algo parecido; es necesario, es imprescindible”.

EL DESPUÉS DEL DESPUÉS

La Dirección del Menor actúa “después del después”. Así graficó Raquel Sandoz el momento en el que su área interviene: “sólo después de que el menor cometió un hecho, un delito, y existe el oficio de un juez”. Pero el mecanismo “va dejando muchos menores fuera de nuestro tratamiento” porque, según la ley, recién interviene la repartición después de varias causas.

“Si es su primer delito o si éste no es muy grave, la Justicia, que además sabe que no nos alcanzan las plazas ni las herramientas, decide que ese menor que no es punible, vuelva a su casa. Entonces, nuestra Dirección no lo tiene en su registro”.

Para Sandoz, el sistema así planteado es inconveniente. “Nos pasa que muchas veces el menor llega a nosotros con tres, cinco o hasta siete causas menores, y eso genera un grado de deterioro mucho más grave, que dificulta el trabajo”.

“Cuando un menor cometió un hurto y vio que no pasó nada, y después robó con violencia y tampoco pasó nada, puede llegar a matar, como sucedió con el taxista en Rosario, porque le da lo mismo robar una zapatilla que asesinar. Y recién allí es cuando se lo deriva a esta área”.

Por eso, la repartición propuso ahora modificar la legislación vigente para ampliar su injerencia, y comenzar a intervenir desde las primeras causas.

Pero “esto no es represivo”, aclaró, sino que intenta “llamar la atención de aquel adolescente que permanentemente está probando hasta dónde puede llegar”. “Pretendemos que entiendan que nada es gratis; que si cometieron un hecho, algo tendrán que hacer. Es hacerles sentir una especie de marca para que sepan que lo que hicieron está mal. Si logramos esa contención en ese momento, será menos probable que ese menor cometa otro delito”.

Ampliar las facultades del área obligará a revisar otras cuestiones: en la actualidad, la Dirección posee 60 empleados de planta, 6 de emergencia y 218 becarios, que reclaman la regularización de una situación laboral irregular arrastrada desde hace diez años.

“Parece una contradicción -reconoció Sandoz-; hablamos de la minoridad como una política de Estado, mientras tenemos una base con una relación laboral sumamente precaria. Es una situación no deseada, pero como siempre, donde manda el señor presupuesto, parece que no manda otro”, sentenció.

Homicidios

Según las estadísticas, el homicidio es uno de los delitos cometidos por menores, que más crece. En 2002, los índices señalaban que del universo de causas en las que estaban involucrados, apenas el 5% correspondía a asesinatos.

En la actualidad, la cifra se encuentra entre el 12 y 13%, “y sigue creciendo”, advirtió Sandoz. “Tal vez el hecho de matar no sea ni siquiera el móvil, pero suelen robar con tanta violencia que terminan matando a la víctima”. La funcionaria aclaró que el área a su cargo puede trabajar en la “prevención de la reincidencia”, pero “sólo si empezamos a desarrollarnos desde las primeras causas”.

A su criterio, el problema de la minoridad “es como una parte enferma del cuerpo social que integramos, por lo tanto, no podemos amputarla; debemos curarla y para eso necesitamos la ayuda todos”.

Encierro sin lugar

Según la ley y de acuerdo con todas las recomendaciones internacionales, el menor debe ser internado en un lugar de máxima contención (cerrado) “sólo en situaciones totalmente extremas”.

Para el menor, las alternativas a la privación son la libertad asistida, hogares de día, capacitación laboral, contención… Sin embargo, en los centros “alternativos” al encierro que posee la provincia, hay apenas 158 menores alojados, y sobran plazas. En tanto, casi el doble, 287, se encuentran internados en institutos cerrados. “La excepción se convirtió en generalidad o en lo único posible”, dice Sandoz. “No por capricho de nadie, sino porque la realidad así lo demanda. Hoy se cometen delitos cada vez más graves, con mucha más violencia y bajo los efectos de las drogas. La tendencia es, entonces, internarlos en institutos de máxima contención”.

Para solucionar este déficit, la funcionaria solicitó la construcción de 200 plazas más: cien para Santa Fe y otras tantas para Rosario.

“Sabemos que esto genera una gran contradicción, porque nosotros mismos estamos pidiendo lo que es la excepción, pero es lo que la realidad nos exige y tenemos que vivir esta coyuntura. Ojalá dentro de unos años podamos destinar estos terrenos a campos de deportes”.

La Dirección del Menor puede recibir chicos de entre 13 y 18 años. “El promedio de las edades de los internados hoy es de entre 15 y 16, pero también tenemos chicos de 13”, precisó.