Ratifican el pedido de sanciones para las empresas de colectivos

Esta semana, en el ámbito municipal, la polémica y la discusión giraron en torno a la medida de fuerza imprevista que llevaron a cabo los choferes de colectivos de la ciudad el pasado martes, en reclamo por el atraso en el pago de los haberes.

Al respecto, vale recordar que el martes, los choferes nucleados en la Unión Tranviaria Automotor (UTA) llevaron a cabo un paro de 12 horas debido a que los empresarios no habían depositado los haberes del mes de abril.

En ese contexto, el Concejo Municipal aprobó hoy un proyecto que pide al Municipio que aplique las sanciones previstas en la norma que regula el transporte en la ciudad a las empresas prestatarias del servicio público de transporte urbano que no hubieran abonado los haberes del mes de abril en el cuarto día hábil del mes en curso.

Asimismo, el cuerpo solicitó a la UTA que, en los casos de falta de pago de los haberes mensuales en término, se abstenga de realizar cualquier tipo de medidas de fuerza que impliquen la afectación del servicio “si las mismas no han sido comunicadas a la ciudadanía con al menos 24 horas de anticipación”.

La medida, impulsada por el bloque oficialista, expresa en sus fundamentos que, teniendo en cuenta la forma en que se llevó adelante el paro, arroja “un impacto altamente negativo”.

“Miles de santafesinos usuarios de este servicio se encontraron sorprendidos e imposibilitados de cumplir con sus deberes”, advierte el texto y agrega que “trabajadores y estudiantes se vieron notablemente perjudicados por la medida de fuerza, ya que no fueron informados de la situación a tiempo”.

En tal sentido, los ediles sostuvieron que “las empresas de transporte tuvieron un alto grado de responsabilidad en lo sucedido, dado que al no abonar, en algunas de las líneas prestatarias del servicio, los salarios de los trabajadores a término, provocaron e incentivaron la medida de fuerza”, al tiempo que destacaron que “a pesar del incumplimiento de los empresarios en el pago de haberes, los chóferes actuaron de manera desmedida al tomar una medida tan extrema”.

“Si bien los trabajadores tienen derecho a mostrar su descontento ante la falta de pago de sus haberes en término, la medida fue intempestiva, y en definitiva, quienes terminan sufriendo las consecuencias son los trabajadores y estudiantes”, afirma el proyecto.

Por su parte, la oposición intentó dar sanción a un proyecto que insiste con el llamado a licitación del servicio de transporte.

Al respecto, el concejal justicialista, Roberto Campanella, manifestó que “la licitación da transparencia y deslinda responsabilidades. Es la norma la que está por encima de intereses sectoriales políticos, empresariales, o de cualquier tipo. Los problemas que hemos tenido estas últimas semanas con el transporte de colectivos ocurrieron por transitar en la precariedad con un servicio esencial”.

Por su parte, el edil opositor, Marcelo Ferreira señaló que “cada santafesina y santafesino debe tener acceso y derechos a un transporte público, lo más eficiente, barato y cómodo posible. A nosotros no nos votaron para garantizar la ganancia extraordinaria de los empresarios”.

A su turno, Sebastián Pignata, concejal por la fuerza Producción y Trabajo, remarcó que “gran parte del problema de transporte se resolvería si, en lugar de tener precarizada la concesión del servicio público de pasajeros, se convocara a licitación, donde se establezcan claramente en los pliegos las condiciones y respectivas sanciones del servicio de transporte de colectivos que los santafesinos queremos”.

“Me parece inadmisible que tengamos que mendigar al Poder Ejecutivo que haga cumplir una ordenanza. Creo que este proyecto es un engaño a los vecinos porque plantea una simple expresión de deseo, donde el Estado Municipal se pone como víctima cuando, en realidad, es parte y responsable de garantizar una eficiente prestación del servicio público de transporte”, sostuvo Tomás Norman, edil del PRO.

Por su parte, Ignacio Martínez Kerz pidió “sincerar la situación del transporte con reglas claras que estén por encima de todos los intereses. El Municipio es el dueño y administrador del servicio. Nosotros creemos que el tema del transporte es una política de Estado y no la discrecionalidad de quien eventualmente está en el gobierno”.