REABREN EN SAN LORENZO LA POLÉMICA POR LA MILLONARIA INVERSIÓN DE MOLINOS

Cumpliendo con lo anunciado, la intendenta Mónica de la Quintana procedió a vetar parcialmente la ordenanza mediante la cual el Concejo habilitó al Departamento Ejecutivo a vender tres calles de esta ciudad a la empresa Molinos Río de la Plata para construir un puerto y una planta modelo.

Con la concreción de la medida la Intendencia reabrió una polémica que pareció concluida cuando los ediles decidieron aprobar por unanimidad la venta de esos terrenos, que permitirán que se haga realidad una inversión de más de 80 millones de dólares y se generen unos mil puestos de trabajo.

Si bien el eje de la polémica tiene que ver con el destino de los 130 mil dólares que ingresarán al municipio por la venta de los espacios correspondientes a las trazas de las calles Mártire, Batalla del Quebracho y Alférez Sobral, todas en el barrio 2 de Abril, el veto apunta al artículo 9 de la norma legal, precisamente el que fue calificado como “cláusula antiveto” por establecer que la ordenanza debe considerarse como un todo y que en el caso de objetarse cualquiera de sus artículos se deberá cambiar su contenido en forma completa.

A la hora de someter el proyecto a votación los concejales opositores quisieron asegurar el destino de los fondos obtenidos por la venta, por eso determinaron que el 70% estuviera afectado a la infraestructura del futuro parque industrial, el 20% para las mejoras edilicias en los dispensarios municipales y el 10% restante para la cuenta especial del FAE.

Cuando se aprobó la ordenanza la intendenta De la Quintana había sostenido que no objetaba lo que estaba previsto para los dispensarios y al Fondo de Asistencia Educativa, pero sí cuestionó el monto asignado al proyectado parque industrial porque consideraba que “hoy es un descampado, mientras que la ciudad necesita en forma urgente otro tipo de obras”.

“Esto demuestra la concepción con que se maneja la oposición en este Concejo -opinó ayer- ya que ellos fueron quienes determinaron el destino de los fondos, y en este caso el dinero que ingrese desde el sector privado deberá volver a ese mismo sector, gastándose en un futuro parque industrial y negando a la ciudad obras públicas necesarias”.

Ahora la estrategia del Departamento Ejecutivo sanlorencino, lejos de afectar la llegada de la inversión, pasa por vetar el artículo 9 de la ordenanza y mantener su posición crítica tanto sobre el artículo 5 como del destino de los fondos, que ingresarán a una cuenta especial.

Derecho de veto
Sobre la posibilidad de que ahora sea el Ejecutivo municipal el responsable de la traba para la inversión, la intendenta aseguró: “Ratificamos nuestro compromiso para que el proyecto de Molinos se concrete. Por eso no vamos a vetar el artículo 5, que habla de los fondos y el contrato con Molinos Río de la Plata, pero sí vetaremos parcialmente el artículo 9, según el derecho que nos asiste en la ley orgánica de municipalidades”.

“Los concejales -añadió la jefa comunal- deberían pensar bien lo que legislan, ya que una ordenanza no puede modificar una ley madre, como en este caso es la ley orgánica de municipalidades que le confiere al Ejecutivo el derecho a vetar”.