Realizaron allanamientos en busca de pruebas por la estafa inmobiliaria

No hubo personas detenidas y la Fiscalía junto a la Proselac secuestraron numerosos documentos en distintos soportes técnicos. Fueron seis itervenciones.

s operativos iniciados la semana pasada en el contexto de la investigación por fraudes inmobiliarios, estafas notariales y lavado de activos, continuaron ayer en el microcentro de la ciudad con seis nuevos allanamientos. Efectivos policiales ingresaron a las oficinas de una sociedad de bolsa, una escribanía, un estudio jurídico, una mutual y una cueva financiera ubicada en el mismo de edificio que esta última. En las acciones no hubo detenidos ni por el momento habrá imputados. Pero se trata de objetivos ligados al desempeño de dos de los principales implicados en el trámite penal previo y que están con prisión preventiva desde el lunes: el agente bursátil Jorge Oneto y el dirigente sindical Maximiliano González de Gaetano.

El fiscal jefe de la Unidad de Delitos Económicos Sebastián Narvaja estuvo en alguno de los operativos en los que participaron, además, funcionarios de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) que llegaron desde Buenos Aires e intervinieron en la pesquisa. El despliegue se basó en las mismas escuchas telefónicas y documentos que dieron origen a las detenciones registradas hace nueve días en unos veinte allanamientos. Se buscaba documentación sobre el caso de una jubilada rosarina que fue desapoderada de un inmueble reiterando el mismo modus operandi que los atribuidos a la red acusada hace tres días en Tribunales.

Acusados. En esta operación está sospechado Juan Roberto Aymo, implicado en una cadena de seis estafas por ser quien negociaba inmuebles apropiados mediante poderes confeccionados por escribanos, de apariencia legal pero sobre un bien enajenado a su dueño legítimo. En el traspaso ilegítimo aparecería como comprador González de Gaetano, que es a quien Aymo también le vendió un campo en Villa Amelia cuya dueña, la viuda de un ex camarista penal rosarino, resultó damnificada.

Una de las oficinas allanadas en averiguaciones por esta transacción es la sociedad bursátil Bríos Valores SA, que integra Jorge Oneto como socio, ubicada en el primer piso de Córdoba 1464. Como esta agencia tiene tres domicilios se allanó el estudio jurídico ubicado en Santa Fe 1214, donde Oneto tiene la histórica sede de su negocio de bolsa. Este despacho profesional, del abogado L.R., no aparece vinculado a la investigación pero es uno de los domicilios de Bríos Valores SRL. Para allanar el estudio, en el marco de una notoria tensión, estuvieron presentes veedores del Colegio de Abogados.

Los pesquisas encontraron allí indicios de que existía un registro informático paralelo, distinto del que resulta habilitado por la Caja de Valores con el que, presumen los fiscales, operaban.

Oneto está acusado de utilizar sus recursos técnicos como operador de la Bolsa para la puesta en circulación de activos de origen ilícito. En ese marco fue comprador del campo de Villa Amelia apropiado ilegítimamente y por eso le dictaron prisión preventiva hasta el 12 de noviembre próximo.

Terrenos también. Como resorte de estos operativos también hay estafas con dos terrenos que habrían sido desapoderados a sus dueños mediante un ardid blanqueado con una escritura. Se trata de un inmueble de Mendoza al 2300 donde se habría armado un fideicomiso, y un loteo en la zona de Arroyo Seco.

El escribano que los investigadores presumen intervino en la operación en que se desapoderó a la jubilada mediante falseamiento de firmas se llama J.L.G. Sus oficinas están ubidadas en 9 de Julio al 500 y fueron visitadas ayer por efectivos de la PDI, que se llevaron cajas con documentación y soportes informáticos.

Uno de los procedimientos más exhaustivos fue el que recorrió dos pisos enteros de la Mutual 18 de Julio, ubicada en Mitre y Rioja. Lo que orientó hacia allí a los fiscales fueron indicios y escuchas en relación a que, merced a un directivo de la institución financiera, Maximiliano González de Gaetano hacía rutinarios retiros de dinero de esa mutual sin detentar según los investigadores una actividad generadora de ingresos lícitos ni perfil patrimonial respaldatorio. En ese lugar quedó fajada una caja fuerte que no se pudo movilizar ni abrir y que será sometida a revisión. También fueron secuestrados 500 mil pesos en efectivo y 30 mil dólares. En este operativo hubo dos funcionarios del Banco Central de la República Argentina como veedores.

González de Gaetano está imputado de estafa, asociación ilícita y lavado de activos con prisión preventiva hasta el 12 de diciembre próximo. Lo acusan de hacer las veces de comprador de bienes expropiados ilegítimamente a sus dueños y tener posesiones y un tren de vida sin actividad legal estable. Es secretario general del Sindicato de Monteros que, según el fiscal, no tiene ningún afiliado en Rosario.

Todo vacío. La expectativa era que el capítulo más interesante se abriera al barrer el séptimo piso de la entidad donde funcionaba, según la inteligencia previa de Procelac, una cueva financiera. En ese lugar los investigadores encontraron una limpieza absoluta de elementos. Varias estanterías sin un solo papel, monitores con los cables colgando y CPU sin el disco rígido.

“Todo estaba ordenado, pelado y limpio. La impresión es que habían sacado todo porque desde la semana pasada sabían que en cualquier momento les caían dado que hay gente conectada y que resultó detenida por delitos económicos”, dijo uno de los hombres que estuvo en el procedimiento. “La idea más rápida es que fue un error no incluir estos allanamientos la semana pasada. Lo que ocurrió es que se debían priorizar los operativos donde habría detenidos y en los cuales la expectativa de asegurar evidencia era más importante. Entonces fueron veinte allanamientos y centenas de efectivos policiales movilizados”, indicó el vocero de la causa.

A una allegada al secretario de la Mutual 18 de Julio los policías actuantes le tuvieron que ordenar que entregara el disco rígido de una computadora que descubrieron retirando de una oficina.

Según informó oficialmente el Ministerio Público de la Acusación, en la cadena de operativos de ayer motivados por el fraude inmobiliario fue secuestrado copioso material en papel, soporte informático y aparatos de telefonía celular. Los fiscales fueron consultados ayer pero señalaron que no harían declaraciones públicas hasta procesar toda la información secuestrada.