REALIZARON HOY UNA PRESENTACIÓN CONTRA LA DESIGNACIÓN DEL JUEZ REYES COMO CAMARISTA

Los integrantes de la Comisión investigadora no gubernamental de los hechos de diciembre del 2001, realizaron una presentación ante el Consejo de la Magistratura y los miembros de la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa, a fin de expresar su rechazo a la designación del Dr. Roberto Reyes, como miembro de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de la Ciudad de Santa Fe.

Entre los fundamentos del documento, se mencionó que “Reyes intervino en la causa que se llevó adelante contra los ex integrantes de la cartera de gobierno, Enrique Alvarez y Lorenzo Dominguez, por incumplimiento de los deberes de funcionario público”, donde se dictó la falta de mérito.

“Reyes centró su investigación en el pedido que efectuara la Dra. Rivoira (Agente Fiscal de la Ciudad de Rosario) con relación de la denuncia efectuada en forma pública por APROPOL, en cuanto a la insuficiencia de las balas de goma (cartuchos antitumulto) y únicamente sobre este punto indaga a los imputados, sin perjuicio que de las actuaciones surgiera la obligación de investigar la transmisión de las funciones a través de la cadena de mandos, y determinar si los mismos incurrieron o no en incumplimiento de los deberes del funcionario público”, explicaron en un comunicado de prensa.

En tal sentido, indicaron que “que el dictado de falta de mérito de los imputados en la causa se fundamentó en expresiones tales como: “entiendo que jefes policiales de alta jerarquía, deben tener la suficiente preparación y entrenamiento como para no necesitar instrucciones especiales de un médico como el entonces ministro de Gobierno, o de un Licenciado en Ciencias Políticas como el ex subsecretario de Seguridad, lo que resulta a todas luces falaz y necio”, indicaron en el documento.

Por tal motivo, desde la Comisión consideraron que la investigación judicial dirigida por el Dr. Reyes, “resultó parcial y arbitraria”, dejando de lado “la cuestión más importante a investigar que se relacionaba con las órdenes impartidas y la transmisión de las mismas por la cadena de mandos, centrando la cuestión únicamente en la existencia de cartuchos AT”.

“Resulta inadmisible que un Juez de la Provincia no investigara las órdenes impartidas por parte de las autoridades políticas, a partir que la situación de conflicto vivida en diciembre de 2001, que fijaba la necesidad de planificar la manera que la policía iba a actuar para evitar los daños que en definitiva ocasionó”, afirmaron en otra parte del comunicado.

Desde la Comisión investigadora indicaron también que “la propuesta resulta ofensiva y claramente incompatible con el Estado de Derecho y la Democracia”, además de “constituir una afrenta inaceptable para con los familiares de las víctimas y la vigencia de los Derechos Humanos y las libertades democráticas”.