REBAJAN CONDENA A POLICÍAS QUE EXTORSIONABAN A VECINOS

El accionar de un grupo de ocho policías que trabajaban en la seccional 12ª y que, según la extensa investigación realizada en su momento, se dedicaban a extorsionar a vecinos y comerciantes de barrio Ludueña a cambio de no inventarles denuncias en su contra, es un caso cerrado para la Justicia. Seis de los acusados fueron declarados culpables, aunque recibieron sanciones de prisión atenuadas respecto de las impuestas en su momento por un juez de sentencia.

Pero como contrapartida dos de ellos no podrán ejercer ningún cargo público de por vida y cuatro no podrán trabajar en la órbita del Estado provincial durante siete años. Finalmente dos fueron absueltos de culpa y cargo y podrán reincorporarse a sus puestos con la misma jerarquía que tenían en su momento.

El fallo fue dictado por la sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, conformada por Rubén Jukic, Guillermo Fierro y Antonio Paolicelli, quienes le pusieron punto final a uno de los casos más resonantes de abuso policial de los últimos tiempos. Los camaristas emitieron su veredicto luego de que los abogados defensores cuestionaran la resolución que dictó en diciembre de 2004 el juez de Sentencia Nº4, Julio Kesuani, quien les había impuesto al cabo de investigar cuatro episodios penas de hasta ocho años de prisión.

Todo se descubrió seis años atrás, cuando un comerciante denunció ante la Justicia que recibía permanentes aprietes por parte de uniformados de la seccional de Pedro Lino Funes al 200 bis. Las extorsiones se hacían de modo regular tanto a dueños de comercios como a vecinos, a veces aprovechándose de pequeñas contravenciones o de los antecedentes penales que alguna de las víctimas tenían para amenazarlos.

En la mayoría de los casos los delitos aludidos eran inventados o reflotados por los mismos policías que, de acuerdo a lo que se pudo probar en el expediente, incurrían en una práctica sistemática de recaudación. Además de esto, adulteraban sumarios y hasta fichaban a sus víctimas con fines extorsivos.

En su momento el juez Kesuani condenó a Miguel Angel Prado a ocho años de prisión y diez de inhabilitación para ejercer cargos públicos. La misma sanción recibió su colega Alberto Rubén Nieto, implicado como él en tres de las causas bajo examen. Otro de los sancionados fue Ramón Higinio Arce, a quien le correspondieron seis años de prisión e igual tiempo de prohibición para trabajar. Mientras que a Eduardo Bruno Ojeda y Ramón Orlando Luna le impusieron cinco años y medio de encierro. Tres de los acusados (Gustavo Ramón Fernández, Hugo Blanche y Enrique Llovel) recibieron penas de prisión en suspenso porque se consideró que tuvieron una participación menor en uno de los hechos.

Ese fallo fue apelado por los defensores ante la Cámara Penal. Entre ellos, Paul Krupnik y Romina Cane, representantes de Blanche y Fernández, quienes pidieron la nulidad de la sentencia “por falta de argumentos”. Al momento de expresar su posición, el fiscal Danilo Imhoff adhirió a la postura del juez Kesuani. El 18 de mayo último, el tribunal de alzada emitió su dictamen en el que ratificó la culpabilidad de seis de los policías y absolvió de culpa y cargo a dos. La resolución conocida ayer dio por acreditadas las acusaciones contra Prado, Nieto, Arce, Ojeda y Luna, pero sobreseyó a Blanche y a Fernández.

En el caso de los condenados, todos recibieron una rebaja en las penas, pero aumentos en los períodos de inhabilitación para trabajar en la función pública. A Ojeda y a Nieto le impusieron cuatro años de cárcel y les prohibieron ejercer cargos públicos de por vida. Mientras que Prado, Luna y Arce, recibieron tres años y medio de prisión e inhabilitación por siete.