RECHAZAN LA REFORMA PENAL LAS CORTES PROVINCIALES

La entidad que agrupa a las cortes y tribunales superiores de las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires advirtió que la ley que cambió los plazos de prescripción de las causas judiciales “hará que en muchos casos se favorezca la impunidad”.

La reciente modificación del Código Penal, revelada ayer por LA NACION, ha provocado malestar en los tribunales federales porteños. Pero no todas han sido voces críticas a la reforma. Si bien ha habido dispar repercusión en el Congreso, donde la ley fue sancionada en diciembre último, la mayor parte de los legisladores justicialistas y no pocos radicales defendieron la norma. En tanto que representantes de los partidos que lideran Elisa Carrió y Ricardo López Murphy la cuestionaron.

Quienes justificaron la reforma responsabilizaron a los jueces federales por la demora en la tramitación de los juicios y destacaron que no se puede legislar para casos concretos. Aquellos que la objetaron, sostuvieron que generará un clima de impunidad por los presuntos casos de corrupción aún no resueltos y que con esta norma quedarían sin condena.

Desde el Poder Ejecutivo hubo un llamativo silencio respecto de emitir opiniones sobre el tema. LA NACION intentó en vano obtener una respuesta del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, o del ministrode Justicia, Horacio Rossatti.

Por medio de un comunicado difundido anoche, el titular de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de las Provincias Argentinas (Jufejus), Alberto Balladini, advirtió: “Esta norma puede hacer que queden sin sanción innumerables conductas presuntamente delictivas que la sociedad tiene expectativas de que sean esclarecidas en la justicia. No creo que sea una medida favorable si se busca que la comunidad vuelva a creer en la justicia”.

Mientras tanto, diputados y senadores de diversas extracciones políticas se involucraron en un fuerte debate donde no hay posiciones uniformes a raíz de lo publicado por LA NACION.

Desde la década pasada ha ido creciendo, en efecto, entre legisladores, políticos, abogados y particulares una suerte de hastío por la conducta de jueces que “se sientan sobre los expedientes” y utilizan ese procedimiento para demorar las decisiones en causas de fuerte connotación política. Esto ha sido calificado como una coacción por tiempo indefinido sobre personas actuantes en diversos sectores de la sociedad y, por lo tanto, inadmisible para el más sano espíritu de la República.

En cambio, los legisladores que objetan la ley sostienen que con ello se generará un clima de impunidad por los presuntos casos de corrupción aún no resueltos y que con esta norma quedarán sin condena.

El comunicado difundido por el titular de la junta de Cortes de todo el país no se limitó al contenido de la ley, sino que también alcanzó al modo en que la reforma se realizó. De esta manera, Balladini destacó que ni el Congreso ni el Gobierno realizaron una ronda de consultas a magistrados o a funcionarios del Poder Judicial antes de sancionar la reforma al Código Penal.

En cambio, Alejandro Aizpuru, presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires, defendió la nueva ley.

Una necesidad

“Posiblemente se prescriban más causas y esto genere malestar en la sociedad, pero era necesario que la ley fijara una postura firme con respecto a las causales de interrupción de la prescripción”, dijo Aizpuru, y en cuanto a las causas vinculadas con presuntos casos de corrupción que van a prescribir, dijo que “son un efecto no deseado pero ineludible de la ley”.

“No se puede legislar para el caso concreto y tampoco analizar una ley con respecto a los efectos que tendrá para casos determinados. Antes había interpretaciones pendulares de la ley y yo creo que, si bien es cierto que la ley tomó un criterio restrictivo ha sido justa”, concluyó.

A casi un mes de su promulgación, la ley que reformó el régimen de prescripción del Código Penal, que fue aprobada a libro cerrado por el Congreso generó apreciaciones dispares entre los propios legisladores.

La diputada Marcela Rodríguez (ARI–Buenos Aires) dijo que su bloque se opone sistemáticamente a que se reforme el código penal sobre tablas.

“La ley anterior tenía una redacción ambigua que dejaba el tema al arbitrio de cada juez, por lo tanto precisar el alcance es correcto, pero no se pueden hacer reformas al Código Penal de manera espasmódica y menos aún sobre tablas, sin tener en cuenta las consecuencias prácticas”, dijo.

Un país normal

“En un país normal esto no hubiera ocasionado problemas, pero en la Argentina, con la inoperancia de los juzgados federales, que no resuelven las causas en tiempo oportuno, se produce este conflicto”, denunció.

El diputado Federico Pinedo (Compromiso por el Cambio – Capital Federal), en cambio, apoyó la nueva ley.

“Votamos en favor porque lo que busca es que los juicios tengan una duración razonable. Acepto la crítica de penalistas importantes, que dicen que esto tenía que empezar a funcionar dentro de dos años, pero sigo a favor de la ley”, dijo Pinedo, que tampoco ahorró críticas para los jueces federales.

“Hay jueces de la servilleta que tienen en un cajón las causas penales contra dirigentes políticos y funcionarios en tren de amenaza, no hay otra explicación para tenerlas paradas diez años y cuando pasa algo político empiezan a caminar. Esto no puede ser.”

En el mismo sentido, Horacio Rodríguez Larreta, vicepresidente de Compromiso para el Cambio, declaró: “La ley no debe ser asociada a la impunidad, porque si la Justicia cumpliera los tiempos que corresponden, las causas no deberían prescribir”.

Jorge Agundez (UCR- San Luis), presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, explicó a La Nación cómo se sancionó la ley.

“Venía de Diputados, donde había sido aprobado por unanimidad, lo estudiamos, coincidía con lo que venía diciendo la jurisprudencia y lo aprobamos sin que hubiera ninguna objeción”, relató Jorge Agúndez (UCR- San Luis), que ofició de “miembro informante” cuando se presentó el proyecto de ley en la comisión que preside y fue uno de los firmantes del dictamen favorable con el que el proyecto fue elevado al recinto.

Consultado sobre las imporantes causas que podrían prescribir, Agúndez destacó que las leyes deben hacerse “en general y para el futuro”.

“Cuando sancionamos una ley lo hacemos con carácter general, no nos fijamos a quién favorecemos y a quién veneficiamos”, dijo.

El presidente del bloque de diputados del radicalismo, Horacio Pernasetti (UCR-Catamarca), también cargó las tintas contra los jueces, que, según declaró, “deberían preocuparse por trabajar” para que las causas se lleven adelante en tiempo y forma.

Correcciones

Sin embargo, Pernasetti reconoció que había tomado nota de lo informado por La Nación. “Si hay efectos no queridos en la ley, y son graves, siempre estamos dispuestos a hacer modificaciones”, señaló.

Por parte de Recrear, Pablo Tonelli, asesor legal y apoderado del partido, señaló que esa fuerza “está en desacuerdo con la sanción de la ley, porque desde el punto de vista de sus efectos es mala”.

El letrado de la agrupación que lidera Ricardo López Murphy, quien ayer regresaba de hacer campaña en la costa bonaerense, dijo que la reforma “facilita de prescripción de innumerables causas penales”.

Además, consideró una contradicción que “mientras en la órbita del Ministerio de Justicia funciona una comisión de especialistas que evalúan una reforma integral del Código Penal, el Congreso sancione esta ley sin debate, y sin necesidad”.

Por su parte, el diputado Adrián Menem (PJ- La Rioja), miembro de la Comisión de Legislación Penal también defendió la modificación al Código Penal. “Lo que hizo la reforma fue unificar criterios y fue acuñada por todos los partidos. Ahora va a ser una cuestión de los jueces, que van a tener que agilizar las causas. Tendrán que tomar más medidas para que no prescriban”, dijo el sobrino del ex presidente. En cuanto al juicio seguido contra su tío dijo: “Esa causa ya cayó con el fallo de la justicia suiza que dijo que no había cuentas. La cuestión se tornó abstracta.”

Como se ve, la cuestión es mucho más compleja y controvertida de lo que pretenden los magistrados judiciales y los funcionarios que se han pronunciado sobre el tema: las opiniones están más divididas de lo que hace suponer el mero registro sin debido análisis de lo que aquellos han tenido que decir.

Polémica entre los legisladores

Federico Pinedo (CPC)

“Votamos a favor porque lo que busca [la reforma] es que los juicios tengan una duración razonable. Hay jueces de la servilleta que tienen en un cajón las causas penales contra dirigentes políticos y funcionarios en tren de amenaza, no hay otra explicación para tenerlas paradas diez años. ”

Adrián Menem (PJ)

“La reforma fue acuñada por todos los partidos y lo que hizo fue unificar criterios para que no haya fallos contradictorios. En cuanto al juicio [por presunta omisión maliciosa] contra Carlos Menem, ya cayó con el fallo de la justicia suiza que dijo que no había cuentas. La cuestión se tornó abstracta.”

Marcela Rodríguez (ARI)

“En un país normal la nueva redacción del Cógigo Penal no hubiera ocasionado problemas, pero en la Argentina, con la inoperancia de los juzgados federales que no resuelven las causas en tiempo oportuno, se produce este conflicto.”

Horacio Pernasetti (UCR)

“Los jueces deberían preocuparse por trabajar para que las causas se lleven adelante en tiempo y forma. Pero si hay efectos no queridos en la ley, y son graves, siempre estamos dispuestos a hacer las modificaciones que sean necesarias.”