RECHAZO AL PROYECTO DE REFORMA DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Uno de los logros alcanzados por la Reforma de la Constitución de 1994 fue la creación del Consejo de la Magistratura. Construido sobre el objetivo de controlar el funcionamiento de la Justicia, garantizar su independencia, mejorar el mecanismo de selección de jueces y jerarquizar la Justicia a través de su formación y capacitación permanente de los magistrados; la conformación del Consejo de la Magistratura se reglamentó cuatro años después de su sanción constitucional.

Creo que sabiamente se previó un equilibrio entre las fuerzas políticas con representación parlamentaria, respetando la inclusión de las minorías entre sus miembros, representantes de los Magistrados, de los colegios de abogados y de los representantes de las academias de Derecho.

Esmerada atención, requería esta variada inclusión, para alcanzar un delicado equilibrio en la composición y poder cumplir con los objetivos propuestos por este Consejo: independencia del Ejecutivo de turno, compensando a la representación corporativa autodefensiva con la representación de los colegios de abogados, los parlamentarios y los académicos, se conformó un fino dispositivo de relojería, cuya alteración de una de sus piezas impide que funcione el conjunto.

Es para resaltar entre sus propósitos la cualificación de la justicia a través de la creación de la escuela judicial y de un jurado permanente de enjuiciamiento, que otorga seguridad jurídica al proceso, a la vez que cumple con el requisito de las personas sean juzgados por sus jueces naturales, como manda nuestra Constitución. Es importante observar -para no desnaturalizar el instituto- las funciones que fueron trasladadas al Consejo de la Magistratura que antes estaban en el Congreso (acuerdo y jurado de enjuiciamiento)o en el Poder Judicial (presupuesto), entre otras. Esto indica que estas instituciones responden a una necesidad y tienen una historia detrás que impide analizarlas desde la conveniencia del momento o sólo desde la oportunidad política.

Destaco también como un detalle no menor, el momento de su creación: durante el segundo gobierno del Dr. Menem que, como tristemente lo recordamos, se caracterizó –entre otras cosas- por una corte adicta y el nombramiento de jueces federales impulsados por quienes tenían la mayoría en el Senado por aquel entonces.

El significativo avance que produjo su constitución y puesta en marcha ayudó a mejorar el sistema de seleccién. También fueron importantes las denuncias recibidas y su sustanciación, la creación de la Escuela Judicial (que está demostrando sus frutos) y el funcionamiento del Consejo que, después de superar la lentitud de su puesta en funcionamiento, está garantizando la independencia del Poder Judicial.

El proyecto original del Ejecutivo, cuyo tratamiento comenzó en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado presidido por la Senadora Cristina Fernández de Kirchner, es un proyecto que atenta contra la INDEPENDENCIA DELPODER JUDICIAL, alterando los equilibrios que tanto trabajo costó conseguir. El proyecto del ejecutivo prevé reducir la composición de sus miembros eliminando representantes parlamentarios, de los colegios, de los magistrados y de las universidades y la transformación de los tribunales de enjuiciamiento. Estas reducciones dañarían las proporciones representativas y dejarían al Ejecutivo con amplios poderes dentro del Consejo de la Magistratura.

Este gobierno recorre un peligroso camino hacia la concentración de poderes avanzando sobre el Congreso -donde por sí ya tiene amplias mayorías- senda a la que se abona con la utilización de los decretos de necesidad y urgencia y las facultades otorgadas al Jefe de Gabinete para la reasignación de los recursos aprobados en el Presupuesto.

Este mismo Ejecutivo concentra su poder con un estilo cada vez más unipersonal, donde no se admiten ministros con peso propio y donde las provincias están subordinadas cada vez más al favoritismo del gobierno central, que acumula recursos de todo el país con una recaudación pocas veces conocidas en la Argentina.

Por otra parte, las operaciones sobre la prensa independiente son conocidas y han sido denunciadas en varias ocasiones. A ello debemos agregar el abultado presupuesto destinado a publicidad oficial y las vinculaciones políticas a importantes empresarios de medios nacionales, nos da una idea del dispositivo de control que se cierne sobre la prensa.

Es en este contexto: de ansias de control, de triunfalismo y tentaciones hegemónicas donde se construye el ambiente para el mejoramiento de una justicia independiente .En otro contexto semejante, rodeado de triunfos electorales y bonanzas económicas, el ex presidente peronista Carlos Menen avanzó en la pulverización de los organismos de control y en el debilitamiento de las instituciones republicanas.

Con estos precedentes, como Vicepresidente del Bloque de Diputados de la U.C.R. adelanto mi posición de firme rechazo a este proyecto de reforma de la composición del Consejo de la Magistratura, que tendrá próximo tratamiento en la Cámara de Diputados, y advertimos que quienes conformamos el bloque radical no permitiremos que se avance por el camino de la desprotección de la independencia del Poder Judicial, última garantía de las libertades individuales y de protección de los intereses generales frente a las arbitrariedades del ejecutivo.

De aprobarse este proyecto no se obtendría beneficio alguno para el mejor funcionamiento de la Justicia y lesionaría gravemente nuestro sistema democrático, que tanto nos cuesta sostener y desarrollar en nuestra República Argentina