RECHAZOS A LA REFORMA A LA UNIDAD ECONÓMICA AGRARIA

La Federación Agraria Argentina y la seccional Santa Fe de la UPCN expresaron su rechazo al proyecto de desregulación de la unidad económica agraria en la provincia, votada semanas atrás por el Senado y que se encuentra a discusión en las comisiones de Diputados. “En la práctica habilitará el negocio de unos pocos y complicará todo intento por mejorar la distribución de la tierra”, afirma el pronunciamiento de la primera entidad. En tanto, el gremio de estatales plantea la incompetencia de la provincia en la cuestión.

El proyecto para desregular la unidad económica agraria no es una novedad legislativa. Sobre el final del período ordinario anterior, Diputados dejó caer el proyecto que impulsó el Senado, Cámara que insistió este mes con el asunto. En la Cámara Baja, por ahora, son menos los que aspiran a la reforma y uno de ellos, José Pividori (PJ) intentó que el tema fuera considerado por una sola comisión y no por cuatro, como había decidido la Secretaría Parlamentaria. Finalmente, el asunto fue remitido a dos: Agricultura y Ganadería y Asuntos Constitucionales.

Ante esta situación, empleados, profesionales y técnicos del Ministerio de la Producción, a través del cuerpo de delegados de UPCN, manifestaron “su profunda preocupación por la media sanción que el Senado otorgó al proyecto que busca liberar la unidad económica agraria”.

El gremio remitió una nota al presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, Hugo Marcucci (UCR), donde se le expresa que “el proyecto busca derogar la ley 9.319, que impide subdividir el suelo productivo por otra ley que, aunque su título hable de regulación de la unidad económica, en la práctica no regula nada”.

UPCN hace notar que el proyecto tiene el rechazo del Colegio de Ingenieros Agrónomos, del Instituto de Derecho Agrario del Colegio de Abogados de Rosario y de la Federación Agraria Argentina, “quedando de este modo sin aval técnico ni legal”.

Advierte que, “más allá de la profundidad técnica que merece esta problemática, en este proyecto el Ministerio de la Producción pierde una función que le es propia y que le fuera acordada por la ley de Ministerio, al no permitirle que pueda inmiscuirse en materia de subdivisiones rurales, enmascarando la dimensión de la unidad económica agraria como recurso productivo, al solo efecto de violar lo que establece el Código Civil en su artículo 2326. La unidad económica agraria es una institución perteneciente a una legislación de fondo y las provincias no pueden desconocerla bajo normativas provinciales que la cercenen, la desnaturalicen o la deroguen”.

Desde el campo

Por su parte, Federación Agraria advirtió que “la mayoría oficialista en el Senado volvió a intentar eliminar la unidad económica agraria, situación que en la práctica habilitará el negocio de unos pocos y complicará todo intento por mejorar la distribución de la tierra.

“La intentona vuelve -se presume que fogoneada desde sectores de profesionales que se verían beneficiados con las subdivisiones y nuevas propiedades mínimas que habilitaría esta ley- de la mano del senador por el departamento Belgrano Alberto Crossetti (PJ), y refrendado por la mayoría automática con que el oficialismo cuenta en la Legislatura”, agrega.

Recuerda que Alberto Gelín, directivo del Colegio de Ingenieros Agrónomos señaló que el proyecto “violenta el Código Civil que define la unidad económica agraria como la superficie mínima que garantiza el normal desenvolvimiento de una familia tipo”.

Para Federación Agraria, “la proliferación de subdivisiones territoriales en forma indiscriminada conlleva indefectiblemente al afloramiento de minifundios, con el consecuente agotamiento de los recursos naturales. Una política sustentable en el tiempo requiere, entre otras cosas, de la preservación de superficies adecuadas que posibilite la rotación de cultivos. Si no fuera así, se estaría comprometiendo seriamente el recurso tierra para las generaciones futuras, lo que viola en forma directa el principio constitucional de desarrollo sustentable o sostenible”.

La entidad agropecuaria admite que “la normativa actual conlleva a problemas de normalización de situaciones derivadas de los límites impuestos a la subdivisión de predios. Las herencias, los testamentos o decisiones de vender son discusiones frecuentes entre condóminos. Pero no por eso hay que perder de vista el mal mayor que está al acecho, azuzado por el interés de algunos sectores profesionales que la promueven por conveniencia”.