RECLAMA MÁS RECURSOS EL TRANSPORTE DE PASAJEROS

Aumentar la tarifa o conseguir más subsidios. Ésas parecen ser las únicas dos alternativas que encuentran los empresarios del transporte de pasajeros de la ciudad para poder afrontar el último incremento salarial obtenido por su sector: 27,8 por ciento otorgado a nivel nacional. La preocupación no es sólo santafesina. En la misma incertidumbre están el resto de las provincias y ciudades del interior (ver Discriminación a las provincias).

En lo que respecta a la ciudad, los empresarios del sector urbano informaron al gremio sobre la imposibilidad de afrontar el reajuste salarial e hicieron pública su opinión, por lo que el tema está instalado también en el municipio. De este porcentaje aún quedan afuera los 100 pesos correspondientes que comenzaron a abonarse el 1° de enero por aplicación de un decreto nacional y serán incorporados al básico en octubre.

Para el transporte urbano, el día D será el 6 de junio, es decir, el cuarto día hábil del mes, plazo al que se ciñen a rajatablas para cobrar sus haberes. Ese día, el básico de un chofer local pasará a ser de algo más de 2.000 pesos, incluidos los últimos aumentos y un 20 por ciento que surge de un acta acuerdo firmada en Santa Fe, explicó Gerardo Ingaramo, en representación del empresariado. A este dato se suma que el promedio de antigüedad de los choferes es de 15 años en la ciudad, lo cual lleva ese haber todavía más arriba.

“No tenemos los fondos para afrontar este pago”, resumió Ingaramo.

Gestiones a todo nivel
¿Cuáles son las alternativas? Del probable aumento de tarifas ya se habla en voz alta. Incluso el intendente Martín Balbarrey señaló que “siempre hay que evitar (ese aumento) y por eso gestionamos subsidios. Lo que ocurre es que cuando se da esta política salarial, que hace que los gastos se vayan para arriba, es imposible sostenerla”.

Mientras tanto, se insiste en la otra opción, que es conseguir más subsidios. El pedido no es sólo para Santa Fe, sino para otras ciudades que se encuentran en la misma situación. “Todo el interior está haciendo fuerza para ver si pueden conseguir más fondos y financiar este aumento de sueldos, que son tan importantes que se hace difícil sostenerlos sin un aporte especial”.

Las gestiones están canalizadas vía gobierno provincial. Empresarios de Cetramp y Atap se reunieron ya con Diputados (ver aparte).

“Los salarios se fueron a más de 2.000 pesos y se financian con recaudación o con los subsidios nacionales”, explicó Balbarrey. Por eso, toda la atención está puesta en lograr un mayor monto de ese aporte nacional o, una disminución en el costo del gas oil destinado al sector. “El conflicto es en toda la provincia y nacional, sobre todo, para el interior del país, donde tenemos una relación de pasajero transportado (por kilómetro) menor y, además, recibimos menos subsidios”, consideró el intendente.

Mientras tanto, para el transporte de la ciudad el aumento salarial implica -según Ingaramo- un desembolso de 600 mil pesos más para este mes.

Diputados escucharon quejas
La presidenta de la comisión de Transporte de la Cámara de Diputados, Miriam Benítez (PPS), y su par, Gabriel Real (PDP), recibieron a empresarios del transporte automotor de pasajeros nucleados en Cetramp y Atap, y se comprometieron a gestionar una reunión con el gobernador Jorge Obeid para que escuche el planteo del sector.

Los legisladores informaron de inmediato, mediante nota, al ministro de la Producción, Roberto Ceretto, sobre las características del encuentro.

Benítez dijo que los empresarios plantearon la situación del sector a la que calificaron de “grave y difícil”. Explicaron que hace tiempo que no se les actualizan las tarifas ni reciben incrementos de los subsidios y aseguraron que “ahora no podrán hacer frente a los incrementos salariales que dispuso desde el primero de mayo el Ministerio de Trabajo de la Nación para los choferes de corta, media y larga distancia”. Explicaron que este incremento significará de un 15 al 20% de las recaudaciones.

“Los empresarios expusieron la necesidad de que el gobernador Obeid los reciba en una audiencia para hallar juntos en el corto plazo una solución a los problemas. La falta de respuesta se traducirá en medidas de fuerza por parte de los choferes de corta, media y larga distancia”, explicó la legisladora.

Carta al ministro
En la nota a Ceretto, los diputados entienden que es necesario que el Ejecutivo realice gestiones concretas ante el gobierno nacional, ya que a la situación imperante en el transporte de pasajeros se sumó la cuestión salarial.

Agregan en la nota que “la situación se agrava con la actitud del gobierno de la Nación, que ha incrementado los subsidios de las empresas que pertenecen en forma exclusiva al área Metropolitana, dejando totalmente fuera a las empresas provinciales y, en particular, a Santa Fe, lo cual genera una asimetría de posibilidades en cuanto a competitividad”.

Trasladan a Ceretto otro inconveniente que es el abastecimiento del gas oil diferencial. Los transportistas dicen que, desde el día 20 en adelante, no cuentan con provisión subsidiada alguna.

La carta no deja de advertirle a Ceretto que los transportistas no descartan tomar medidas de fuerza debido a la imposibilidad económica de seguir prestando el servicio.

Discriminación
El diputado nacional Eduardo Di Pollina planteó un caso de discriminación por parte de la Secretaría de Transporte de la Nación, que otorgó subsidios a empresas de Buenos Aires y el conurbano para paliar un aumento salarial, pero dejó fuera de los beneficios a las empresas del interior del país.

El legislador socialista presentó un proyecto de declaración para que la Cámara Baja exprese su “preocupación por la exclusión que han sufrido las jurisdicciones provinciales”. Además, planteó en otra iniciativa que el Poder Ejecutivo nacional equipare el otorgamiento de subsidios al transporte público de pasajeros.

La decisión respecto de tales beneficios surgió como consecuencia del aumento salarial acordado en el Ministerio de Trabajo -el 5 de mayo último- entre los representantes patronales y la entidad gremial Unión Tranviarios Automotor (UTA), que se hizo extensivo a todo el país.

Si bien el acuerdo tuvo en cuenta el impacto sobre la economía de las empresas de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, a los que la Secretaría de Transporte concedió nuevos subsidios, no se contempló la situación de las empresas que desarrollan sus actividades en las restantes ciudades del país.

“Con ello -dice Di Pollina- se rompió con el equilibrio que existía hasta entonces y se perjudicó a quienes constitucionalmente se encuentran en condiciones de requerir un trato igualitario, porque aquel aumento salarial también incidirá en sus economías, al tener alcance nacional”.

Con el aval de otros diputados de diversas provincias del interior del país, el vicepresidente del bloque Socialista planteó el proyecto “para que el Estado no tenga que salir tarde y mal a reparar graves perjuicios que se puedan evitar, si se rectifica lo actuado por la Secretaría de Transporte”.