Reclaman al Defensor del Pueblo de la Nación por falta de abastecimiento de garrafas

En la misiva, según explicaron los legisladores, se solicita al Defensor del Pueblo de la Nación “lleve adelante los actos administrativos y/o judiciales que pudieran corresponder para lograr el abastecimiento de gas envasado al pueblo de la provincia de Santa Fe, conforme las disposiciones legales vigentes. Asimismo se provea a la población y en la forma establecida de las denominaciones “garrafas sociales”.

Los diputados aseguraron que en diversas localidades de la provincia se ha advertido la escasez en la provisión de garrafas o en su defecto la venta de las mismas a precios superiores a los establecidos por el Gobierno Nacional.

“A esta situación se suma la existencia de negocios que carecen de stock de garrafas, colas para conseguir gas envasado, desabastecimiento, especulación y hasta denuncias de exportación ilegal. Son las irregularidades que denuncia la población santafesina”, explicaron los legisladores Bertero y Lamberto.

Además los diputados recibieron denuncias por posibles casos de discriminación en la distribución de la denominada “garrafa social”, con preferencias o preeminencias hacia gobiernos locales vinculados políticamente a la administración nacional.

Cabe destacar que efectúan el pedido en virtud de lo establecido por los artículos 43 y 86 de nuestra Constitución Nacional que le otorga al Defensor del Pueblo de la Nación la legitimación procesal a los fines de tutelar los derechos y garantías establecidos por la misma Constitución y leyes nacionales. También se solicitó al ombudsman, que ante el registro de diversas conductas especulativas y restricción de venta de las garrafas “en su carácter de defensor de los derechos de la ciudadanía, eleve las denuncias penales que correspondan en tales casos, conforme a la legislación vigente”.

Finalmente Lamberto y Bertero aclararon que “la Ley 17.319 expresamente impone como objetivo principal de la política sobre hidrocarburos satisfacer las necesidades que tengan los ciudadanos con el producido de sus yacimientos y obliga a mantener las reservas para cumplir tal finalidad. Además la Ley 20.680, denominada Ley de abastecimiento, el Poder Ejecutivo tiene la facultad de intervenir y disponer la venta de productos y mercaderías, que en este caso en particular tendría el objeto de garantizar la provisión de tal servicio”.