RECLAMO POR EL CASO LEPRATTI

El fiscal de Cámaras José María Peña reclamó a su par de primera instancia Élida Rivoira que impulse la causa por supuesto encubrimiento y falsificación de actas, en la subcomisaría 20ª, del crimen del militante Claudio Pocho Lepratti. Rivoira pidió a mediados de marzo la declaración informativa de cuatro funcionarios policiales de jerarquía, entre ellos el jefe de la Unidad Regional II, José Maldonado, que el 19 de diciembre de 2001 estaba al frente de la División Judiciales y según el libro de guardia de la seccional llegó allí con personal a cargo, a las 19.50 de la trágica jornada.

El juez de instrucción Osvaldo Barbero procesó a nueve uniformados por adulterar ese día documentación sobre el asesinato y encubrir a sus responsables, aunque no había trepado en la cadena de mandos. Ahora debe decidir qué tipo de declaración (informativa o indagatoria) toma a los nuevos policías señalados por la Fiscalía: además del comisario mayor Maldonado, el dictamen compromete al ex titular de Orden Público Ernesto Gratarola, y a las entonces máximas autoridades del Comando Radioeléctrico de Arroyo Seco. Se trata de Pedro Domínguez y del oficial Daniel Braza, jefes del agente Esteban Velásquez, quien habría disparado contra Lepratti. Este policía está detenido, en juicio por homicidio simple.
Para decidir si convoca las indagatorias, Barbero ordenó nuevas medidas en el expediente Nº 487/02, formado a partir de contradicciones entre testigos y pericias técnicas con los registros oficiales. Estos documentos consignaron un enfrentamiento, es decir un ataque previo por parte de la víctima, que la pesquisa judicial pronto desbarató.

Las últimas medidas que ordenó Barbero se refieren al listado de llamadas entrantes y salientes de la subcomisaría 20ª y de la División Judiciales. Según un vocero de la investigación, la diligencia procura determinar cuándo se enteró Judiciales (que interviene si hay policías sospechados de cometer delitos) de la muerte de Lepratti. Como se presume que el propio tribunal fue engañado sobre las circunstancias del crimen, quienes dirigen la pesquisa quieren descartar que a la repartición presidida por Maldonado le haya sucedido lo mismo.
Barbero recibió el informe telefónico pero decidió ampliarlo porque no contempla las llamadas entre internos y las derivaciones desde la central. Estos datos quedan registrados en una computadora de Jefatura, y son los que aguardan en Tribunales para definir las declaraciones. Mientras, el fiscal Peña pidió celeridad. “Es necesario que en forma urgente se recaben todas las medidas para llegar a la verdad histórica, impulsando la recepción inmediata de las declaraciones al personal de la División Judiciales involucrado y/o a quien correspondiera”, afirmó en su escrito.
Cuando Barbero descubrió el engaño policial, indagó a diez uniformados del Comando Radioeléctrico de Arroyo Seco y de la subcomisaría 20ª, incluidos sus titulares. Nadie dijo una palabra, pero la prueba reunida hizo concluir al magistrado que nueve de ellos deben ser enjuiciados. La resolución no está firme ya que fue apelada.

En febrero, el sargento primero Jorge Orué, sumariante en la subcomisaría de San Martín y Muñoz luego trasladado, se enteró del procesamiento y rompió el silencio. Contó que el 19 de diciembre de 2001 estaba de licencia cuando su jefe Roberto De la Torre lo citó de urgencia y le ordenó que se quedara en la planta baja para tomar los datos de los detenidos que fueran llegando. Así pudo ver el ingreso, siguió el vocero consultado, de Velásquez y Gratarola, entre otros. Enseguida, De la Torre, las autoridades del Comando Radioeléctrico de Arroyo Seco y personal de la División Judiciales, que había arribado momentos antes, habrían subido a la parte alta del edificio, “previamente a la consulta con el tribunal y la confección de las actas”.

Se investiga si en esas circunstancias fue alterada la documentación oficial.

Ante la revelación de Orué, fue secuestrado el libro de guardia de Judiciales correspondiente al 19 de diciembre de 2001. Allí consta, según la fuente, que Maldonado estuvo en la sección hasta que se retiró cerca de la madrugada. También aparece que tres numerarios salieron durante la tarde rumbo a la subcomisaría 20ª.

En cambio, el libro de guardia de esa dependencia asegura que Maldonado llegó ahí a las 19.50 con personal a cargo, agregó la fuente.
De acuerdo con el registro, la División Judiciales fue convocada antes de que el juez se enterara del incidente.