RECLAMO POR LA MASACRE DE CORONDA

La comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados de la Nación expresó su preocupación por la falta de resultados judiciales tras la masacre ocurrida en la cárcel de Coronda donde el 11 de abril pasado fueron asesinados nueve internos.

Dicha preocupación está expresada en el trabajo final de la comisión que recoge la tarea realizada por los diputados Eduardo Di Pollina y Alicia Tate, ambos santafesinos, y el correntino justicialista Hugo Perié, titular del grupo de trabajo. Los tres entrevistaron a los internos y a las autoridades del penal y a 8 meses del hecho advierten que “no avanza el esclarecimiento de las responsabilidades institucionales”.

Los legisladores consideran que “la justicia no ha hecho nada, al menos no se observan resultados”. A través de una nota y una copia del informe que elaborara en su momento la comisión cuando visitó la cárcel, comprometieron al gobernador Jorge Obeid, a que colabore en la lucha contra la impunidad.

Di Pollina, Períe y Tate fueron los tres miembros de la citada comisión que en su momento, junto a Lilian Etchegoy y Federico Garat, de la Coordinadora de Trabajo Carcelario de Rosario, ingresaron al penal de Coronda y entrevistaron a los internos y autoridades del penal, tras lo cual elevaron un informe detallado.

La comisión tuvo la posibilidad de entrevistar a solas y en largas sesiones a varios delegados de los internos, que manifestaron, sin condicionamientos, detalles de la situación vivida en el penal. También hablaron con los profesionales que cumplen funciones en la cárcel y con las autoridades.

Algunas advertencias

El trabajo final si bien destaca que “la actuación del interventor es valorada como positiva por todos los internos entrevistados, falta una adecuada protección de los testigos y no se profundizó la investigación de los hechos por parte de la justicia, lo cual constituye la violación del derecho a la vida, refuerza la impunidad y por consiguiente el peligro latente de la repetición de los hechos”.

Se subraya, además, la hipótesis de la connivencia entre un sector de los internos con parte de la dirección intermedia del penal. “Hubo innumerables hechos que denotan la actuación del personal penitenciario para que se genere un motín”, señaló el informe. En ese sentido, los reclusos testimoniaron que “los días posteriores al 11 de abril, apareció un número importante de chuzas en un baño del pabellón 4. En tanto, en el pabellón 8, la guardia les abrió las puertas incitando a los internos a que vayan a otra ala a tomar revancha”.

Siempre según la detallada investigación in situ que realizaron los diputados y los miembros de la Comisión de Trabajo Carcelario, se concluye que “sectores dentro del Servicio Penitenciario intentan boicotear el esfuerzo de normalización del penal”.

Además, el informe estableció que “en general la tortura y el maltrato son considerados normales por los funcionarios del servicio penitenciario. Y que la naturaleza cerrada y aislada de las prisiones puede dar oportunidad a que se cometan actos abusivos, con impunidad, algunas veces de manera organizada y otras por iniciativa de un funcionario del servicio penitenciario a título individual”.