RECURRIRÁN AL MERCORSUR PARA FRENAR LAS PLANTAS DE CELULOSA

Con la presencia de ambientalistas, legisladores nacionales y provinciales del justicialismo y el radicalismo y las autoridades de la Provincia, se acordó ayer en la Casa de Gobierno pedir a la cancillería que impulse en el Mercusur el dictado de una normativa ambiental que prohíba el funcionamiento de celulosas contaminantes como las que se instalan en el Uruguay, de manera similar a las disposiciones que rigen para la Unión Europea.

Durante la reunión, en la que fue notoria la ausencia de representantes del Nuevo Espacio, se resolvió también encarar una fuerte acción parlamentaria en el Congreso de la Nación, lo que fue avalado por el presidente da la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Jorge Argüello.

El interés de Misiones y Corrientes por facilitar la instalación de estas plantas motivó la decisión de que una delegación entrerriana viaje a esas provincias para presentar la documentación que fundamenta los niveles de contaminación que produce este tipo de fabricación. Con el mismo objetivo, en los próximos días se impulsará una resolución de la Comisión Regional de Comercio Exterior del NEA (Crecenea), que agrupa a las provincias del Litoral.

Quien propuso la implementación de una normativa ambiental a nivel del Mercosur fue el gobernador Jorge Busti, quien anunció que el lunes solicitarán al presidente Néstor Kirchner que a través de la cancillería se haga la propuesta al organismo que nuclea a los países de la región. La idea es que se adopte una medida similar a la Directiva Nº 96/61 de la Unión Europea, que exige el uso de tecnologías no contaminantes para las industrias del Viejo Continente y obliga a la reconversión tecnológica antes de 2007.

Otro de los pedidos que se hará al gobierno nacional es que se efectúe una propuesta de utilización sustentable de la madera al Uruguay, de modo que existan alternativas a las plantas de celulosa. Esta estrategia fue aportada por los integrantes de la Asamblea Ambiental Ciudadana de Gualeguaychú, quienes incluso mencionaron que se estudie la conveniencia de que se dé una asistencia financiera al vecino país para lograr ese objetivo.

La Asamblea también pidió que se incluya en los diseños curriculares de las escuelas la problemática ambiental, y que se exija a los organismos dependientes del Estado que unifiquen el discurso de oposición a las fábricas contaminantes para evitar expresiones favorables a las papeleras que ya se han dado de parte de funcionarios del INTA, por ejemplo.

A propuesta del diputado radical Osvaldo Fernández, se decidió pedir a la Nación que presente el caso ante el Tribunal Internacional de La Haya.

También se acordó apoyar las movilizaciones que harán los vecinos de Gualeguaychú a las embajadas en Buenos Aires de Finlandia, España y Uruguay; y continuar con las presentaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Banco Mundial.

Los ambientalistas hicieron hincapié en la necesidad de conseguir la declaración de Sitios Ramsar de los humedales de la provincia a fin de lograr una protección del ecosistema, fundamental para impedir las instalaciones.

“Hay que dar un salto cualitativo: necesitamos conformar un frente sólido. Hay que hacer las movilizaciones a las embajadas. Ahora hay que jugar fuerte”, dijo Busti.

LA SITUACIÓN JURÍDICA

La reunión comenzó con una exposición de Romina Picolotti, representante del gobernador y vicegobernador en las presentaciones contra el Estado uruguayo. Ella manifestó que recibió la notificación de la Oficina de la Ombudsman del Banco Mundial que ordena realizar la auditoría a la Corporación Financiera Internacional (CFI) y al Organismo Multilateral de Inversiones y Garantías (OMGI) sobre los procedimientos para los créditos solicitados por Botnia y ENCE.

“En muy raras ocasiones se ha conseguido una auditoría. Consideramos un éxito esta decisión”, manifestó Picolotti. Y aclaró que se definió la necesidad de participación y consulta de los afectados del lado argentino –a través de un organismo independiente– para seguir con el procedimiento; y que se suspenda la evaluación del financiamiento por parte de la junta de directores del Banco Mundial. “Por ahora la CFI no va a decidir sobre estos créditos”, manifestó.

Con respecto a la demanda ante la CIDH, se anunció que el Uruguay respondió argumentando que no se agotaron las instancias del derecho interno. Entre Ríos mantendrá el planteo original y sostendrá que los tribunales uruguayos no tienen competencia para un caso que excede sus límites fronterizos.

Estuvieron los legisladores nacionales justicialistas Graciela Bar, Blanca Osuna, Rosario Romero, Delma Bertelyotti y Hugo Cettour, y los radicales Ricardo Taffarel, Gustavo Cusinato y el electo Sergio Varisco. Durante la reunión Busti recibió el llamado del canciller Rafael Bielsa confirmando la designación del ambientalista Horacio Melo en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).

BLOQUEARON UNA EXPORTACIÓN PARA BOTNIA

La Aduana argentina bloqueó la exportación a Uruguay de instalaciones que iban a ser utilizadas en la construcción de una de las celulosas de Fray Bentos, según confirmó el director del organismo nacional, Ricardo Echegaray. Se trata de “una estructura de turbinas y otra de línea de fibra”, explicó el funcionario, valuada en 3 millones de dólares.

Echegaray confirmó que las instalaciones iban a ser exportadas por “una empresa constructora argentina”, y que la compradora era “la firma finlandesa Botnia SA”, responsable del montaje de la papelera. “Se evaluó que se trata de una compleja operación de exportación, que intenta realizar la mencionada empresa mediante envíos escalonados de la Argentina a Uruguay”, puntualizó.

La Aduana justificó la decisión a partir de la misión que tiene el organismo “en materia de protección del medio ambiente y de la salud pública de la población”. Según se indicó, el bloqueo forma parte de “medidas que utiliza la Aduana por diversas razones de Estado”. Se actúa de igual modo, por ejemplo, en casos de “ingresos o egresos de mercadería con PCB, armas, especies en extinción o patrimonio cultural”.