RECURSO DE CAVALLO ANTE LA JUSTICIA ARGENTINA PARA EVITAR QUE LO JUZGUEN EN ESPAÑA

En una estrategia contrarreloj para evitar ser sometido a juicio oral y público en España, la familia del represor Ricardo Miguel Cavallo hizo una presentación ante la Justicia argentina para que sea aplicado el principio de “territorialidad” y que sean los tribunales locales los que lo juzguen.

El planteo fue realizado ante el juez federal Sergio Torres por Oscar Cavallo, padre del represor acusado de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar.

Ayer, la Sala III de la Audiencia Española rechazó un recurso de nulidad interpuesto por la defensa de Cavallo y resolvió que el represor será juzgado en territorio español. Y así ordenó la inmediata tramitación de la causa y destacó que contra esta resolución “no cabe recurso alguno”. (Edición impresa)

Arrestado el 24 de agosto de 2000 en México y extraditado a España en junio de 2003, Cavallo fue procesado por el juez Baltasar Garzón por los delitos de genocidio, terrorismo y torturas cometidos durante su actuación como represor en la ESMA, según la indagatoria del Proceso de Madrid contra crímenes de la dictadura argentina. El oficial de la Armada actuaba con los alias de “Sérpico”, “Miguel Angel” y “Marcelo”. Está acusado por la desaparición de 227 personas y el secuestro de otras 110.

En los meses de setiembre y octubre pasados se esperaba que el oficial de la Marina fuera sometido a juicio oral, pero su defensa interpuso un recurso para que se emitiera una comisión rogatoria internacional, a fin de que la Justicia argentina informara si había causas abiertas contra Cavallo y si iba a pedir su extradición. Un mes después, el trámite de la causa se paralizó por ese recurso.

El juez Torres respondió señalando que el juicio contra Cavallo y otros militares “se acaba de iniciar”. En octubre pasado, el fiscal Eduardo Taiano pidió a Torres la investigación de unos 190 militares, entre los que se encuentra Cavallo.

Luego que el Congreso declarara, en agosto de 2003, la nulidad de las Leyes del Perdón, la Cámara en lo Criminal Federal ordenó la reapertura de dos megacausas, una de ellas correspondiente a violaciones a los derechos humanos cometidas en el ámbito del Primer Cuerpo del Ejército y otra en la ESMA.