RECUSARON AL JUEZ ROBERTO REYES QUE EXCULPÓ A DOMINGUEZ Y ÁLVAREZ

El juez Correccional de Santa Fe, Roberto Reyes perdió la línea. Ayer salió de su despacho y encaró a los abogados de la Comisión Investigadora No Gubernamental que unos minutos antes lo había recusado en la causa en la que están imputados el ex ministro de Gobierno, Lorenzo Domínguez y el ex subsecretario de Seguridad Pública, Enrique Alvarez por supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público en la represión de diciembre trágico. Enfrentó al semicírculo en un patio del subsuelo de Tribunales y deslizó el convite: “Si quieren los recibo, les puedo explicar la resolución”, dijo‑ en la que ya declaró la falta de mérito de los amigos de Carlos Reutemann. Los invitados demoraron la respuesta. Fueron unos segundos de tensión, que una mujer se encargó de cortar con ironía. “No hay nada que explicar”, retrucó la doctora Carmen Maidagan. El juez dio media vuelta y volvió sobres sus pasos.

El escrito fue presentado por familiares de víctimas de la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001 con un doble objetivo: comparecer como actores civiles -la única posibilidad de intervenir en el sumario penal‑ y apartar del proceso al juez Reyes a quien acusaron de prejuzgar en la causa en la que indagó a Dominguez y Alvarez y ya declaró la falta de mérito de ambos. El planteo fue hecho por el padre de Claudio “Pocho” Lepratti, la esposa de Rubén Pereyra y la madre de Juan Delegado con el patrocinio de abogados de la Comisión Investigadora No Gubernamental.

El juez Reyes limitó la pesquisa a indagar si la Policía tenía pertrechos antitumultos suficientes para reprimir la revuelta que dejó siete muertos -entre ellos Lepratti, Pereyra y Delgado‑, decenas de heridos y un baño de sangre en las calles de Rosario. Sin embargo, no se privó de opinar sobre las órdenes que según el juez Correccional de la 2ª nominación de Rosario, Juan José Alarcón -que intervino en otra etapa del proceso‑ era otra de las hipótesis a investigar.

“Entiendo que los jefes policiales de alta jerarquía (que comandaron las fuerzas represivas) deben tener la suficiente preparación y entrenamiento como para no necesitar instrucciones especiales de un médico como el entonces ministro Domínguez y de un licenciado en Ciencia política como el ex subsecretario Alvarez “, escribió Reyes al dictar la falta de mérito de los amigos de Lole. “Una barbaridad -opinó la doctora Maidagan‑ porque Domínguez no estaba ahí como médico, no atendía a nadie. Domínguez era el ministro de Gobierno y tenía que cumplir sus funciones. Y Alvarez, sin perjuicio de sus antecedentes en la SIDE que parece que el doctor Reyes lo obvia, no estaba ahí para hacer licenciatura política, estaba a cargo de las fuerzas policiales”, afirmó la abogada.

“Entendemos que el juez Reyes ha hecho una investigación parcial en cuanto no indagó a los imputados por las órdenes que debieron dar y sin embargo, en su resolución opina sobre el tema al decir que nadie puede pretender que un médico y un licenciado en Ciencia Políticas instruyan a la Policía. Y Domínguez y Alvarez no fueron indagados por ser médico o licenciado sino como (ex) ministro de Gobierno y (ex) subsecretario de Seguridad. Entonces, entendemos que el juez está prejuzgando, adelantó opinión y marca cuál va a ser el rumbo definitivo de la investigación. Por eso creemos que debe apartarse de la causa para dejar que otro juez investigue de manera imparcial”, insistió.

Maidagan consideró “lamentable” la pesquisa de Reyes. “Que el juez centre de la cuestión en la existencia o no de pertrechos es una cosa lamentable, más como se dieron los hechos en Rosario. El tenía elementos de pruebas para hacer una investigación seria. Si partimos de la base que la Policía es una estructura vertical, que todas las órdenes van de la cabeza hacia abajo, entonces todo tiene que estar documentado, organizado, y ningún juez hasta ahora a pedido esas órdenes para determinar cómo fueron dadas”, agregó.