REFORMA JUDICIAL: POLÉMICA POR LA MEDIACIÓN
Los especialistas en esta área del Colegio de Abogados de Rosario, que no está participando del proceso de reforma, recordaron que la mediación debe estar a cargo de abogados y procuradores por ley provincial (aunque ésta no rige porque no fue reglamentada) y propusieron una mediación obligatoria previa (a la iniciación del juicio) como la que funciona en Buenos Aires y ha servido para reducir el ingreso de expedientes a los Tribunales.
En cambio, el secretario general de la Asociación Tribunales, Juan Nucci, se manifestó en el otro extremo. “El Poder Judicial no puede ser privatizado en ninguna de sus áreas. El gremio va a defender el monopolio del Estado en la administración de Justicia”, aseguró, y en ese sentido recordó que desde el sindicato “se está trabajando mucho” en métodos alternativos de resolución de conflictos, en particular respecto de la mediación. “Creemos que debe estar en la órbita estatal”, concluyó Nucci.
El tema, polémico, tiene como telón de fondo la saturación de los juzgados y la no reglamentación de la ley que regula la mediación (Nº 11.622). Aunque la norma fue sancionada en 1998, el decreto reglamentario (Nº 33/72) de 2003 no rige porque se le introdujeron modificaciones, explicó Stella Maris Siretta, del Centro de altos estudios en métodos adecuados de administración de conflictos del Colegio de Abogados. El texto definitivo ya salió de Fiscalía de Estado y estaba a la firma del gobernador, pero luego sobrevino el lanzamiento del Plan Estratégico y no hubo más novedades.
“El mediador debe ser un tercero neutral, no un miembro del Poder Judicial”, agregó Jorge Capucci, también del Colegio. En el centro que funciona en la asociación profesional se realizan entre 80 y cien mediaciones anuales, y aunque tienen costo está contemplada la gratuidad para interesados de bajos recursos.
Para capacitarse como mediadores, los abogados pueden recurrir al Colegio o a las facultades de Derecho locales (en la UAI, la UCA y la UNR). Tales organismos están autorizados por el Ministerio de Justicia de la Nación para formar en esta especialidad, que se propone como una alternativa al pleito tradicional. “Estamos obligados a defender nuestra incumbencia profesional por estatuto pero fundamentalmente los que se beneficiarán serán los ciudadanos, ya que la mediación es más rápida, económica y flexible que un juicio”, señaló Capucci, haciendo hincapié en que la defensa de este espacio es una política concreta del actual directorio del Colegio.
“Bregamos por la mediación obligatoria previa a un juicio, como ocurre en Buenos Aires con mucho éxito desde 1996”, dijo en ese sentido Norma Liste, directora del centro de altos estudios. El mencionado éxito está relacionado con la merma de los índices de litigiosidad.
La discusión se da en un contexto de auge de la mediación. A las que realiza el Colegio de Abogados deben sumarse las de centros privados y la judicial, gratuita y a cargo de empleados y funcionarios de Tribunales. Esta resolución de conflictos rige por acordada de la Corte Suprema desde agosto de 1998. Capucci, Liste y Siretta la cuestionaron, porque creen que el plantel judicial debe dedicarse a resolver las causas que ingresan a los Tribunales y dejar la mediación a abogados y procuradores debidamente especializados en este método. Ayer a la tarde en Santa Fe se realizó la primera reunión de las comisiones del Plan Estratégico del Poder Judicial, incluido el grupo de trabajo que estudia los métodos alternativos de resolución de conflictos. Los especialistas en esta área del Colegio de Abogados de Rosario, que no está participando del proceso de reforma, recordaron que la mediación debe estar a cargo de abogados y procuradores por ley provincial (aunque ésta no rige porque no fue reglamentada) y propusieron una mediación obligatoria previa (a la iniciación del juicio) como la que funciona en Buenos Aires y ha servido para reducir el ingreso de expedientes a los Tribunales.
En cambio, el secretario general de la Asociación Tribunales, Juan Nucci, se manifestó en el otro extremo. “El Poder Judicial no puede ser privatizado en ninguna de sus áreas. El gremio va a defender el monopolio del Estado en la administración de Justicia”, aseguró, y en ese sentido recordó que desde el sindicato “se está trabajando mucho” en métodos alternativos de resolución de conflictos, en particular respecto de la mediación. “Creemos que debe estar en la órbita estatal”, concluyó Nucci.
El tema, polémico, tiene como telón de fondo la saturación de los juzgados y la no reglamentación de la ley que regula la mediación (Nº 11.622). Aunque la norma fue sancionada en 1998, el decreto reglamentario (Nº 33/72) de 2003 no rige porque se le introdujeron modificaciones, explicó Stella Maris Siretta, del Centro de altos estudios en métodos adecuados de administración de conflictos del Colegio de Abogados. El texto definitivo ya salió de Fiscalía de Estado y estaba a la firma del gobernador, pero luego sobrevino el lanzamiento del Plan Estratégico y no hubo más novedades.
“El mediador debe ser un tercero neutral, no un miembro del Poder Judicial”, agregó Jorge Capucci, también del Colegio. En el centro que funciona en la asociación profesional se realizan entre 80 y cien mediaciones anuales, y aunque tienen costo está contemplada la gratuidad para interesados de bajos recursos.
Para capacitarse como mediadores, los abogados pueden recurrir al Colegio o a las facultades de Derecho locales (en la UAI, la UCA y la UNR). Tales organismos están autorizados por el Ministerio de Justicia de la Nación para formar en esta especialidad, que se propone como una alternativa al pleito tradicional. “Estamos obligados a defender nuestra incumbencia profesional por estatuto pero fundamentalmente los que se beneficiarán serán los ciudadanos, ya que la mediación es más rápida, económica y flexible que un juicio”, señaló Capucci, haciendo hincapié en que la defensa de este espacio es una política concreta del actual directorio del Colegio.
“Bregamos por la mediación obligatoria previa a un juicio, como ocurre en Buenos Aires con mucho éxito desde 1996”, dijo en ese sentido Norma Liste, directora del centro de altos estudios. El mencionado éxito está relacionado con la merma de los índices de litigiosidad.
La discusión se da en un contexto de auge de la mediación. A las que realiza el Colegio de Abogados deben sumarse las de centros privados y la judicial, gratuita y a cargo de empleados y funcionarios de Tribunales. Esta resolución de conflictos rige por acordada de la Corte Suprema desde agosto de 1998. Capucci, Liste y Siretta la cuestionaron, porque creen que el plantel judicial debe dedicarse a resolver las causas que ingresan a los Tribunales y dejar la mediación a abogados y procuradores debidamente especializados en este método.
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