Reformarán el Código de Faltas y aplicarán multas más caras en la ciudad de Buenos Aires

El diagnóstico —que no es de la oposición, sino del propio Gobierno de la Ciudad— es crudo. “Los infractores a las normas locales difícilmente son sancionados en Buenos Aires. Y cuando lo son, el monto de las multas es irrisorio. En muchos casos conviene pagar la multa antes que corregir la irregularidad”, dice el ministro de Gobierno porteño, Diego Gorgal. A partir de ese escenario, el Poder Ejecutivo local presentó ayer ante la Legislatura un proyecto de reforma del Código de Faltas con el objetivo de hacer más severo y más eficiente el sistema.

En la iniciativa finalmente quedó afuera la cuestión del tránsito, que es la que genera la mayor cantidad de infracciones, cuyo grueso —a su vez— el Estado no cobra por su propia ineficiencia. Desde 2001 hasta hoy prescribieron (es decir, que ya no puede reclamarse su pago) 4.602.624 actas, de acuerdo a los números oficiales. El Gobierno promete presentar un proyecto de reforma en materia de tránsito en 45 días.

Lo incluido en el proyecto oficial tiene que ver con el variado espectro jurídico de la normativa local: seguridad edilicia, bromatología, medio ambiente, condiciones de las obras en construcción y seguridad privada, entre otras cuestiones.

Desde la tragedia de Cromañón los controles por parte del Estado se incrementaron y, en consecuencia, las infracciones que se labran son cada vez más. Pero, como reconoce Gorgal, esto no ha servido para que las violaciones a las normas se corrijan.

El funcionario pone el ejemplo de Chicharrón, un boliche de Bartolomé Mitre al 1800: “El año pasado lo clausuramos por varias faltas, entre ellas que funcionaba como boliche bailable cuando sólo estaba habilitado como bar. Enseguida la clausura fue levantada con un apercibimiento. Más tarde le hicimos una nueva acta de infracción porque no tenía registrados a los patovicas, como ordena la ley de seguridad privada. Sin embargo, el local pudo seguir funcionando y pocos días después un chico terminó internado porque lo atacaron justamente los patovicas”.

Gorgal agrega que el espíritu del proyecto es que, al contrario de lo que sucede hoy, “a un geriátrico le convenga más instalar un sistema contra incendios que exponerse a la sanción o a un sanatorio le sea más barato tratar adecuadamente los residuos patogénicos que pagar la multa”.

La iniciativa ya fue discutida con los tres principales bloques de la Legislatura (macrismo, ARI y kirchnerismo), que están de acuerdo en líneas generales, aunque seguramente propondrán modificaciones. “Nos prometieron tratarlo con celeridad”, dijeron en el Gobierno. “Hay algunos aspectos que vamos a tener que estudiar a fondo, pero la iniciativa es positiva”, anunció Jorge Enríquez, del bloque macrista.

Algunos ejemplos de los cambios propuestos son:

Se cuadriplican las multas a los establecimientos que elaboren y comercialicen alimentos en violación a las normas de higiene; se multiplica por diez el monto de la sanción para los dueños de establecimientos o vehículos que contaminen.

Se acotarán los beneficios del pago en cuotas. Dice Gorgal: “Lo que pasa hoy es que una persona que sufrió la clausura de un comercio accede a un plan de facilidades. Entonces paga la primera cuota, consigue el levantamiento de la clausura y ya no paga más”.

Se establecen circunstancias agravantes, como la reincidencia, que es una figura que no existe en el actual Código de Faltas.

Habrá cerca de 90 controladores (ex jueces de faltas) cuando hoy son sólo 24. Además serían divididos en dos: por un lado los de tránsito y por el otros los dedicados al resto de las materias.

Se crea una unidad de valor relativo para las multas (llamada “unidad fija”, cuyo valor actual sería de $ 1), que la Legislatura podrá actualizar anualmente de acuerdo a la inflación, para que los montos no queden desactualizados.

La prescripción para la mayoría de las infracciones pasa de uno a dos años.