REFUTAN APREMIOS A MENORES DETENIDOS

Un informe de la policía elevado al Ministerio de Gobierno explica de forma distinta las lesiones recibidas por menores detenidos en la comisaría 21ª que protagonizaron un motín hace doce días. Contra lo señalado en dos denuncias judiciales por apremios ilegales a los jóvenes, el escrito afirma que las lesiones constatadas obedecen a lo cruento de la escaramuza entre los agentes y los adolescentes amotinados. Y subraya que de la misma resultaron heridos varios policías, entre ellos el comisario jefe inspector de la zona.

Al respecto, el ministro de Gobierno santafesino, Roberto Rosúa, dijo a La Capital que tanto las lesiones de los detenidos como las de los efectivos policiales fueron constatadas por un médico forense a instancias del juzgado que entiende en la causa. El funcionario tiene prevista para hoy una reunión con integrantes de la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC) para que éstos -que hicieron la denuncia en dos fiscalías penales- aporten precisiones sobre este tema.

La versión policial sobre el motín consigna que los hechos se iniciaron en la noche del sábado 3, a partir de “una llamada anónima” que daba cuenta de que los menores alojados en el penal de la comisaría 21ª iban a protagonizar “una fuga masiva”. Según el informe, cuando los efectivos estaban por ingresar al penal “tres de los menores adoptaron una actitud de rebeldía por lo que se decidió separarlos del resto y practicar una minuciosa inspección en las celdas y en el patio, en las cuales no se constataron anormalidades”.

El escrito asevera que “se cerró la puerta principal asegurándola con dos candados, como era de práctica” y que en esas circunstancias los tres menores aludidos “comenzaron a incitar a los gritos a los otros detenidos para que incendiaran el penal y adoptaran actitudes agresivas contra los policías”. El informe indica que alrededor de las 0.40 los detenidos “colocaron colchones sobre las rejas, inclusive en la principal del acceso al penal, y los incendiaron junto con otros elementos que arrojaban a las llamas, y así se inició el motín”.

Tras iniciar el incendio, los detenidos procedieron a romper las instalaciones donde se alojaban para arrojar a los efectivos material de mampostería, mientras “se negaban sistemáticamente a deponer su actitud a pesar del evidente peligro ya que las llamas superaban los dos metros de altura”, indica el texto policial.

Sobre la 1.15 de la madrugada, las autoridades de la comisaría de Arijón al 2300 dieron cuenta de la situación al juez de Menores Nº 3 Jorge Cartelle, quien “dispuso que se sofocara el incendio y se tratara de restablecer la calma en el penal”. A partir de entonces entraron en acción efectivos del cuerpo de Bomberos Zapadores, “protegidos por los escudos que portaba el personal del Cuerpo Guardia de Infantería, pero los detenidos no depusieron su actitud y continuaron arrojando proyectiles, algunos de los cuales hirieron a policías”.

Entonces se consignan “tres disparos al aire con escopeta cargada con cartuchos antitumulto”, lo cual logró que los detenidos se replegaran, aunque “sin cesar su comportamiento hostil”. A partir de ahí, personal policial logró abrir los candados de la puerta del penal. “Al ingresar los efectivos, protegidos con escudos, los detenidos se les abalanzaron con trozos de hierro, piedras y otros elementos contundentes. En ese marco se originó un forcejeo cuerpo a cuerpo que terminó a las 2.10 cuando, tras ser reducidos, los internos depusieron su actitud y se restableció la calma”.

El parte de la policía indica que una vez controlada la situación el juez Cartelle dispuso que los 20 menores detenidos en el penal fueran trasladados a otras dependencias. Y consigna que tras el levantamiento se constataron grandes deterioros en las instalaciones del penal, en paredes, camastros, sanitarios, instalaciones de fluido eléctrico y de agua, así como varios vidrios de las aberturas.

El examen médico
En cuanto a las lesiones, el médico de policía en turno examinó a los detenidos y constató que cerca de una docena no presentaba lesiones visibles de reciente data, mientras que el resto padecía excoriaciones, equimosis y contusiones en codos, tobillos y espalda. En todo los casos se trató de “lesiones leves” que demandan un promedio de cinco días en curarse. El diagnóstico del médico de la CTC (ver edición del 9 de julio) es discordante.

La policía consignó que resultaron heridos el inspector de la zona 3ª, Daniel Barrile, con una contusión en la pierna derecha y dolor en antebrazo derecho; el jefe de la comisaría 21ª, Francisco Romitti, con un golpe en la mano izquierda; el segundo jefe, Héctor Altamirano, con una contusión en la región occipital y hematoma en la mano derecha.

Entre los efectivos de la comisaría, el Comando Radioeléctrico y la Guardia de Infantería, los lesionados fueron: los agentes Ricardo Machuca (traumatismo encefalocraneano sin pérdida de conocimiento y golpe en la mano derecha), Mario Vidal y Gonzalo Antón. Asimismo, el cabo primero Guillermo Arce tuvo un golpe en el pómulo izquierdo; el cabo Juan Cabaes, una lesión excoriativa en un hombro y contusión en pierna izquierda. También el sargento ayudante de los Bomberos Zapadores Francisco Ramos afirmó haber perdido el conocimiento y presentaba una lesión contuso excoriativa en mejilla derecha.

Rosúa aseguró que las lesiones de policías y detenidos a las que alude el informe “fueron ratificadas extraoficialmente” por el juzgado interviniente. Asimismo, el ministro sostuvo que “la policía tiene necesariamente que entrar” cuando se produce un incendio en un penal para evitar la posibilidad de muertes, y recordó el trágico incendio de la comisaría 25ª de Villa Gobernador Gálvez, el 15 de noviembre de 2000, cuando perecieron 13 reclusos.

Asimismo, señaló que “por el momento” el penal de la comisaría 21ª no seguirá albergando a menores. “Estamos estudiando alternativas para que no vuelva a alojarlos. Pretendemos sacar la mayor cantidad posible de menores de las comisarías para derivarlos a otras instituciones como el Irar, CAT y algunos otros establecimientos, porque hay que evitar que los menores estén en las comisarías”, afirmó Rosúa.