REGLAMENTARÁN DECRETOS DE NECESIDAD Y URGENCIA
De esta manera, el Senado dará un paso sustancial para cumplir con la sanción de una de las leyes derivadas de la reforma de la Constitución Nacional de 1994.
El dictamen de la comisión de Asuntos Constitucionales -que conduce Cristina Fernández de Kirchner- que se pondrá a debate en el recinto de sesiones fue diseñado en base a los proyectos de los jefes de las bancadas oficialista, Miguel Angel Pichetto, y de la UCR, Ernesto Sanz.
Para aprobarlo, el Frente para la Victoria contará con sus propios legisladores, pero también recibirá el apoyo del radicalismo que ya adelantó su consideración en favor de la norma que reglamenta la creación de la Comisión Bicameral Permanente que debe analizar los DNU antes de enviarlos al recinto.
La norma, cuyo dictamen preparó la Comisión que encabeza Fernández de Kirchner, regula la intervención del Congreso en los DNU, los de delegación legislativa y los de promulgación parcial de Leyes, dictados por el Ejecutivo.
El eje central del proyecto radica en que la Comisión Bicameral Permanente creada mediante esta ley, debe expedirse acerca de la validez o invalidez de los decretos y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su tratamiento.
El Poder Ejecutivo, dentro de los diez días de dictado un decreto, lo someterá al tratamiento del Congreso. En caso de que ello no ocurra, la Comisión se abocará de oficio a su tratamiento con un plazo de diez días hábiles para dictaminar y elevar la norma al plenario de ambas Cámaras.
El proyecto de la mayoría establece que, vencido el plazo sin que la Comisión Bicameral hubiera completado el trámite, las Cámaras se abocarán al “expreso e inmediato tratamiento” del decreto. En el caso de que la Comisión sí hubiera dictaminado, el plenario está facultado para discutirlo en sesión.
En disidencia, el radicalismo propone establecer plazos inmediatos para la obligatoria discusión de los proyectos que serán incluidos “en el plan de labor parlamentaria de la sesión inmediata posterior” hayan tenido o no dictamen de la Bicameral.
El rechazo por ambas cámaras del Congreso del decreto de que se trate implica su derogación, quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia.
La Comisión Bicameral estará integrada por ocho diputados y ocho senadores “respetando la proporción de las representaciones políticas”. La presidencia es alternativa y corresponde un año a cada Cámara.
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