REINGRESÓ A LA CÁMARA BAJA EL PROYECTO DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

En la mañana del viernes, el presidente del bloque justicialista de la Cámara de Diputados de la provincia, Mario Lacava, se refirió al reingreso a la Legislatura del proyecto de libre acceso a la información pública. Lacava explicó que la iniciativa reingresada es la misma que originalmente envió el gobernador Jorge Obeid al inicio de su gestión y que fuera aprobada a fines del año pasado por la Cámara baja y modificada, en abril del corriente, por el Senado.

El presidente del bloque oficialista de la Cámara de Diputados afirmó que hubo un acuerdo de todos los bloques previo al reingreso del proyecto y agregó: “Todos opinamos que la información pública debe ser abierta y generosa” y agregó que el único límite que se le puede poner tiene que ver con cuestiones de seguridad del Estado y con cuestiones propias de la privacidad de los ciudadanos.

También opinó sobre el reingreso de la iniciativa la secretaria adjunta del Sindicato de Prensa de Rosario, Alicia Simeoni. La dirigente gremial manifestó tener muchas expectativas en la posible aprobación del proyecto de Obeid y recordó que, el año pasado, tanto el gobernador como la vicegobernadora María Eugenia Bielsa (con quien se reunieron), además de todos los diputados provinciales de los senadores opositores se manifestaron a favor de la no limitación del acceso a la información sobre los actos de gobierno.

“Pero siete legisladores le dijeron que no a todos los santafesinos”, agregó Simeoni en obvia alusión a los senadores justicialistas que avalaron la cláusula de “interés legítimo” incorporada por el senador reutemanista Joaquín Gramajo, a quien de paso acusó sin muchos rodeos de “autoritario”.

La dirigente gremial rosarina opinó que a los senadores que votaron a favor de la cláusula incorporada por Gramajo los mueven “intereses mezquinos que se quieren preservar” y recordó la reunión en la que el senador reutemanista dijo que “la democracia está bien, pero no tanta”.

Mientras tanto, la Asociación de Prensa de Santa Fe (capital) optó por mantenerse, fiel a su costumbre, en un silencio absoluto.

UN PROYECTO QUE VA Y VIENE

Los vaivenes legislativos del proyecto de ley de libre acceso a la información pública fueron –y son– una de las marcas indelebles de esta segunda gestión del gobernador Jorge Obeid. El viernes, nuevamente, volvió a ingresar a la Legislatura provincial –impulsado por el diputado obeidista Marcelo Gastaldi– el proyecto original del Ejecutivo, sin la polémica cláusula de “interés legítimo” que le introdujo en abril último el Senado provincial.

El proyecto que Gastaldi ingresó en la tarde del viernes es el original, redactado por los asesores del gobernador a principios de su gestión, allá por diciembre de 2003. Sin ir tan lejos, esta semana Obeid volvió a insistir con la iniciativa, que de ser aprobada permitirá a todos los ciudadanos acceder a cualquier información sobre los actos de gobierno de cada uno de los poderes del Estado. El gobernador ratificó su voluntad y pidió a las cámaras legislativas que aprueben el proyecto original sin introducirle cambios.

A fines de septiembre del año pasado, los diputados que conforman la Comisión de Labor Parlamentaria recibieron un documento firmado por más de 150 organizaciones de la provincia que apoyaban el tratamiento del proyecto de libre acceso a la información pública.

En aquella oportunidad, estuvieron presentes los legisladores Edmundo Barrera, Mario Lacava, Liliana Meotto, Lucrecia Aranda, Antonio Bonfatti, Sergio Liberatti, Juan Carlos Millet, Hugo Marcucci, Mónica Peralta, Marcelo Brignoni, Verónica Benas, Antonio Riestra y Gabriel Real. Todos ellos se manifestaron a favor del proyecto de ley; sin embargo, recién se trató en la última sesión legislativa del año pasado.

Ya con la media sanción de Diputados, la iniciativa ingresó a la Cámara alta; en abril de este año fue aprobada, pero con un detalle no menor: la inclusión de la cláusula conocida como de “interés legítimo”, que se contradice con el espíritu del proyecto de ley. La cláusula, de autoría del senador reutemanista Joaquín Gramajo, obliga a quien busque cualquier información sobre los actos de gobierno a probar que hay un “interés” concreto –no el mero hecho de conocer qué hacen o dejan de hacer los órganos del Estado– que justifica esa búsqueda.

Modificado y aprobado por el Senado, el proyecto volvió a la Cámara baja, que rechazó la inclusión de la cláusula de la discordia. Ahora, con el reingreso del proyecto original, el debate parece volver al principio: dos años y medio sin avances.