REMOVIERON AL JUEZ LIPORACE DE LA CAUSA SOUTHERN WINDS

La Cámara en lo Penal Económico decidió finalmente ayer apartar al juez Carlos Liporace de la investigación del narcoescándalo que involucra a Southern Winds (SW) por considerar que el magistrado “carecía de imparcialidad” para llevar adelante la causa que instruyó con lentitud durante casi siete meses y en la que hay seis detenidos. La medida surgió luego de reiterados apercibimientos de los camaristas al magistrado, y tras el pedido de los fiscales de la pesquisa y de alzada para que se lo remueva de la investigación.

Esa resolución retrasará aún más la causa por el tráfico de cocaína a España. El apartamiento de Liporace fue resuelto en fallo dividido por la Sala B de la Cámara en lo Penal Económico luego de que la fiscal del caso, Gabriela Ruiz Morales, pidiera la remoción del juez por las causales de “prejuzgamiento, enemistad manifiesta, e interés en el pleito (falta de imparcialidad)”, y de que su superior ante la Cámara, Ramiro Rodríguez Bosch, sostuviera este último argumento desechando los otros dos.

Los camaristas Marcos Grabivker y Roberto Hornos criticaron la labor de Liporace y recordaron los reiterados llamados de atención que le hicieron en las últimas semanas por su “morosidad” para instruir la causa. En esa línea, resaltaron que a pesar de las órdenes de la Cámara, el juez “persistió en su negativa” de allanar los domicilios del presidente de SW, Juan Maggio, y del gerente general de la compañía y hermano del anterior, Christian Maggio.

Además, cuestionaron el “mayor interés que Liporace otorgó a cuestionar” a los camaristas “por los medios de comunicación”, en lugar de “profundizar la investigación para lograr el esclarecimiento del hecho”.
Una de las irregularidades en la causa que los camaristas le reprocharon a Liporace es que varios empleados de SW que debían prestar declaración fueron convocados por intermedio de los propios abogados de los hermanos Maggio, una mecánica que podría sospecharse dirigida a “inhibir” testigos.

En la resolución, le endilgaron además a Liporace el haber incurrido en una “demora infundada” de un mes y medio para enviar un exhorto a España que era considerado imprescindible para ampliar la investigación del contrabando de cocaína a ese país.

Grabivker y Hornos, por último, destacaron que el juez suspendió el trámite de la causa al ser recusado por la fiscalía y amparándose en supuestas “razones de delicadeza”, un argumento que consideraron “flagrantemente contrario al Código Procesal Penal”.

Contra tales acusaciones, el camarista Carlos Pizzatelli votó contra el pedido de remoción, porque consideró que en la causa no hay elementos suficientes para demostrar que el juez “tiene interés en su resultado”. Y el propio magistrado aseguró, tras conocer su desplazamiento, que tiene la “conciencia tranquila”. Pero se negó a comentar el fallo de la Cámara.

Lo cierto es que Liporace es un magistrado controvertido: se lo vinculó reiteradamente al menemismo –fue designado fiscal en 1992 y en sólo un año ascendió a juez– y al suicidado empresario postal Alfredo Yabrán, aunque el magistrado siempre negó esas relaciones.

Ya en 2001, la misma Cámara de Apelaciones lo había denunciado ante el Consejo de la Magistratura por graves irregularidades en dos expedientes por contrabando, que se prolongaron durante una década sin avances. Y el año pasado, lo apartó de una causa del grupo Yoma además de denunciarlo ante la Cámara del Crimen por la “probable comisión de un hecho ilícito”.

Liporace tenía hasta ayer a su cargo el expediente que investiga el envío ilegal de 60 kilos de cocaína a España en un vuelo de la empresa SW, en setiembre del año pasado. El juez arribó a la conclusión de que las maletas fueron enviadas por orden del empleado de SW Walter Beltrame con autorización del ex supervisor de la compañía Claudio Baudino. También implicó al ex gerente de ventas internacionales de la aerolínea. Pero sus directivos, los hermanos Maggio, fueron beneficiados con una “falta de mérito”.

Una causa que hace rato viene enrarecida

El desplazamiento del juez Carlos Liporace del caso SW enrarece una causa en la que también están bajo sospecha los propios investigadores, rodeados de internas e intrigas mutuas.

Si bien la Cámara en lo Penal Económico venía cuestionando en sus últimas resoluciones la actuación del magistrado la que finalmente desplazó por la lentitud que imprimió a la pesquisa, lo cierto es que la incorporación de un nuevo juez a la causa provocará más demoras.
Si todo se resuelve de acuerdo a los procedimientos usuales, hoy se deberá realizar un sorteo entre los siete jueces en lo Penal Económico para definir quién quedará a cargo de la investigación.

Pero, de todos modos, esa designación paralizará el expediente. Es que el nuevo magistrado debe ponerse al tanto de las decenas de cuerpos que ya acumula la causa, que en las últimas semanas creció en complejidad. Sobre todo desde que comenzaron a cruzarse denuncias contra los investigadores, las que desembocaron en las recusaciones de Liporace y de la fiscal que pidió su remoción, Gabriela Ruiz Morales.

La fiscal cargó contra el magistrado luego de que ella misma fuera duramente cuestionada por dos ex empleados de SW en España, quienes reclamaron su salida de la causa.

Es que la mujer ya tiene dos puntos oscuros en su legajo: el pedido de apartamiento en su contra que ahora deberá resolver el nuevo juez de la causa, y una denuncia penal que le entabló el titular de la Aduana, Ricardo Etchegaray, por sus supuestas “apretadas” destinadas a conseguir declaraciones que involucren a funcionarios del gobierno en la maniobra del contrabando de droga a España.