REMUEVEN AL JEFE DE LA POLICÍA FEDERAL
Un papel firmado por Néstor Kirchner establecía las órdenes concretas que la Policía Federal debía cumplir durante la protesta piquetera de ayer frente a la Legislatura porteña. Para el comisario general Eduardo Prados, jefe de la fuerza, leer ese documento marcó el fin de su carrera.
“Este es mi límite”, le dijo al ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Beliz, unas horas antes de la manifestación.
Por la noche, Beliz y el vicepresidente Daniel Scioli confirmaron en una conferencia de prensa que Prados había dejado el cargo y que asumiría en su lugar el comisario mayor Néstor Vallecca, que se desempeñaba como subjefe y que debutó en el cargo con el operativo de ayer.
Kirchner había establecido que, para prevenir desmanes como los registrados el viernes pasado en la Legislatura porteña, se montara frente al edificio un doble vallado de seguridad en el que no hubiese un solo policía con armas de fuego.
Prados consideraba que era necesario un tercer cordón con hombres armados, para el eventual caso de un ataque que lograse rebasar los otros límites, confirmaron Beliz, por un lado, y miembros de la conducción policial, por otro.
El ministro conocía al menos desde anteayer la posición del jefe de la Federal. Al llegar la orden firmada por Kirchner, la remoción de Prados resultó inevitable: de inmediato pidió su pase a retiro. El Presidente, de todos modos, había anticipado que lo echaría si no seguía sus instrucciones.
“Fue relevado porque el Presidente dio instrucciones sobre cómo organizar el operativo de seguridad. Al darse determinadas circunstancias y no seguir esas instrucciones, se produjeron los cambios”, anunció Scioli, por pedido de Kirchner, que se encontraba en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, camino a la isla Margarita (Venezuela).
Curiosamente, el secretario de Seguridad Interior, Norberto Quantín, faltó en la comunicación de semejante vuelco en la política de su área.
Integrantes de la comitiva del Presidente en la gira filtraron a la prensa la supuesta intención de Kirchner de pedirle la renuncia al funcionario en el corto plazo. Hasta deslizaron una nueva versión sobre la actuación del Gobierno en el descontrolado ataque del viernes a la Legislatura.
Según ese relato, difundido por fuentes de trato íntimo con el Presidente, se había dado una expresa orden antes de aquella protesta de desplegar vallados preventivos alrededor del palacio de Perú y Diagonal Sur. Agregan que la Policía Federal (o su conducción política) se confiaron y se dejaron llevar por información de las autoridades legislativas porteñas, que desestimaban la posibilidad de una manifestación violenta.
Sin embargo, ningún funcionario aceptó contar frente a los micrófonos esa historia, distinta del discurso oficial tras el escándalo.
“No hay ninguna novedad. El doctor Quantín está trabajando en su despacho. Es un hombre de bien”, respondió Beliz en la conferencia de prensa, sin que pudiera discernirse si fue una ratificación o una salida elegante.
Beliz y Scioli, que tenían un permiso limitado para hacer declaraciones, esquivaron referirse a lo ocurrido el viernes pasado. En cambio, prefirieron elogiar la forma en que se condujo el operativo de ayer para controlar a los 3000 piqueteros que marcharon para pedir la liberación de los detenidos hace una semana.
“De ahora en más trabajaremos con estos lineamientos. Al garantizar que no habrá armas de fuego generamos tranquilidad. Los resultados están a la vista. La marcha fue en orden y no hubo desbordes”, dijo Beliz.
Armas a la vista
La Legislatura amaneció vallada y rodeada por unos 800 policías. Pese a que el ministro destacó “el éxito” de la nueva modalidad de prevención dispuesta por el Gobierno, se pudo ver que algunos efectivos ubicados detrás de los cordones de seguridad portaban el arma reglamentaria.
Beliz confirmó que el motivo del alejamiento de Prados fue justamente su negativa a aceptar el desarme total. La instrucción del Presidente fue no portar armas de fuego letales, pero no hubo una coincidencia. “La diferencia se dio en la tercera línea de la Guardia de Infantería”, explicó.
Además, negó que la remoción de Prados tuviera que ver con lo ocurrido el viernes o con el anuncio luego desmentido del hallazgo de casetes con grabaciones relacionadas con el atentado contra la AMIA.
El ahora ex jefe policial había propuesto que portaran armas sólo unos pocos hombres de experiencia, seleccionados por él, según fuentes de la cúpula de la fuerza federal y del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Con el Presidente en el exterior, ningún funcionario nacional quiso opinar sobre qué responsabilidad podría caberle al flamante jefe Vallecca ante la posible difusión de documentos que prueban la presencia de policías con armas en el promocionado operativo de ayer.
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