RENEGOCIARÁN TODOS LOS CONTRATOS DE EMPRESAS PRIVATIZADAS

El Gobierno reflotó la comisión renegociadora de los contratos con las privatizadas, fijó un nuevo plazo de negociación que se extenderá hasta fines del 2004 y descartó la aplicación de aumentos de tarifas “parciales y de emergencia” para los servicios regulados y no regulados.

El nuevo mecanismo que se pondrá en marcha para retomar las tratativas con las empresas privatizadas prevé el nacimiento de la “Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos”, que será comandada en forma conjunta por los ministros de Economía, Roberto Lavagna, y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido.

La flamante “Unidad Renegociadora” tomará la posta de la “Comisión de Renegociación” que había sido creada el año pasado por la ley de emergencia y que hasta el 25 de mayo estuvo manejada sólo por el titular del Palacio de Hacienda.

El lanzamiento del nuevo organismo que negociará las concesiones corrió por cuenta de los ministros Lavagna y De Vido, en una conferencia de prensa efectuada en la Casa Rosada, luego de una reunión que mantuvieron con el presidente Néstor Kirchner.

De acuerdo con lo indicado por los ministros, se procederá al “análisis, revisión y renegociación” de todos los contratos de los servicios privatizados, incluidas las concesiones de los aeropuertos y el correo. De esta manera, la Unidad Renegociadora llevará adelante la adecuación de 61 contratos que incluyen a todas las empresas que se hicieron cargo de los servicios en los 90: luz, gas, agua, teléfonos, autopistas, rutas, ferrocarriles, terminales portuarias e hidrovía, entre otros.

Junto con la creación de la Unidad Renegociadora bicéfala— concretada por medio del decreto 311—, el presidente Kirchner remitió al Congreso un proyecto de ley que según señalaron Lavagna y De Vido presenta dos puntos salientes: la extensión del plazo de renegociación de los contratos hasta el 31 de diciembre de 2004 y el nuevo mecanismo de intervención previsto para el Parlamento. El Gobierno girará al Congreso los contratos que vaya renegociando y los legisladores tendrán un plazo de 60 días para aprobar o rechazar las propuestas por medio de una sesión plenaria. Si el Congreso no se expide en ese término, el Ejecutivo dará por convalidadas las renegociaciones. Y si los nuevos contratos son rechazados, entonces el Gobierno deberá encarar una nueva renegociación.

Tras destacar que “no se prevén aumentos de tarifas a cuenta, ni parciales”, Lavagna indicó que la nueva etapa de revisión de los contratos se hará teniendo en cuenta los siguientes criterios: “impacto sobre la economía general, distribución del ingreso, calidad de los servicios, planes de inversión, acceso del público a los servicios, seguridad de los sistemas de prestación de servicios y rentabilidad de las empresas operadoras”.

Por su parte, De Vido sostuvo que “los técnicos del Ministerio de Planificación se sumarán a los que estaban trabajando en la Comisión Renegociadora y antes de cada aprobación de los contratos se convocará a audiencia pública para que los usuarios puedan expresar su opinión”.

De Vido remarcó que “la decisión final de las renegociaciones la tendrá el Congreso” y anticipó que se definirá un “marco regulatorio general que otorgue mayor certeza a los usuarios en el ámbito de los entes de control de cada servicio”.

La decisión de negociar con las privatizadas se enmarca en una embestida de los inversores externos. Cerca de 20 empresas extranjeras que controlan concesiones de servicios ya han demandado a la Argentina ante el tribunal internacional del CIADI. Y a eso se sumó la presión del FMI, cuyo titular, Horst Köhler, en su visita al país, planteó como uno de los temas centrales a resolver: el retraso tarifario que arrastran los servicios privatizados.