RENUNCIÓ UNA JUEZA LIGADA AL GRUPO DE TAREAS DE LA ARMADA
La jueza Emilia Martha García, acusada de legitimar el latrocinio de bienes de desaparecidos durante la última dictadura, renunció a su cargo, jaqueada por la causa penal en la que está involucrada y por una investigación del Consejo de la Magistratura que se encaminaba a su enjuiciamiento político.
El martes último, la comisión de Acusación del Consejo aprobó un dictamen acusatorio contra García, que así quedó cerca de ser suspendida en sus funciones por 180 días. En esas circunstancias, la magistrada presentó la renuncia, que deberá ser aceptada o rechazada por el presidente Néstor Kirchner, quien en 2004 desestimó la dimisión del entonces juez federal Juan José Galeano, finalmente destituido por la Magistratura.
García aseguró ante la comisión de Acusación haber sido forzada a homologar, en su rol de escribana, las actas notariales que dieron un marco de legalidad al desapoderamiento de bienes de desaparecidos por parte del aparato represivo de la Armada.
Ex jefe de la Armada Emilio Massera fue detenido y procesado por el robo de bienes de los desaparecidos Conrado Gómez, Victorio Cerrutti y Horacio Palma. Eduardo Massera hijo y los ex marinos Jorge Rádice, Juan Rolón y Francis Whamond también fueron procesados, con prisión preventiva, por apoderarse del patrimonio de prisioneros que, antes de su desaparición, fueron obligados a transferir bienes a sus victimarios.
García habría homologado los poderes firmados por los prisioneros y habría ejercido como síndico de la empresa Will-Ri SA, que habría comandado Whamond, quien falleció.
El abogado Gómez y los empresarios Cerrutti y Palma fueron despojados de dinero, tierras, caballos y fincas de Mendoza y la Capital Federal. Secuestrados por la Marina, los tres socios fueron alojados en la Esma.
El martes pasado los consejeros Carlos Kunkel, Marcela Rodríguez, Luis Pereira Duarte y Federico Storani aprobaron un dictamen acusatorio contra García.
El caso quedó así en condiciones de ser debatido por el plenario, que en caso de compartir la acusación iba a suspender a la jueza y elevar la investigación al Jury de Enjuiciamiento.
Si Kirchner acepta la renuncia de García, la magistrada podría ser detenida por el juez federal Sergio Torres en base a una acusación de la fiscalía.
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