REPRIVATIZACIÓN BAJO LA LUPA

La Multisectorial Rosario por el Agua volvió a la carga con sus reclamos sobre el proceso de privatización del servicio sanitario llevado adelante por el gobierno de la provincia. En una reunión realizada ayer a la mañana, la organización firmó un documento –junto a otros sectores– donde solicitaron que se cree una comisión parlamentaria que investigue la reprivatización del servicio que, todo indica, irá a manos de Cerámica Alberdi. “Exigimos que se suspenda toda negociación hasta tanto el Poder Ejecutivo provincial informe en audiencia pública la situación en que se encuentran los servicios sanitarios en las 15 localidades donde la empresa tiene presencia. Por eso, es fundamental que se forme la comisión”, explicó Aníbal Faccendini, titular de la Asamblea por los Derechos Sociales (ADS), y agregó: “El próximo jueves (por mañana) vamos a apoyar el acto que realizarán legisladores provinciales y concejales de la oposición en la Legislatura de la provincia en contra de otorgar poderes especiales al gobernador (Jorge) Obeid para llevarla adelante” la renegociación.

Además, el abogado pidió que desde la Cámara de Diputados de la provincia se sancione la “municipalización” del servicio y que éste sea manejado independientemente por cada ciudad. En definitiva, que sean organismos estatales y no privados los que lo controlen. “El acceso al agua es un derecho fundamental, no una mercancía, por eso los servicios sanitarios tienen que estar bajo el dominio de la gestión pública municipal con control social, ya que el contrato de concesión no se encuentra en vigencia. Que los servicios pasen a manos municipales o zonas metropolitanas y en el caso de las ciudades que no lo quieran asumir, que se haga cargo la provincia”, señaló.

“El Estado provincial profundiza el perjuicio del error en su voluntad de hacer revivir un contrato caduco con Aguas Provinciales de Santa Fe, ahora con Cerámica Alberdi”, disparó Faccendini sobre el tema. “Este grupo se haría cargo del pasivo de 160 millones de pesos, capitalizaría con 176 millones e invertiría en obras por 80 millones en el período 2006/2007. De ser así, estos números no sólo son ineficientes e insuficientes, sino que no se garantizaría en los próximos cinco años un correcto servicio”, remarcó.

Justamente en los últimos días el gobierno y el Ente Regulador del Servicio Sanitario (Enress) dieron muestras claras de que la oferta realizada por el grupo Cerámica Alberdi para adquirir las acciones que Suez tenía en Aguas Provinciales satisface las exigencias del Estado santafesino.

Por otra parte, desde la Multisectorial aseguran que el Estado provincial estaría avalando el mismo aumento tarifario prometido al grupo Suez (actual prestatario del servicio). “La tarifa (desde sus inicios) tendría un impacto directo con más de un 45 por ciento de aumento, más los incrementos indirectos que ya tuvo. Esto vulnera el artículo 42 de la Constitución nacional al no permitir la participación de la ciudadanía en audiencias públicas para controlar y confrontar estas subas”, dijo Faccendini para finalizar: “El Senado de la provincia ha otorgado facultades extraordinarias para manejar el contrato al Ejecutivo, lo cual es gravísimo ya que tendría que ser la legislatura, las ONG’s y la ciudadanía las que debieran participar, y no el arbitrio discrecional del gobernador”.

NUEVAS DEMANDAS DE LA EX DIPOS

La Defensoría del Pueblo de la provincia aseguró ayer que presentarán hoy una resolución donde “recomendarán” al gobierno provincial que revise las 500 demandas por deudas que realizó la Dirección Provincial de Obras Sanitarias (ex Dipos) en concepto a importes no abonados correspondientes al período 95 y 96, por montos menores a quinientos pesos. Según manifestó ayer su titular, Carlos Bermúdez, “hasta los mil pesos todas las deudas de los períodos que se están reclamando están condonadas. Estamos tratando que el gobierno termine con esta situación, a partir de un fallo en que la Corte provincial estableció que las prescripciones se producen a partir de los cinco años”. “Los ciudadanos que reciban una notificación de esas características pueden acudir a las oficinas de la Defensoría para informarse de lo que deben realizar”, dijo el funcionario.