REPSOL-YPF RECHAZA UN ALLANMIENTO Y AMENAZA A BOLIVIA CON IR A LA JUSTICIA
Bandas militares, grupos de folclore, algo de rock, juegos para chicos y, para la tercera edad, puestos de artesanos… El centro de La Paz se convierte los domingos en una gran feria de actividades culturales y entretenimientos. Bajo un cielo completamente despejado, miles de personas disfrutaron ayer de este paseo, mientras el presidente Evo Morales analizaba con parte de su gabinete cómo sigue el proceso de nacionalización del gas y el petróleo, en medio de acusaciones de la oposición y de las empresas sobre los escasos resultados de esta medida anunciada con gran pompa hace cuatro meses. Pero el panorama se complicó ayer, cuando Repsol-
YPF amenazó al gobierno de Bolivia con “acciones legales” si continúa la “sistemática persecución de la Fiscalía” contra Andina, subsidiaria local de la petrolera española.
Aunque el gobierno de Morales buscó este fin de semana bajar el tono al enfrentamiento con las petroleras y reiteró su voluntad de negociar, la nacionalización de los hidrocarburos, decretada por el presidente el 1º de mayo, no está resultando sencilla.
El duro comunicado de Repsol responde al allanamiento que se hizo el viernes en las oficinas de Andina en Santa Cruz. En el operativo fue detenido un auditor de la empresa, acusado de “estafa agravada”, pero fue liberado el sábado por un juez. El allanamiento fue parte de una investigación que lleva adelante la Fiscalía de Santa Cruz sobre un supuesto acuerdo irregular firmado por Andina para el ajuste de precios del gas vendido a Brasil.
La medida judicial se realizó horas después de que la oposición de derecha hubiera fracasado en su intento de forzar la renuncia del ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, mediante un planteo en el Congreso. La renuncia de Soliz Rada, uno de los promotores de la nacionalización del gas, la bandera política de Morales, fue rechazada por el presidente.
Repsol señaló que observa “con verdadera preocupación que algunas personas, entre ellas funcionarios del Ministerio Público del Gobierno de Bolivia”, quieran abrir procedimientos penales contra la compañía. “Estas reiteradas e injustificadas actuaciones obligan a Repsol-YPF a plantearse ejercitar acciones legales ante todos los foros de Justicia independiente, nacionales e internacionales, en la defensa de sus derechos y los de sus empleados”, advirtió.
Según el gobierno de Morales, los perjuicios provocados a Bolivia por ese acuerdo, firmado en 2002 con la brasileña Petrobras y cancelado a mediados de este mes, rondan los 160 millones de dólares. Pero Repsol asegura que el convenio fue legal y no causó daños al Estado boliviano.
En el comunicado se refirió a las declaraciones de Morales, quien el sábado a la noche afirmó que apuesta por “el diálogo” con Repsol. La empresa dijo que confía en que esas palabras se traduzcan “en hechos concretos” que permitan “la vuelta a un clima de total normalidad y seguridad jurídica en Bolivia”.
Una fuente de Andina señaló ayer a Clarín que la empresa está “bastante molesta” con el gobierno, por eso el tono de este comunicado “es más fuerte que el que ha mostrado la compañía hasta ahora”. También deslizó que hay cierto malestar porque están “paralizadas” las negociaciones sobre los nuevos contratos que deberían firmarse entre el Estado y las petroleras antes del 31 de octubre, en el marco de la nacionalización.
“El presidente ha subrayado el sábado el interés de Bolivia en mantener la negociación con Repsol. Por otra parte, las investigaciones de la Fiscalía siguen su curso porque es un organismo independiente, aunque ya anunció que los operativos se harán con mayor respeto a las normas, para evitar confrontaciones”, aseguró a esta enviada el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, uno de los más cercanos al presidente.
“El gobierno no tiene interés en crispar las relaciones con las empresas extranjeras. Al contrario, queremos que se queden en el país, apuntamos a nuevos contratos basados en la transparencia, que permitan incentivar nuevas inversiones”, aseguró.
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