REPUDIARON LA PROPUESTA PARA QUE EDILES UN DÍA EN SILLAS DE RUEDAS
Algunos fueron más diplomáticos que otros, pero todos los que trabajan para la integración de las personas discapacitadas repudiaron ayer el decreto aprobado por el Concejo Municipal que establece “Un día de sillas”. Una iniciativa por la que el 3 de diciembre de cada año, funcionarios y concejales recorrerán las calles en sillones de ruedas para experimentar en carne propia las barreras arquitectónicas de la ciudad.
Desde el Centro de Ayuda al Discapacitado, Rosana Martins, calificó la iniciativa como “una pavada” y el titular de la Asociación Mutual de Familiares y Amigos del Discapacitado e Incapacitado (Amufadi), Mario Buss, espetó: “Es aberrante, antes tiene que enseñarle a la comunidad. Lo que pasa es que no se ocupan de lo que se tienen que ocupar porque están en campaña”. Incluso, la propia directora de Inclusión de Personas Discapacitadas de la Municipalidad, Viviana Marchetti, consideró que antes que aprobar este proyecto “es más productivo que informen a la población y legislen”.
“Un día en sillas” fue aprobado anteayer en el Palacio Vasallo y en menos de 24 horas sumó más críticas que adhesiones. La iniciativa fue presentada por el concejal justicialista Oscar Larrauri y establece que el 3 de diciembre de cada año, fecha en que se conmemora el Día Mundial de las Personas con Discapacidad, el intendente Miguel Lifschitz, parte de su gabinete y un concejal de cada bloque realicen un recorrido por diferentes zonas de la ciudad en sillas de ruedas para así “vivenciar la existencia de barreras arquitectónicas”.
Una profunda tristeza
La titular del Centro de Ayuda al Discapacitado fue quien se mostró más indignada. No sólo calificó la propuesta como “una pavada que no sirve para nada”, sino que además agregó: “Siento una profunda tristeza, porque este es un problema mucho más grave. Acá hay chicos que se mueren de hambre y eso les significa en el futuro una discapacidad neurológica, estamos hablando de personas que no tienen para pagar sus tratamientos y eso les provoca la muerte”.
Martins destacó que en Rosario “un ocho por ciento de la población sufre una discapacidad de diferente tipo y grado”, y recordó que “para cualquier tratamiento necesitan un certificado de la Comisión Provincial de Discapacidad, un trámite que en este momento está demorando, con suerte, cinco meses”.
Ante ese panorama, la presidenta del centro insistió con que “hay prioridades mucho más importantes que sentar a los funcionarios en una silla de ruedas, como por ejemplo la padecida por los padres de chicos con esclerosis múltiple que no tienen de dónde pagar tratamientos a un costo de 12 mil pesos mensuales”.
Quien tampoco se guardó nada fue el titular de Amufadi, quien todo el tiempo hizo hincapié en la necesidad “de concientizar a la población sobre esta problemática” y de que “los funcionarios escuchen y pidan asesoramiento a todas las organizaciones que desde hace años trabajan en este tema”.
“Por qué no se ocuparon los concejales y Larrauri de cuidar los derechos de los discapacitados cuando se trataron los pliegos del nuevo tranporte público de pasajeros -se preguntó Buss-. Ese día, decidieron que habrá menos coches adaptados y que sólo estarán en la calle de 6 a 22. ¿A la noche los discapacitados no pueden salir?”.
El hombre recordó también que en el Palacio Vasallo “existe un consejo asesor del discapacitado que está integrado por cuatro ediles, entre ellos, Larrauri. El nunca se presentó, entonces antes de hacer esto, ¿por qué no nos consultó a las ONGs?”. Como si fuera poco consideró que el decreto “es aberrante” y agregó: “Tienen demasiado tiempo y no hacen lo que tienen que hacer. Pero el problema es que estamos en tiempo político, en campaña, y entonces ellos aprovechan la volada”.
Esto no genera conciencia
Viviana Marchetti es la directora de Inclusión de Personas Discapacitadas y ella misma se traslada en un sillón de ruedas. “El hecho de que por un día se suban a una silla no les va a hacer tomar conciencia de lo que pasa en la ciudad y del complejo problema que hay que enfrentar”, aseguró la funcionaria, quien además consideró que “hay que legislar y para eso deben asesorarse con la gente que vive en esta situación”.
“Con ese criterio deberían convivir con portadores y enfermos de HIV para comprender la enfermedad y pasar un día en la casilla de una villa miseria para saber de qué se trata la pobreza. No es así y hay otros caminos”, abundó Marchetti.
También Esteban González Saravia, director del Centro de Rehabilitación para No Videntes y Disminuidos Visuales, cuestinó el decretó y consideró: “Pueden tratar de hacer una experiencia, así como hay gente que se venda los ojos, pero eso no soluciona para nada el problema que enfrentamos todos los días”.
Lo central, para González Saravia, es que los funcionarios “escuchen de una vez por todas a las personas que sufren diferentes discapacidades. Para hacer una rampa que hablen con las organizaciones que saben del tema y que no hagan cualquier cosa, como suele pasar”.
Además destacó que “no sólo tienen que poner en condiciones el centro de la ciudad. Los discapacitados también viven en los barrios y si van por la zona sur, por ejemplo, se van a dar cuenta que hay zanjas por todos lados y veredas destruidas que obligan a la gente a caminar por la calle”.
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