RESPALDO DE LA SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS A TONIOLLI, POR LOS ATENTADOS SUFRIDOS

Dos perfiles muy claros, el de la lucha contra la impunidad y el de la protección a testigos, querellantes y a quienes están ligados a la apertura de causas como la de la Quinta de Funes; fueron marcados como preocupaciones fundamentales de la Secretaría de Derechos Humanos por Rodolfo Matarollo, jefe de gabinete de esa dependencia del Ministerio de Justicia de la Nación. Matarollo calificó de “intolerables” los ataques hacia el militante de Hijos y justamente querellante en la causa de ‘La Quinta’ Eduardo Toniolli -cuyo cyber ubicado en Mitre y Mendoza visitó ayer- y de las amenazas e intimidaciones contra quienes “trabajan por el fin de la impunidad”. Este funcionario nacional puso en la responsabilidad del gobierno de la provincia y de las fuerzas de seguridad y policiales la protección de los afectados “y la garantía de los derechos humanos para todos”. Rodolfo Matarollo invitado por el Equipo Jurídico de Derechos Humanos dio una conferencia en la Casa del Foro sobre “Jurisprudencia argentina reciente y crímenes de lesa humanidad”. También visitó el Museo de la Memoria en Rosario Norte y tuvo una reunión en la sede del MEDH (Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos) con organizaciones locales.

Matarollo definió “la lucha contra la impunidad”, en una de sus formas a través de la reapertura de la causas como la de la Quinta de Funes, y “la protección a testigos, querellantes o en general a quienes están vinculados con las acciones judiciales” como una de las preocupaciones fundamentales de la secretaría. Este hombre que tuvo funciones en el marco de las Naciones Unidas y defendió presos políticos y perseguidos aún antes de la dictadura dijo ayer- antes de la charla que dio en la Casa del Foro y que organizó el Equipo Jurídico de Derechos Humanos- que la protección “es en primer lugar una obligación del gobierno de la provincia y de las fuerzas de seguridad y policiales”. Allí fue presentado por dos integrantes del equipo como lo son las abogadas Isabel Fernández Acevedo y Matilde Bruera.

Sobre los ataques contra el negocio de Eduardo Toniolli, uno de los querellantes en la causa de la Quinta de Funes, Matarollo calificó de “intolerable” que existan estos hechos y dijo que “no caben dudas sobre intencionalidades”, entonces insistió en que es una obligación fundamental “del gobierno provincial, de las fuerzas de seguridad y provinciales garantizar la seguridad de todos los habitantes”.

-¿Por qué cree que se dan en Rosario situaciones como los ataques a Toniolli y amenazas e intimidaciones a abogados o personas ligadas con la causa?- preguntó Rosario/12.

-Sea cual sea la causa lo que se debe hacer es actuar con energía para restablecer la ley y garantizar los derechos humanos para todos.

También invocó el carácter indivisible de los derechos y garantías y tomó como ejemplo algunos de los cuestionamientos en relación con “el bien fundado garantismo”, dijo, del hoy integrante de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni y que rigen “para todos los habitantes”. Esos derechos y garantías “valen para quienes pueden estar involucrados en estas causas judiciales” como la de la Quinta de Funes o del II Cuerpo de Ejército “y les dan un amplísimo derecho a la defensa, el tribunal objetivo, independiente e imparcial todo aquello que no tuvieron quienes sufrieron la represión ilegal con la dictadura militar.

Para Matarollo hay mucho que recorrer todavía para establecer la verdad de lo ocurrido durante la dictadura militar. “El número de sobrevivientes de quienes pasaron por centros clandestino de detención es alto, algunos estuvieron horas y otros días, semanas, y meses y hasta años”. Así mencionó que la Asociación de Detenidos-Desaparecidos habla de unas 2000 personas identificables y conocidas que tienen cosas que narrar sobre esta experiencia límite y anunció uno de los proyectos que existen en el marco de la secretaría nacional que es la creación de un Archivo Nacional de la Memoria, con el carácter de archivo histórico.

La administración de las leyes reparatorias, en este caso respecto de los sucesos de diciembre del 2001 están en la órbita de la secretaría y estarán destinadas a la ‘reparación’ en el caso de víctimas del accionar “arbitrario de las fuerzas en las jornadas del 19 y 20 de diciembre”, dijo el funcionario nacional.