RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

Pocos días después de que se conocieran dos casos de supuesto abuso sexual contra chicos alojados en institutos penales a disposición del juez de Menores Jorge Zaldarriaga, el magistrado envió un oficio a la Dirección Provincial del Menor en Conflicto con la Ley Penal autorizando a la repartición a definir la ubicación de los adolescentes sospechados de cometer algún ilícito. Hasta ahora, el funcionario decidía si los jóvenes debían quedar privados de libertad y, además, dónde.

La medida cumple con un viejo reclamo de la dirección provincial, dependiente del Ministerio de Gobierno, que venía solicitando tener el poder de decisión sobre este aspecto. El argumento, dijeron, es que el equipo de profesionales del área toma contacto con toda la familia y puede hacer así una evaluación certera sobre lo que le conviene al chico, que técnicamente no está detenido sino tutelado. En la práctica, es un reparto de responsabilidades.

El oficio de Zaldarriaga fue emitido durante su turno, de un mes. Todavía se ignora si sus colegas Juan Leandro Artigas y Jorge Cartelle adoptarán el mismo criterio.

El factor desencadenante parece haber sido la noticia de dos casos de violación dentro de penales para menores. Uno de ellos, que ocurrió en Instituto de Rehabilitación del Adolescente Rosario (Irar), hasta ahora no se ha comprobado. La presunta víctima es un niño de 13 años que se encontraba allí desde hacía varios meses, a pesar de que la entidad no es de tránsito sino que se dedica a la rehabilitación de jóvenes sospechados de cometer delitos. No era el caso de este chico, a quien el juez tutelaba por una cuestión civil. En Tribunales contaron que el joven señalado como abusador tiene 19 años, por lo tanto investiga el hecho un juez de Instrucción.

El otro episodio, que ocurrió en el Centro de Alojamiento Transitorio (CAT), de Dorrego al 900, es tramitado por el juez de Menores Juan Leandro Artigas. Allegados al expediente comentaron que se reunió semiplena prueba de que existió un abuso sexual calificado. Según la fuente, el médico forense constató el acceso carnal en perjuicio de un pibe de 14 años que debería haber estado con su familia. El juez había ordenado que fuera retirado por un pariente pero su disposición no se pudo cumplir, como en muchos otros casos en los que los padres no pueden o no quieren hacerse cargo de los hijos.

El joven sindicado como autor ya estaba a disposición de Artigas, que decidió enviarlo al pabellón para menores de la cárcel santafesina de Las Flores. Este jueves participará de un reconocimiento en rueda de presos en el marco de la causa por abuso sexual calificado. Según fuentes judiciales, la agresión habría tenido relación con disputas de poder antes que connotaciones sexuales. El sospechoso tiene 17 años y era de los internos mayores del CAT. En Tribunales observaron con preocupación que se comiencen a trasladar los códigos de la cultura carcelaria de los mayores al ámbito de tutela de los menores en conflicto con la ley penal, como por ejemplo las peleas por el predominio en los pabellones.
En la dirección provincial, a cargo desde hace algunas semanas de Sergio Druetta, explicaron que el personal interviene cuando hay adolescentes sospechados de cometer ilícitos. En cambio, si la problemática es de orden social o civil queda bajo la órbita de Minoridad y Familia, que depende de la Secretaría de Estado de Promoción Comunitaria.

El problema surge cuando Promoción Comunitaria no cuenta con lugares adecuados para alojarlos y los deriva a institutos penales.
Hace años que decenas de niños van a parar a comisarías u otras dependencias por falta de espacios físicos donde alojarlos transitoriamente, hasta que sus familiares los pasan a buscar. Y, como muchas veces no los retiran rápidamente, quedan desprotegidos ante los menores de mayor edad