RESPONSABILIZAN A OCHO DOCENTES POR LA MASACRE DE PATAGONES

Las autoridades educativas bonaerenses separaron de sus cargos a ocho docentes de Carmen de Patagones por considerarlos responsables institucionalmente de lo ocurrido en la escuela de nivel medio donde hace poco más de nueve meses un chico de 15 años mató a tres de sus compañeros e hirió a otros cinco.

Se trata de directivos, profesores, preceptores y un secretario que trabajaban en la escuela de Enseñanza Media N° 2 Islas Malvinas, en la que ocurrió la tragedia el 28 de septiembre del año pasado.

Ayer, anoticiados de la medida administrativa, padres de las víctimas mortales y de chicos que continúan sus estudios en ese colegio reaccionaron de manera muy distinta. Mientras que para algunos la decisión de separar a los docentes de sus cargos fue correcta –por entender que actuaron en forma errónea y desaprensiva–, otros consideraron la medida como “un pequeño movimiento para que pase el tiempo” y no haya culpables por el episodio.

Hoy, el adolescente que asesinó a sus compañeros está sobreseído penalmente, mientras que siguen en curso en la Justicia varias causas civiles para determinar quiénes son los responsables que deberán resarcir a los familiares de las víctimas.

Según trascendió, varios padres no descartan iniciar demandas penales contra los docentes separados de sus cargos. De hecho, las integrantes del Equipo de Orientación Escolar (EOE) ya fueron querelladas por no haber advertido previamente a la tragedia lo que ocurría con el chico homicida, que, entre otras cosas, les había manifestado su admiración por Adolf Hitler y sus fantasías relacionadas con la muerte y con el suicidio.

La decisión de separar a los docentes de sus cargos fue adoptada por la subsecretaria de Educación provincial, Delia Méndez, al recibir las conclusiones del “sumario genérico” confeccionado por la Auditoría General de la Dirección General de Cultura y Educación del distrito.

Mediante la disposición N° 81 firmada por Méndez, se ordenó relevar a la directora Adriana Goicoechea y al secretario Jorge Franchino e iniciar sumarios individuales a ambos y a la preceptora del 1er. año “B” donde ocurrió la masacre, Ana María Campoy; al profesor de derechos humanos, Carlos Ruiz, que debía hacerse cargo del curso aquella mañana cuando ocurrieron los asesinatos; a las integrantes del EOE María Cristina Madsen y Andrea De Francesco, y a los profesores Luis Daniel Aviles y Gabriel Mesquida.

Las novedades comenzaron a ser comunicadas la semana pasada a los sumariados por la secretaria de Inspección de Carmen de Patagones, Raquel Incaminato, que ya nombró a los reemplazantes: Marita Riera, como directora, y Claudio León, como regente. Ambos asumieron sus funciones ayer, según lo informado en la escuela.

“La verdad es que la gente quería una renovación en la conducción porque ya no se aguantaba la incertidumbre. A estas alturas se planteaba la necesidad de barajar y dar de nuevo con nuevas autoridades que pudieran retomar la conducción de la escuela, que resultó seriamente afectada por el trágico episodio”, dijo Incaminato a LA NACIÓN.

A la luz de las pruebas recolectadas en la investigación inicial, el Tribunal de Disciplina de la Dirección de Escuelas provincial ordenó el 23 de mayo último la instrucción de los ocho sumarios individuales para aquellos docentes considerados “prima facie” responsables de lo ocurrido o de no haber tenido una reacción “adecuada” ante el hecho.

Aquel trabajo, que se inició el mismo día de la tragedia y se formalizó en el expediente 5802-3893971/04, fue llevado adelante por el instructor Rogelio Lozano, con la supervisión de Alberto Palacios, responsable del área de sumarios administrativos.

Esa investigación asignó “presuntas responsabilidades genéricas al cuerpo directivo y a varios docentes”, según informó ayer a LA NACIÓN el asesor del Tribunal de Disciplina Roberto Sutil, que explicó que “no se trata, obviamente, de la responsabilidad directa por el crimen, sino de la responsabilidad que les cabe a quienes, en vigencia del régimen disciplinario regido por la ley 10.579, estaban a cargo de los chicos al producirse el hecho”.

El sumario objeta la conducción del establecimiento a cargo de Goicoechea y Franchino, la ausencia en el aula de la preceptora Campoy y del docente Ruiz y la actuación de las integrantes del EOE, y cuestiona la actitud de Mesquida y Aviles, que decidieron cerrar sus aulas con llave cuando empezaron los disparos.

REACCIONES ENTRE LOS PADRES

Marcelo Ancella, padre de uno de los alumnos del curso de la tragedia, se mostró conforme con lo decidido por la Dirección de Escuelas y dijo: “Los chicos fueron abandonados por los docentes, los que deberían haber estado allí en ese momento para evitar la tragedia”. Sostuvo que el “asesino cometió la masacre y fueron los mismos chicos los que socorrieron a sus compañeros y desarmaron al monstruo. Después, recién aparecieron los docentes”.

Según Ancella, “por esta disposición [la de las autoridades educativas] venimos luchando desde el día de la masacre. Son responsables directos de la masacre al igual que el prefecto Néstor López”.

López es el titular de la subprefectura de Carmen de Patagones y jefe directo del ayudante de segunda a quien su hijo quitó el arma reglamentaria -una Browning 9 milímetros N° 05-139981- con la que cometió la matanza. Esa fuerza suspendió al agente y le inició un sumario para establecer si había resguardado adecuadamente el arma, pero aún no se informó sobre su finalización.

“No estamos contentos con esto porque para nosotros no es justicia. Son sólo pequeños movimientos para que pase el tiempo”, opinó, a su turno, Tomás Ponce, padre de Federico, uno de los menores muertos en el aula.

COMUNICADO DOCENTE

Al conocerse la decisión de las autoridades, integrantes del cuerpo de docentes de la escuela dieron a conocer una nota, sin firmas, en la que se expresó su rechazo a la medida a la que catalogaron de “hipócrita, perversa y mentirosa” y la atribuyeron a la “necesidad de la dirigencia política de hallar chivos expiatorios. Esta disposición es a corto plazo, para conformar a algunos, porque, en realidad, si desplazan a la directora que está designada por el Estado, entonces el Estado también es responsable”, se sostiene en el escrito.