RESPONSABILIZAN A ROSARIO Y LA PROVINCIA POR UN CRIMEN

Los abogados de la familia del carnicero Carlos Fabio, asesinado el pasado sábado 15 de abril durante un robo, se presentaron ante la Justicia como actores civiles y, en el contexto del proceso penal, citaron al Estado provincial como tercero responsable y planean hacer lo mismo con la Municipalidad. Según el planteo de los letrados, la falta de seguridad es un problema que deriva de la escasez de recursos con los que cuenta la comisaría de la zona, mientras que al municipio lo responsabilizan por ignorar los reclamos de aperturas de calles presentados en las asambleas del Presupuesto Participativo, donde juntaron 1.500 firmas de vecinos para acompañar la iniciativa.
La viuda de Carlos Fabio no tuvo mucho tiempo para elaborar el duelo: el lunes pasado debió reabrir la carnicería donde sucedió el robo en cuyo epílogo su esposo perdió la vida, ya que es su única fuente de ingresos.
En tanto, sus abogados, Luciana González y César Ceragioli, informaron ayer que se han presentado como actores civiles ante el Juzgado de Instrucción de la 12ª nominación y aguardan a que la jueza Mónica Lamperti les conceda esa constitución. Pero en la presentación reclamaron también que se cite a la provincia como tercero responsable en la causa, algo que planifican extender al municipio.
González explicó que “respecto de la provincia el tema es claro: ellos tienen a cargo la seguridad, pero la comisaría de la zona (la 11ª) cuenta sólo con 15 efectivos y dos móviles, algo que es insuficiente”, expresó.
Y al municipio lo responsabilizan porque tiene a su cargo la planificación de la ciudad, describió la letrada. “La gobernadora María Eugenia Bielsa dijo en televisión que una forma de prevenir la inseguridad es abrir las calles. Nosotros hicimos una presentación en 2004 en las asambleas de Presupuesto Participativo para lograr la apertura de Garibaldi y Ameghino. Lo acompañamos con 1.500 firmas y nunca tuvimos una respuesta”, explicó González.
“Nunca, nadie de la provincia ni del municipio se acercó al barrio, y ahora quieren ocupar el Batallón 121 con la villa que van a sacar para poner el casino, a lo que se opone el barrio”, aseguró la abogada en referencia a un reclamo de los vecinos para que ese regimiento no sea trasladado, porque –según argumentan– así aumentará la inseguridad.
González explicó además que, desde el crimen de Fabio, ningún funcionario provincial o municipal se acercó a la viuda para darle sus condolencias, o para preguntarle si necesita algo.
Fabio fue ultimado en la mañana del pasado sábado 15, cuando llegó a su comercio de Ayacucho y Uriburu en medio de un robo, persiguió en auto a los ladrones y, cuando uno de ellos tropezó, bajó para intentar retenerlo. En esa circunstancia recibió un escopetazo que le resultó fatal. Por el caso hay un joven detenido y otro prófugo.
Aquel caso de Colón y Cerrito

La decisión de los asesores legales de la familia del carnicero asesinado reconoce un antecedente en el barrio República de la Sexta. Stella Cipriani, propietaria de un minimarket en Colón y Cerrito, decidió demandar al Estado provincial en 2002 cansada de los robos: había sufrido catorce en un año.
“Hace unos años me di cuenta de que no podía vivir como docente universitaria y luego entendía que tampoco podía vivir como comerciante porque en algunas oportunidades llegaron a asaltarme tres veces al día”, le dijo la mujer a este diario en diciembre del año pasado.
“Cuando a fines de 2002 ya había realizado una gran cantidad de denuncias, que quedaron todas impunes, inicié un juicio contra la provincia y decidí hacerlo público. Es que consideraba que tenía que pagar todos los impuestos y el Estado no sólo no cumplía con proveernos seguridad, sino que tampoco resolvía los problemas relacionados con la falta de trabajo, la salud y la educación” relató Cipriani. Desde entonces, el local cuenta con custodia policial.