RETENCIONES: TIBIA DECLARACIÓN DE LA REGIÓN CENTRO

La Sexta Reunión Plenaria de la Comisión Parlamentaria Conjunta de la RC “manifesta su preocupación” frente a la reiterada imposición del gobierno nacional. Y, tras declamar su posición en “defensa” sobre los sectores productivos, solicita a los Ejecutivos provinciales que adopten “acciones coordinadas” favorables a dicho sector.

La escueta declaración -que prácticamente no contiene adjetivos- fue leída en el plenario de ayer por la tarde, sin que ninguno de los parlamentarios hiciera acotaciones.

En la Comisión de Presupuesto y Economía se había discutido (sobre la base de cinco textos marcadamente diferentes) una declaración y la diputada informante Juana Romero (PJ-Córdoba) verbalizó con todas las letras hasta qué posición se atreverían los parlamentarios: “Éste es el texto que se ha acordado y no hay más que agregar”, dijo.

Antes, en el momento de los homenajes, Romero dedicó encendidos párrafos -y varios minutos- a la figura de Eva Duarte de Perón; tocó los principales aspectos de la vida de la primera esposa del ex presidente y sorprendió con una expresión muy poco común, al señalar -en una apasionada enumeración de las reivindicaciones populares- que se procuraba un mayor “confort” para los desclasados.

Como se informó en la víspera, Alcides Calvo (PJ-Castellanos) presidió la sesión realizada en el recinto de la Cámara de Diputados en la que fueron mayoría los representantes cordobeses. En la edición de ayer se deslizó un error: hubo un legislador socialista, la senadora Marta Nardoni (Garay), que participó durante toda la jornada. Al plenario asistió también el diputado nacional Jorge Giogetti.

Las papeleras y el Uruguay
El único representante entrerriano que participó de la sesión, Sergio Marsiglia, obtuvo el acompañamiento de Santa Fe y Córdoba para emitir una declaración más osada sobre el riesgo que -según sus expresiones- enfrenta el río Uruguay, por la instalación de plantas de pasta celulosa en el hermano país.

Los parlamentarios de la Región Centro tuvieron menos dudas a la hora de pronunciarse sobre las decisiones de un gobierno extranjero que de confrontar con la administración de Néstor Kirchner (como en el caso de las retenciones).

La declaración destaca la negativa del gobierno oriental a realizar estudios de impacto ambiental antes de la llegada de la actividad.

Danilo Kilibarda describió cabalmente las contradicciones entre los derechos consagrados por la Constitución y las leyes sobre los detenidos al proponer la creación de Institutos Autárquicos de Trabajo en el Servicio Penitenciario de cada provincia. Dijo que Santa Fe -que ha tenido una experiencia terrible en Coronda- y Córdoba -que ha pasado por un grave motín- pueden compartir sus experiencias, y deben procurar llevar a la práctica la idea de que el Estado tiene la obligación de hacerse responsable por los reclusos.