RETRASAN EL DESALOJO DE 200 FAMILIAS DE LA ZONA SUR

Representantes de unas doscientas familias de escasos recursos que habitan terrenos del asentamiento La Granada, en límite sur de Rosario, acamparon ayer en la plaza San Martín, frente a la sede local del gobierno provincial (Santa Fe 1950), para solicitar que no se lleve adelante una orden de desalojo que pesa sobre el lugar, por entender que “no les dieron tiempo, ni les asignaron un nuevo espacio”. Los propietarios de los lotes iniciaron un juicio por desalojo cuya medida se iba a llevar a cabo ayer, a las 17, aunque el trámite fue diferido sin fecha cierta tras la intervención de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe. En tanto, las personas que ocupan los lotes mantendrán hoy, a las 7, una reunión en los Tribunales Provinciales con el juez de la causa, Eduardo Arichuluaga, y contarán con el patrocinio de la Defensoría General.

El grupo que se apostó ayer desde muy temprano en la plaza San Martín estaba conformado en su mayoría por madres de familia con sus hijos pequeños en brazos. El motivo del reclamo era llamar la atención de las autoridades para que no se lleve adelante el desalojo. “Es una comunidad que está conformada por gran cantidad de chicos que no tienen donde ir y no se los puede dejar a la deriva”, indicaron.

Propiedad privada
Si bien reconocen que el lugar ocupado -delimitado por Oroño, Caña de Ambar, pasaje 509 y Circunvalación- “es una propiedad privada y la tienen que desalojar”, piden a las autoridades provinciales, municipales y a la Justicia que contemplen la situación “porque no se pueden mover en dos días sin tener un destino cierto”, manifestó Teresa Isaurralde, quien tomó la voz cantante del grupo. La mujer explicó que ayer se instalaron en la plaza y que no se moverían “hasta conseguir una respuesta favorable a su pedido”. Como antecedente, los damnificados ya habían protagonizado anteayer un corte de avenida Circunvalación a la altura del asentamiento, con quema de cubiertas.

“Somos humanos, no animales, ¿dónde están nuestros derechos?”, se preguntó una mujer mayor mientras contaba que tiene “un problema cardíaco” y no sabe cómo va a hacer “para sacar los tirantes y chapas de su casilla”, mientras su marido trabaja “para llevar algo de comida al hogar”.

Los manifestantes pretendían acceder a una audiencia con el gobernador Jorge Obeid, pero, según dijeron, les “mandó a decir con una secretaria que no podía ir contra la decisión del juez”, se quejaron las mujeres en conjunto.

Intervino la Defensoría
En tanto, consultado sobre el futuro de la gente, el secretario de Promoción Comunitaria de la provincia, Juan Carlos Forconi, refirió que aún “no se había dado intervención” a esa dependencia. “Los más importante era postergar el desalojo, por eso directamente tomó intervención la Defensoría del Pueblo”.

El funcionario indicó además que mientras se gana tiempo, “se tratará de no dejar a la gente en la calle, y si es necesario, se trabajará en conjunto con el Servicio Público de la Vivienda de la Municipalidad para encontrar un lugar y asistencia a estas familias”.

Tras deambular toda la mañana por los Tribunales Provinciales, la Defensoría del Pueblo y la Dirección Provincial de la Vivienda, el grupo logró gestionar el cese del desalojo, mientras que hoy tendrá una entrevista con el juez de la causa, donde intentarán ganar tiempo para que el traslado no sea tan traumático. Mientras tanto los manifestantes abandonaron la plaza San Martín y regresaron a sus viviendas.