REUTEMANN PIDIÓ QUE SE REVISEN LOS TRÁMITES DUDOSOS EN LAS INUNDACIONES
El senador nacional Carlos Alberto Reutemann planteó al gobernador Jorge Obeid su preocupación “respecto a algunas manifestaciones de presidentes comunales referidas a subsidios recibidos del gobierno provincial, que ellos mismos en declaraciones públicas han considerado ilegítimos en el marco de la emergencia hídrica y climática del año 2003”.
Tales expresiones fueron vertidas en una carta que el legislador envió ayer al mandatario santafesino en la que también solicitó “la revisión de aquellos actos en que se advierta un destino distinto al otorgado por el gobierno provincial a dichos municipios y comunas” y que en ese caso “se intime a los responsables a su devolución o se inicien acciones pertinentes, si correspondiere”.
De esta forma, Reutemann hizo referencia a las expresiones formuladas en el programa televisivo Puntodoc, que se emitió el miércoles pasado en vivo por Canal América, en el cual su gestión de gobierno fue acusada de desviar fondos previstos por ley nacional para las inundaciones hacia otras localidades con fines electorales y que algunos de esos recursos fueron invertidos en la remodelación de las avenidas 27 de Febrero y Alem.
Precisamente, con relación a los recursos del Banco Mundial utilizados para esas arterias, el ex gobernador fue categórico al señalar que eso se debió a que la avenida 27 de Febrero se inundó. “Yo estuve ahí y tuve que pasar en canoa, y el que dice que esa avenida no se inundó es porque no sabe qué pasó en Santa Fe”, en clara respuesta al conductor del programa que segundos antes había señalado que Reutemann “sabe perfectamente que 27 de Febrero nunca se inundó”.
El Lole dijo sentirse dolorido “porque mucha gente que durante la catástrofe no ayudó, ni participó, ni colaboró en ese momento, ahora aparece en escena desde el punto de vista político. Pero bueno… esto forma parte de este negocio”.
Fuentes cercanas a Reutemann explicaron que “hasta el momento nadie ha informado que hubiera alguna anormalidad en los trámites realizados y que no firmó ningún decreto ni pedido para que se afectara algún fondo u otra cuestión, y mucho menos haber utilizado dineros públicos para otros fines, como aparentemente se intenta sugerir”.
Asimismo, se indicó que “todos los trámites realizados son correctos, porque los controles de la provincia funcionan bien” y que “tanto el Tribunal de Cuentas como los organismos técnicos, administrativos y jurídicos se expidieron previamente en todos los casos”.
Que se hagan cargo
En ese sentido remarcaron que “cada funcionario se hará cargo de lo que firmó, y si todo está bien mejor, de lo contrario que algún organismo de control de gestión, o la propia Legislatura, hagan las denuncias correspondientes, para que todo se aclare y rápido”.
Las mismas fuentes subrayaron que “en mayo de 2003 la Legislatura santafesina sancionó la ley 12.106, por la cual se aprobó todo lo actuado en la emergencia hídrica hasta ese momento” y que “a partir de allí se estableció un mecanismo de necesidad y urgencia donde se autorizó al Poder Ejecutivo a realizar compras y contrataciones en forma excepcional, notificando al Tribunal de Cuentas de cada acto administrativo en forma inmediata”.
Al respecto se sostuvo que “si nadie se ha opuesto quiere decir que todo está bien, al menos desde el punto de vista formal”, insistiendo en que “no se puede acusar de malversación porque todo estuvo aprobado por la Legislatura y los demás controles externos del gobierno provincial”.
Acerca de la reconstrucción de las avenidas 27 de Febrero y Alem, se indicó que los trabajos en ambas arterias se iniciaron “en virtud de no obtener una respuesta efectiva y en consideración de su deplorable estado, tanto estructural como funcional” y que por tratarse de una jurisdicción nacional, “la provincia se reservó el derecho de reclamar al gobierno nacional los montos desembolsados”.
“La avenida Alem fue cubierta en gran parte por el río Salado, por lo que se aceleró el mal estado de su precaria estructura y por esa razón se consideró oportuno afectar una parte proporcional a los daños de los recursos destinados a paliar los efectos de la inundación”, se indicó para replicar un informe periodístico que hace suponer que hubo un uso indebido de fondos.
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