REUTEMANN RECHAZA LA ACTUACIÓN DE LA OFICINA ANTICORRUPCIÓN POR LA DENUNCIA DE DESVÍO DE FONDOS

El ex gobernador, Carlos Reutemann, planteó la incompetencia de la Oficina Anticorrupción del Poder Ejecutivo Nacional para entender en la denuncia por presunta malversación de fondos durante la catástrofe hídrica del Salado del año 2003 presentada por el empresario José Mustafhá.

El actual senador nacional santafesino, a través del abogado y ex ministro de Gobierno, Carlos Carranza solicitó la semana pasada el rechazo in límine de la denuncia y el pase de las actuaciones correspondientes a la Justicia santafesina “por atención al pleno respeto al principio republicano y federal”. Entre las pruebas presentadas están los decretos provinciales 913 del 1° de junio último y el 1.496 del 13 de agosto, que tuvieron repercusión legislativa y mediática en los últimos días .

La defensa señala que “hay una tremenda ligereza en el tratamiento de los temas que ya han sido solucionados debida y formalmente por el gobierno provincial” e incluso afirma que el Tribunal de Cuentas no objetó los decretos rectificatorios.

CON EL AGUA AL CUELLO

La presentación ante la Oficina Anticorrupción parte de plantear la emergencia en que se encontraba la provincia en abril de 2003, cuando se produjo “la confluencia en la acción de asistencia y actuación de fondos de origen provincial puro, fondos nacionales de asistencia inmediata y posteriormente fondos derivados del uso de créditos originariamente provinciales en tanto provenían del Banco Mundial, los cuales finalmente, fueron asumidos en cuanto a su obligación de pago por el gobierno nacional, como forma conveniente al mismo, que de tal modo le permitía no comprometer fondos del Tesoro Nacional para cumplir con la imposición que le había generado la Ley nacional 27.735 y así la Nación no tuvo que disponer de inmediato de 150 millones de pesos de sus recursos, por siempre escasos, sobre todo en esos momentos de la vida nacional”, dice uno de los párrafos de la nota.

Hace notar que “existió un desfasaje temporal entre la decisión del gobierno nacional de constituir un fondo para la provincia y la efectiva llegada” lo que obligó a la provincia a atender masivamente el problema con sus recursos. Agrega que fue preciso elaborar un mecanismo de compensación para cambiar la imputación de gastos trasladándolos desde fuente provincial a fuente nacional.

Dice Carranza que “durante todo el proceso y posteriormente, la provincia continuó aplicando fondos propios que excedieron largamente (en alrededor de 111 millones) los imputables a la Ley nacional 25.735, lo que generó además de una indubitable decisión de ampliar a sus expensas los recursos afectados a la catástrofe, lo que transforma en absurda cualquier necesidad de alterar el destino y la orientación de los devenidos en nacionales y consignados en la “fuente 552″ mencionada en las actuaciones de marras”.

Reconoce que pudieron haberse cometido errores o defectos de imputación “que amén de ser correctibles por vía de ajustes posteriores quedan muy lejos de cualquier hipótesis de utilización impropia”. Subraya que tampoco hubo observaciones del Tribunal de Cuentas.

CONTRAASIENTOS A PEDIDO

Carranza informa a la Oficina Anticorrupción que ante reclamos periodísticos y legislativos, Reutemann y el ex ministro de Hacienda y Finanzas (por Miguel Asensio) hicieron llegar sendas notas a la actual gestión provincial que piden que en caso de verificarse lo que describe como eventuales errores o defectos de imputación o registración “se realizaren los ajustes o contraasientos pertinentes con el fin de rectificar y corregir adecuadamente hipótesis e involuntarias contabilizaciones erróneas en un contexto de uso masivo y perentorio de fondos de origen plural, nacional y provincial, sin descartar los aportes privados y de organizaciones no gubernamentales”.

Agrega que la tarea se ha realizado mediante dichos decretos que “verifican una situación de daño inexistente, vocación de transparencia y con la debida comunicación y aprobación por el Tribunal de Cuentas y formal noticia al Poder Legislativo”.

Más adelante afirma que los decretos 913 y 1.496 no fueron observados por el Tribunal de Cuentas santafesino. Para la defensa de Reutemann esto pone de manifiesto, que en el peor de los casos “solo se trató de una defectuosa imputación presupuestaria, pero que en modo alguno pusieron en duda la plena vigencia de los mismos, los que en su mayoría fueron ejecutados y rendidos a la fecha. En otros casos, algunos nunca llegaron a ejecutarse; y en todos los casos, jamás hubo un perjuicio para la administración, ni desvío de fondo, ni mucho menos malversación de caudales públicos como pretende la denuncia”.

En otros párrafos, la presentación alude a los pedidos de informes votados en la Legislatura y las denuncias penales que se tramitan en los tribunales de Santa Fe, órgano jurisdiccional competente definido como juez natural.

También se permite afirmar que no se trata de fondos nacionales, sino que son fondos de la provincia, de libre disponibilidad que serán devueltos por la Nación.

Ya en la parte final del trabajo, la defensa de Reutemann se permite señalar que “se advierte una tremenda ligereza en el tratamiento de los temas que como se podrá observar, ya han sido solucionados debida y formalmente por el gobierno de la provincia de Santa Fe”.