REVÉS JUDICIAL PARA EL REFERENDUM PEDIDO POR IBARRA
El Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Buenos Aires, que decidiría hoy si el jefe de gobierno Aníbal Ibarra podrá evitar el trámite de recolección de firmas para realizar un referéndum, se encuentra reunido.
En tanto, el fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, José Luis Mandalunis, se opuso al pedido de Ibarra para que se prescinda del requisito constitucional de reunir unas 520.000 firmas para realizar una consulta popular sobre su permanencia en el cargo.
Mandalunis remitió su dictamen, que no es de aplicación obligatoria, , que esta tarde tiene previsto resolver la cuestión, informaron fuentes judiciales.
El Tribunal Superior deberá resolver además si en el plebiscito revocatorio se incluye o no el mandato del vicejefe de gobierno, Jorge Telerman.
El dictamen
Tras recordar de qué manera está incorporada la consulta o revocatoria en la Constitución porteña, el fiscal Mandalounis dictaminó que “parece indudable que el constituyente quiso condicionar la posibilidad del llamado a un referéndum de revocación a la efectiva voluntad de un porcentaje del electorado expresada en el trámite de recolección de firmas”.
“Considero que es un error interpretar la exigencia de la firma del veinte por ciento de los electores como garantía exclusiva del derecho del funcionario a permanecer en funciones”, añadió el fiscal.
Para Mandalounis, el plebiscito “es una de las formas previstas para asegurar la participación de la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos políticos, y cuando esos derechos se ejercen para revocar un mandato se lo hace tanto en el período de recolección de firmas como durante el referéndum”.
“De seguirse la tesis postulada por el Jefe de Gobierno, ante el pedido de un solo elector y el consentimiento del funcionario cuestionado, podría sortearse la primera etapa para pasar directamente a la convocatoria a fin de resolver si se le revoca o no el mandato”, advirtió el representante del Ministerio Público.
Mandalounis opinó que “de esa forma se desnaturaliza el esquema de participación afectándose los derechos políticos del resto de la ciudadanía, porque los que quieren participar en el impulso de la iniciativa para lograr convencer al veinte por ciento del electorado no pueden hacerlo en la forma prevista por la constitución”.
“Directamente pasarían a participar en una votación en la que tendrán que confrontar con los que sostienen la permanencia del funcionario, es decir, en una verdadera campaña electoral, escenario éste muy diferente a la previa preparación de un piso de adhesión para luego sí confrontar con el resto”, fundamentó.
Pero además, alertó que llamar a la consulta sin el requisito de las firmas “afectaría los derechos políticos de los que no quieren la revocación del mandato del funcionario”, pues “no estarían dispuestos a que se los someta a una participación obligatoria cuando no se sabe si realmente existe el sujeto político habilitado para provocarla”.
“Considero que la primera etapa del proceso de referéndum, esto es, la recolección de firmas, es un requisito constitucional previsto para el adecuado ejercicio de los derechos políticos de toda la ciudadanía, tanto de los de quienes quieren remover al funcionario por revocatoria popular, como de los de quienes no lo desean”, concluyó.
Ibarra, esperanzado
En tanto, el jefe de gobierno porteño, Aníbal Ibarra, expresó hoy su esperanza en que “salga hoy” el aval del Tribunal Superior (TS) al referéndum de su gestión, sin necesidad de reunir las voluntades de los ciudadanos, y anunció que “si sale rechazado saldremos a juntar las firmas” necesarias para la consulta popular.
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