REVOCAN EL PROCESAMIENTO DE LOS EDITORES DE LA REVISTA "TERCER MUNDO"

La Sala IV de la Cámara de Apelaciones -integrada por los jueces Julio D’Olazabal, Elbio Franchini y Daniel Amadío- revocó el procesamiento contra los periodistas Pablo Benito y Luis Moro, dictado por el juez Instrucción Rubén Saurín por el presunto delito de extorsión. La misma postura tomó con respecto del procesamiento de la periodista Claudia Moreno, sospechada de haber tenido una participación secundaria en los hechos.

El 31 de diciembre pasado Benito y Moro fueron detenidos por orden del juez Saurín, sospechados de haber pedido 5 mil pesos al empresario del transporte Daniel Eugenio Vidal para dejar de publicar informaciones que lo comprometían.

Durante la mañana de aquel día, y a partir del trabajo de las Tropas de Operaciones Especiales de la Policía, se grabaron dos conversaciones entre los periodistas y Vidal.

Al apelar el procesamiento, el abogado Jorge Pedraza había solicitado la nulidad de la indagatoria a los periodistas por considerar que al declarar éstos no conocían exactamente los cargos que pesaban en su contra. También había pedido que se rechacen las escuchas telefónicas, ya que ningún juez dejó sentado por escritos los fundamentos para tomar esta medida.

Pedraza también pidió la nulidad de lo actuado porque, según su visión, al actuar el juez Saurín “se violó el principio de juez natural”.

Los integrantes de la Sala IV rechazan los tres pedidos de nulidad, pero de todos modos revocan el procesamiento por considerar que los elementos reunidos hasta ahora “no alcanzan el grado probatorio que es necesario en estos momentos, es decir la probabilidad, que es algo más que la mera sospecha.

“No es que se niegue la posibilidad de que el delito se haya cometido -advierten-, ni que se piense que porque alguien es periodista no puede cometer extorsiones; sino que en cada una de las pruebas valoradas se encuentran datos que impiden lograr el estado adecuado para confirmar el procesamiento”.

DUDAS DE LA CÁMARA

Frente a esta situación, los camaristas expresan el “anhelo” de que “se profundice la investigación, en procura del esclarecimiento de las dudas que hasta el momento existen”.

En ese sentido plantean la necesidad de que “se solicite información acerca de las comunicaciones telefónicas que hubieran podido tener los imputados y el denunciante, para verificar si alguna llamada pudo coincidir con la que se hace referencia en la grabación”.

También recomiendan que “se convoque a prestar declaración a todos los empleados policiales que intervinieran en la colocación de los aparatos de grabación, para que aporten datos sobre ello y digan si oyeron la conversación que se grababa; que se llame a quienes actuaron en el procedimiento en que se secuestró el sobre con dinero para que expliquen cómo actuaron, cuándo y dónde se hallaba el sobre…”.

Incluso consideran conveniente que “se establezca el grosor que presentaría un sobre con la cantidad de dinero referida en la causa; que se haga conocer a los imputados las desgrabaciones; que se sometan los registros fonográficos a estudios científicos para determinar su fidelidad y que se hagan estudios de voces para establecer si coinciden con las de los imputados”.

Ahora la causa vuelve al juez Saurín, quien debería llevar adelante todos estos planteos o, de lo contrario, podría dictar la falta de mérito, si considera que no existen elementos suficientes para procesar a los periodistas.